El pasado martes 21 de mayo el Congreso rechazó la propuesta de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo “en todas sus formas”. La oposición a la ley mostró una vez más la debilidad del Gobierno, que no consiguió los votos de sus aliados, pero también la complejidad de un debate social muy enconado.
La ley que presentaba el Partido Socialista (PSOE) era prácticamente igual a la que presentó a trámite en el mes de junio del año 2022. Entonces contó con el apoyo del Partido Popular (PP). Es decir, había mayoría más que suficiente. El adelanto electoral en 2023 llevó a que el Gobierno dejara en un cajón la propuesta y no se decidiera a sacarla hasta esta semana, a pocos días de empezar la campaña por las elecciones europeas. El resultado de la votación (122 votos a favor, 36 abstenciones y 184 votos en contra) ha sido un sonoro portazo. La mayoría de los partidos han acusado al PSOE de electoralismo y de querer colgarse una medalla de cara a las europeas. Pero al margen de la bronca política en España, la votación de la propuesta ha vuelto a dejar claras las diferentes posturas en relación a este tema, especialmente entre los partidos de izquierda.
En el espectro de la derecha, las posturas están más definidas y cercanas. Tanto el PP como Vox comparten el objetivo abolicionista y, de hecho, Vox se abstuvo en la votación del pasado martes, mientras que el PP anunció que presentaría su propia ley para incluir medidas de acompañamiento, inserción y sensibilización para las mujeres que viven en situaciones límite. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) también criticó que la propuesta no contemple más ayudas a las personas que quieren salir de la prostitución. En ese sentido, Joseba Agirretxea, portavoz del PNV, criticó una propuesta que “corta la cuerda y no pone red. Castiga al proxeneta pero abandona a las prostitutas”.
La batalla, en la izquierda y el feminismo
El debate más enconado, como se vio también en la votación del Congreso, se da en el seno de la izquierda y en el del feminismo. Mientras Podemos se abstuvo, Sumar votó en contra. La portavoz de la coalición, Gala Pin, manifestó que la ley presentada era “punitivista, no aborda los problemas estructurales que afectan a las personas que ejercen la prostitución ni garantiza sus derechos”. Además, criticó la propuesta por “dividir al feminismo”.
Efectivamente, hay una parte del feminismo que sostiene la relación directa entre la prostitución y la trata, y que ha lamentado que la ley no salga adelante porque, como resumía Mabel Lozano en El País, el resultado es dejar de lado a las mujeres y desnudarlas de sus derechos.
Otro sector feminista, sin embargo, es partidario de regularizar la prostitución y de dotar de derechos a las trabajadoras sexuales. Quienes defienden esta postura –por ejemplo, la mayoría de asociaciones y sindicatos de prostitutas– sostienen que la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen de forma libre y voluntaria; defienden la libertad de las mujeres sobre sus cuerpos y afirman que una ley como la propuesta –que penaliza al cliente– terminará por dejarlas más desprotegidas al obligarlas, por ejemplo, a ejercer la prostitución, no en locales, sino en pisos particulares o lugares menos seguros. Algunas de estas asociaciones insisten en que las mujeres que ejercen la prostitución no son víctimas sino clase obrera, mientras que otros colectivos, como la plataforma Stop Abolición, sentencian que la iniciativa haría volver a la sociedad a las cavernas.
Falta la educación
La ONG Amnistía Internacional ha defendido la postura regulatoria en un reciente informe y, el mismo día de la votación en el Congreso, bajo el hashtag #CriminalizarMata, proponía siete medidas para mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales, además de alentar a los partidos políticos a contar con las ellas en la redacción de una nueva ley.
Sorprende, sin embargo, que ni en el informe de Amnistía InternacionaI, ni en las propuestas de la mayoría de los que defienden los derechos de las prostitutas, ni tampoco en el proyecto de ley presentado (un texto de tres páginas) se haga ninguna referencia al elefante en la habitación: la demanda de servicios sexuales y la cosificación que supone un trabajo centrado, casi exclusivamente, en el uso del cuerpo de la mujer. Un 90% de las prostitutas son mujeres y se estima que solo un 1% de las mujeres recurren a servicios sexuales.
En ese sentido, aunque la ley castiga al cliente, no hay una propuesta positiva que apueste realmente por terminar con un trabajo que, aunque sea el más antiguo del mundo, es también, en el mejor de los casos –dejando fuera el crimen de la trata–, un ejemplo paradigmático de desigualdad entre los sexos y de instrumentalización de las mujeres.
Aunque quizás este es un tema que no tiene tanto que ver con las leyes, sino con una educación afectiva y sexual propositiva y un clima cultural que respete más la dignidad de hombres y mujeres.
Ana Sánchez de la Nieta
@AnaSanchezNieta