El reciente homicidio, presuntamente a manos de dos adolescentes de 14 y 15 años, de una auxiliar técnico-educativa en Badajoz, ha resucitado en el debate público las interrogantes sobre cuán “desatada” está la violencia juvenil y sobre la posibilidad de rebajar la edad de responsabilidad penal.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2024 revela, con cifras correspondientes a los años 2019-2023, un descenso en el número de expedientes incoados a menores de edad por infracciones como los hurtos (que, aunque con repuntes intermedios, bajaron de 9.541 a 8.252), los robos con fuerza (de 3.739 a 2.503) o los delitos de daños (de 3.364 a 2.884).
En otros más violentos, sin embargo, se abrió causa en 2023 por 101 casos de homicidio y/o asesinato doloso, frente a los 83 de 2019. Asimismo, se registraron 807 casos de violencia “de género” (antes 788) y 2.427 de agresión sexual, que en 2019 fueron 564, si bien la posterior ley del “solo sí es sí” insertaría en ese grupo incidentes antes catalogados como abusos.
En cuanto a la categoría de atentados y de resistencia y desobediencia grave cometidos por menores y categorizados como delitos contra el orden público, se observa un incremento de 1.174 casos en 2019 a 1.658 en 2021, y luego un descenso a 1.323 en 2023, si bien sigue siendo una cifra mayor que la del año inicial.
Según estos datos, la agresividad parece estar yendo a más en algunas áreas en las que se trabaja con adolescentes, por lo que hay reclamos de mayor protección al personal encargado. Tras el incidente de Badajoz, los propios compañeros de profesión de la auxiliar asesinada entregaron al Ministerio del Interior unas 110.000 firmas que amparaban la demanda de mejores condiciones laborales y de seguridad en los centros de menores tutelados por la administración.
“Estoy horrorizada y llena de rabia», apuntaba en el texto la educadora Victoria Salinas, autora de la petición, que describe la falta de medios de seguridad para los adultos que trabajan con estos muchachos –“ni cámaras, ni protocolos claros, ni personal mínimo”–. La joven dice haber atestiguado “una escalada en la violencia en los menores que han entrado en los centros”, incluido el estallido de un motín en el que temió por su vida.
Las circunstancias, al final, han podido más que ella: “Nadie me preguntó. Ese fue el detonante final para dejar un trabajo que era mi vocación. Me expulsó la estructura, no el trabajo. Porque no me protegían ni respaldaban mi trabajo. Y sé que no soy la única. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir así?”.
¿Qué funcionó mal en Badajoz?
El relato que se ha hecho de los sucesos que desembocaron en la muerte de la auxiliar educativa revela un problema fundamental en el procedimiento aplicado.
Los adolescentes bajo supervisión de la joven se encontraban en un piso, en lo que se denomina “grupo de convivencia”, una variante de atención y protección a menores que se encuentran bajo tutela de la administración.
Según explica a Aceprensa el psicólogo Javier Urra, quien fue el primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, este es un modelo en el que están insertados miles de chicos y chicas por toda España, “con sus educadores, con algún psicólogo, con algún trabajador social. Es como una pequeña familia en que la relación es buena, lo cual no quiere decir que no haya dificultades, como mismo las hay en las familias”.
“No se puede poner un guardia jurado en un ámbito de convivencia, como no se puede poner un guardia jurado en un hogar familiar”
Los de Badajoz, sin embargo, se le fugaron a la auxiliar, y hasta que los apresó la Guardia Civil cometieron varios delitos. “¿Qué sucedió ahí? –prosigue el Dr. Urra–. Pues que esos chicos se fueron de carnaval; estuvieron una semana por ahí perdidos y tuvieron unos grandes consumos de droga. Una vez que se drogaron, como entraron en una vorágine de conductas delictivas, ya no podían volver al piso. Ahí está el fallo: en que los devolvieron ahí. Ese sitio está muy bien para lo que es, pero esos chicos entraron en un proceso muy peligroso, y lo que había que hacer era llevarlos a la Fiscalía de guardia, que las hay en toda España, y de ahí, a un centro donde se les privara de libertad el menor tiempo posible, hasta que se les juzgara por las conductas que reportó la Guardia Civil, de roturas, de robos, etc. Había que sacarlos del contexto. El problema fue que se les llevó a un ámbito familiar”.
Añade el experto que ha escuchado varias opiniones, como la que sugiere poner un guardia jurado en esos pisos. “Pero no –refuta–: no se puede poner un guardia jurado en un ámbito de convivencia, como no se puede poner un guardia jurado en un hogar familiar. Yo pondría dos educadoras. O dos por ocho chicos, que parece que es igual a cuatro chicos por una educadora, pero no lo es: la policía va de dos en dos; dos es mucho más que uno y uno. Me parece que eso es importante. Y hay que insistir en que el ámbito educativo no es un ámbito judicial, y por los hechos que habían cometido, tenían que haber sido llevados a un centro de seguridad. Ahí sí hay guardias jurados, medidas coercitivas, etc.”.
Una ojeada al vecindario
En cuanto al incremento de infracciones muy violentas por parte de individuos en pleno proceso de maduración física y mental, España no es una isla en Europa.
En Francia, por ejemplo, aunque se aprecia una disminución de la cifra de menores “implicados en delitos resueltos por la policía o la Gendarmería” (en 2016 se contabilizaban unos 274.000, y en 2024, 228.000), Le Monde recuerda que “el número de adolescentes procesados por asesinato, homicidio, agresión con resultado de muerte o violencia agravada casi se ha duplicado desde 2017, pasando de 1.207 a 2.095 en 2023”.
Añade el diario que, entre 2000 y 2019, el número de menores finalmente condenados por homicidio no solía superar los 30 al año, pero que, de 2019 para acá, ha escalado a entre 30 y 40, con un récord de 42 en 2022.
En otras partes del vecindario europeo las cosas están por el estilo. Datos ofrecidos por la policía checa y recogidos por Radio Prague indican que, entre 2022 y 2023, en la República Checa, aumentaron un 25% los delitos violentos cometidos por menores de 18 años (de 701 a 947 incidentes), y que los homicidios pasaron de 7 a 10. Estadísticas policiales muestran un alza constante de los actos violentos como mínimo desde 2021.
El panorama puede pintar peor cuando de lo que se habla no es de jóvenes impulsivos que cometen una agresión mortal en un espontáneo arranque de ira o impotencia, sino de… menores reclutados por bandas criminales. Según Europol, la práctica de las bandas de reclutar a adolescentes en centros de menores y encargarles asesinatos y extorsiones, aprovechando su no imputabilidad o la posibilidad de una condena menos severa, se ha extendido por varios países. La fuente señala que los grupos utilizan como atractivo, junto al reconocimiento social y la recompensa monetaria, la configuración de la “tarea” como si fuera un reto o un videojuego: “Avanza, ¡retrocede ahora!, escóndete, ¡dispara…!”.
Un reportaje de Reuters desde Suecia habla de la gravedad del fenómeno en ese país, donde entre 2012 y 2022 el número de personas de 15 a 20 años sospechosas de asesinar a alguien –o de intentarlo– con un arma de fuego subió de 10 a 73 casos.
¿Campo de reclutamiento de estos pistoleros? Según el ministro de Justicia, Gunnar Strommer, lo son los hogares estatales para jóvenes. En estos, precisa la agencia británica, la seguridad es bastante laxa y no se ha hecho una separación entre los muchachos que tienen problemas sociales y otros que acumulan infracciones graves. Uno de los casos que juzgaban los tribunales suecos a mediados de 2024 era el de un joven de 15 años que, desde uno de esos hogares, planeó y ordenó tres asesinatos en Estocolmo. “Es un fracaso monumental”, sentenció Strommer sobre el sistema.
Rebajar la edad de responsabilidad penal tiene un problema
Un asesinato cuyas circunstancias –además– se airean en los medios suele suscitar indignación y cierta sensación de inseguridad y alarma social –“si le ha pasado a aquel, me puede pasar a mí: ¡cuidado con los adolescentes!”–, aun cuando los sucesos ocurran en sociedades bastante pacíficas. Según el Índice de Paz Global, que examina la situación de 163 países, Chequia, por ejemplo, donde los menores cometieron los mencionados 10 homicidios, se ubica en el lugar 12 a nivel global, mientras que España se coloca en el 23.
El sistema legal de Inglaterra y Gales establece los diez años como la edad a la que el infractor ya puede rendir cuentas de un delito y se le puede enviar a un centro de seguridad
Curiosamente, como la tónica no es que este tipo de crímenes los cometan chicos en edad escolar, sino adultos, la alarma puede ser incluso mayor en el primer caso. Fabien Jobard, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Derecho e Instituciones Penales, en Francia, lo explica así a Le Monde: “Cuanto más raro se vuelve un fenómeno social, más probable es que las formas de subsistencia del mismo fenómeno susciten una fuerte indignación en la opinión pública. En resumen, la disminución de la inseguridad y el aumento paralelo del sentimiento de inseguridad no son necesariamente contradictorios, sino, por el contrario, bastante lógicos”.
Por supuesto, una de las derivaciones automáticas de la difusión mediática de este tipo de hechos es pedir que se rebaje la edad de responsabilidad penal, de manera que el menor sea juzgado y quede fuera de juego el mayor tiempo posible. En esa cuerda está, en Gran Bretaña, el sistema legal de Inglaterra y Gales, que establece en los diez años la edad a la que el infractor ya puede rendir cuentas de un delito y se le puede enviar a un centro de seguridad.
En España el límite mínimo son los 14 años –los presuntos homicidas de Extremadura tienen 14 y 15–, y algunos querrían bajarlo para que los de esta edad no se beneficiaran del tratamiento diferenciado que establece la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores para los de la franja de 14 a 16 años (II.10).
“Eso (la rebaja de la edad) se ha pedido desde el primer día y es un tema que se puede discutir –dice el Dr. Urra–. No me genera ningún problema, pero si la bajamos a 12, a lo mejor pasado mañana o dentro de seis meses un chaval de 11 años comete un delito, y entonces la gente va a decir: ‘¿Ahora qué hacemos: bajamos la edad a 10?’. Esto es lo que la sociedad tiene que pensar, o sea, ¿judicializamos todo porque somos incapaces de prevenir y educar?”.
Para el cambio radical, trabajar, trabajar
La pregunta del millón es si, tras haber dado muerte a una persona, un menor puede, en su tránsito a la adultez, arrepentirse profundamente del mal causado y cambiar radicalmente…
En el conocido caso del secuestro y asesinato de James Bulger, un niño de dos años, a manos de otros dos de 10, en 1993, uno de los perpetradores logró reinsertarse, mientras que el otro aún sigue entre rejas, tras la comisión de varios delitos luego de obtener la libertad condicional en 2001.
En el de los presuntos homicidas de la auxiliar educativa española, el Dr. Urra cree posible que el árbol torcido termine enderezándose. “[Los chicos] van a estar varios años en un centro de reforma y ahí se les va a hacer un cambio cognitivo, un cambio conductual, un planteamiento de vida distinto, de modo que experimenten un arrepentimiento; un sentimiento de culpabilidad. Se va a intentar, para que el día de mañana salgan, se coloquen laboralmente, encuentren una buena pareja y sean personas de provecho para la sociedad”.
La perspectiva es buena, pero ¿queda avalada por antecedentes sólidos? “Sí, en Max puede ver la entrevista que le hice a un joven que mató a sus padres y a su hermana; es el famoso caso del asesino de la katana. Ese muchacho, entonces de 16 años, vive en Cantabria, está casado y tiene dos hijas. Hoy está perfectamente integrado. También sé dónde están las chicas que mataron a Klara García en San Fernando, Cádiz. Una de ellas tiene dos hijas. La sociedad no sabe quiénes son; nosotros sí lo sabemos, y están bien integradas. Y luego hay personas a las que la sociedad valora mucho y a quienes ve todos los días en televisión: yo sé lo que han hecho de jóvenes; nunca lo diremos. Pero están igualmente integradas; por tanto ¿podemos sacar adelante a la mayoría? Sí. Sin duda, sí”.
Un puñetazo al profesorEn España, el sentimiento de desesperación de los trabajadores de centros de menores recuerda al que, en otro ámbito –el colegio–, experimentan también no pocos profesores, a quienes parte del estudiantado ya no percibe como personas de autoridad, con la fuerza y el respaldo suficientes como para exigir disciplina y el cumplimiento de las tareas. El Informe Anual del Defensor del Profesor, en su edición de 2024, señala que los incidentes más habituales de los que son diana los docentes son las falsas acusaciones y las amenazas. Muy por detrás están las agresiones, cierto, pero están ascenso: entre los cursos 2022-2023 y 2023-2024 subieron de 138 a 157. En los años previos, el porcentaje de estudiantes que agredió a sus profesores también exhibió un incremento. Los que más problemas han tenido con alumnos son los que imparten alguna asignatura en secundaria o en FP. Según explica a El Mundo Teresa Hernández, coordinadora estatal del Defensor del Profesor, suelen ser empujones o puñetazos. “Muchas veces las agresiones están asociadas a problemas de salud mental a los que no se ha puesto remedio”, dice. Cuando los especialistas que deberían detectarlos no lo hacen, los menores llegan sin tratamiento ni esfuerzo de corrección alguno ante los docentes, que no están sobre aviso. “Los profesores se sienten solos –añade Hernández–, con falta de respaldo de la administración y saturados para atender al alumnado con problemas. Hacen falta más recursos. No puede ser que la labor asistencial venga de lo educativo». |
Un comentario
No se habla mucho -más bien nada- de la situación familiar de estos chicos y chicas que han de ser enviados a un centro de reinserción. Quizá lo que ocurre en primer lugar es que no existe nada o muy poco parecido a una familia antes de ese momento. Por tanto es claro que el divorcio o las parejas de hecho juegan un papel importante en la prevención. Es una idea.