La adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, implementada en septiembre de 2021 bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, buscaba posicionar al país como líder en innovación financiera. Sin embargo, casi tres años y medio después, los resultados han sido mixtos, y por presiones del FMI, se ha revertido la medida, aunque no del todo.
La decisión de adoptar el bitcoin sorprendió a muchos y fue vista como un movimiento audaz, que posicionó al pequeño país centroamericano como un pionero ante las otras naciones. Además, puso a El Salvador en el centro de la conversación global sobre criptomonedas y tecnología financiera, atrayendo el interés de inversores y emprendedores del ecosistema cripto. El país reportó un aumento en visitantes internacionales, especialmente de personas interesadas en el bitcoin, como inversionistas y nómadas digitales.
Un “rebranding” para El Salvador
La adopción del bitcoin fue también fue una operación publicitaria para Bukele: consolidó su imagen de presidente innovador y fuera del molde tradicional, lo que fortaleció su popularidad interna y externa.
Sin embargo, desde su inicio, la medida enfrentó desafíos significativos. Uno de los principales problemas fue la obligatoriedad de aceptar bitcoins en prácticamente todas las transacciones del país, lo que generó resistencia entre comerciantes y ciudadanos que no estaban familiarizados con las criptomonedas. Además, la volatilidad del bitcoin en el corto plazo planteó dudas sobre su viabilidad como medio de pago estable. Las fuertes fluctuaciones del valor de la criptomoneda afectaron a la percepción de estabilidad financiera del país, lo que generó recelos en organismos internacionales, e incluso hizo que algunas agencias de riesgo bajaran la calificación de El Salvador.
Solo el 7,5% de la población salvadoreña utiliza bitcoins en sus compras y apenas el 1% de las remesas desde el exterior se realizan mediante criptomonedas
Con el objetivo de minimizar la incertidumbre y tratar de respaldar la adopción del bitcoin, el Gobierno salvadoreño creó un fondo público destinado a garantizar la convertibilidad inmediata entre el bitcoin y el dólar. Asimismo, se anunciaron proyectos ambiciosos, como la construcción de “Bitcoin City”, una ciudad que sería financiada mediante la emisión de “Bonos Bitcoin” y que utilizaría energía geotérmica para la minería de criptomonedas. Estos planes fueron recibidos con escepticismo debido a su complejidad y a la falta de recursos. Tras más de tres años, aún no han sido llevados a cabo.
Resultados y percepción
A pesar de los esfuerzos del Gobierno, la adopción del bitcoin entre la población ha sido limitada. Según datos de la Universidad Francisco Gavidia, solo el 7,5% de la población utiliza bitcoins en sus compras y apenas el 1% de las remesas se realizan mediante criptomonedas. La gran mayoría de los salvadoreños siguen prefiriendo el dólar. De hecho, de los ciudadanos que recibieron activos iniciales en bitcoin, una mayoría los convirtieron a dólares al poco tiempo, lo que refleja una falta de confianza en la criptomoneda.
Los organismos internacionales no recibieron con agrado la adopción del bitcoin. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha visto con escepticismo las decisiones tomadas por el Gobierno de El Salvador desde 2021. Ha alegado diferentes motivos, desde la preocupación por la volatilidad y por el impacto en la estabilidad fiscal (ha habido pérdidas significativas en algunos momentos), hasta el riesgo de exclusión del sistema financiero internacional. Finalmente, en diciembre de 2024, el FMI condicionó un préstamo de 1.400 millones de dólares a la reducción del uso del bitcoin como moneda de curso legal. El gobierno salvadoreño accedió a estas condiciones, y así, el sector privado ya no está obligado a aceptar esta criptomoneda (el público sí).
Muchos –entre ellos, todo el sector criptofinanciero– alegan que el FMI tiene intereses en que El Salvador deje el bitcoin. A pesar de sus argumentos en pro de la estabilidad financiera y de la disminución de riesgos, los críticos dicen que las organizaciones internacionales tienen mucho que perder si otros países siguen el ejemplo de El Salvador. Si realmente se trata de una moneda descentralizada y sin necesidad de regulación, es posible que una institución como el FMI se convierta en superflua.
La presión y la marcha atrás
Ahora ¿qué ocurrirá en El Salvador? En realidad, que el bitcoin deje de ser moneda de curso legal no supone gran cambio. Por una parte, pese a la inicial reticencia, muchos comercios y negocios hicieron la inversión necesaria para acatar la orden de aceptar y utilizar bitcoins, de modo que seguirán haciéndolo. Por otra parte, Bukele ha asegurado que el Gobierno de El Salvador no dejará de comprar bitcoins para sus propias reservas.
Así pues, el experimento no termina, sino que se transforma. Merced al compromiso alcanzado con el FMI, El Salvador podrá mejorar su posición para acceder a financiamiento internacional y aumentar la confianza en el sistema de los escépticos de las criptomonedas.
La experiencia de El Salvador con el bitcoin refleja las complejidades de integrar una criptomoneda volátil en la economía de un país en desarrollo
Bukele insiste en que no es una verdadera marcha atrás: aunque el bitcoin ya no sea de curso legal, el Gobierno ha indicado que continuará promoviendo proyectos tecnológicos y educativos relacionados con las criptomonedas, buscando posicionar a El Salvador como un centro de innovación en la región. Y ha seguido publicando sus adquisiciones en bitcoin, ya que, a ojos de las autoridades, el experimento no ha fracasado sino que ha sido un éxito: El Salvador invirtió inicialmente cerca de 270 millones de dólares en bitcoins, que al día de hoy se valoran en más de 600 millones de dólares.
Un año después de su reelección en febrero de 2024, el presidente Bukele mantiene altos niveles de popularidad, en gran medida debido a sus logros en seguridad e infraestructuras. Sin embargo, la economía sigue siendo una de sus tareas pendientes. Con la decisión de retirar al bitcoin su condición de moneda de curso legal, refleja una estrategia para equilibrar la innovación tecnológica con la estabilidad económica y las relaciones internacionales, lo que podría representar una mejora para la macroeconomía salvadoreña y fomentar la inversión extranjera.
La experiencia de El Salvador con el bitcoin refleja las complejidades de integrar una criptomoneda volátil en la economía de un país en desarrollo. Mientras que la intención de innovar en el ámbito financiero es loable, la implementación práctica ha demostrado ser más difícil de lo anticipado. Habrá que evaluar en los próximos meses el efecto de este giro.