Una calle en la que tiendas y bares tradicionales han tenido que bajar la persiana porque el público de toda la vida se ha esfumado, expulsado por el incremento del delito y del consumo de drogas al aire libre, no es un espectáculo bonito.
Ha ocurrido en ciudades importantes de Oregón, EE.UU., desde que en noviembre de 2020 la población del estado votó a favor de legalizar la posesión y el consumo de drogas (no solo el cannabis: también la cocaína, la heroína, el fentanilo, etc.). La creencia del electorado y de los impulsores políticos de la iniciativa –la denominada Medida 110 (M-110)– era que la despenalización y desestigmatización de estos narcóticos contribuiría a mejorar los índices de seguridad ciudadana y haría decrecer el número de muertes por sobredosis.
Este “haz lo que quieras” fue, sin embargo, la guinda que faltaba en el pastel de anarquía que el estado estaba tragándose forzadamente desde que el asesinato de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, en mayo de ese año, provocara violentas manifestaciones para exigir que se quitara la financiación a las fuerzas del orden. Los asaltos a negocios, los incendios provocados y los tumultos, ante los que los agentes se vieron con las manos atadas por una ley estadual de última hora, dejaron perpleja a una ciudadanía que en noviembre siguiente, en las urnas, no halló mejor cosa que aprobar –con el 58% del voto– la iniciativa de despenalización de facto de las drogas.
Esta regulación entró en vigor en febrero de 2021. En virtud de ella, si la policía paraba en la calle a alguien que portara una pequeña cantidad de alguna droga “dura”, le imponía una multa por valor de 100 dólares. El infractor podía dejar de pagarla si asistía a sesiones con un experto en desintoxicación.
Entre 2020 y 2022, las muertes por sobredosis en Oregón aumentaron un 75%
Pero pocos pagaron, y menos acudieron a ver a experto alguno, por lo que la policía dejó de multar para no perder el tiempo. “La Medida 110 básicamente eximía de penalización el consumo de drogas, con lo que el tráfico y el consumo al aire libre se convirtieron en la norma. Esto frustró a las autoridades locales, incluido el alcalde de Portland, ya que poco se podía hacer”, señala en el Wall Street Journal Kevin Sabet, presidente de la Foundation for Drug Policy Solutions.
Según explica, Oregón tuvo en 2021-2022 la segunda tasa más alta de todos los estados en cuanto a residentes que declaraban haber consumido drogas ilícitas en el mes precedente. Respecto al “pollo del arroz con pollo” –la deseada reducción de muertes por sobredosis que traería teóricamente la despenalización–, Sabet apunta: “Entre 2020 y 2022, las muertes por sobredosis en Oregón aumentaron un 75%, de 797 a 1392, muy superior al incremento del 18% a nivel nacional, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)”.
Por salud pública. Y por economía
Los entusiastas de la M-110 han intentado desligar la aplicación de esa iniciativa del aumento de las muertes. En su opinión, la crisis de sobredosis puede explicarse por la mayor abundancia de fentanilo que de otros narcóticos (es el más letal), la falta de servicios sociales, los efectos persistentes de la pandemia y, fundamentalmente en Portland, la escasez de vivienda disponible, factores todos que empujarían al consumo peligroso.
La pregunta sería por qué, sabida la existencia de estas condiciones catalizadoras, el gobierno del estado no se abstuvo de dar luz verde en su momento a las drogas sin antes intentar atajar las circunstancias que potenciarían su uso indiscriminado.
Pero nunca es tarde para rectificar (a menos que el nombre de uno esté incluido en la lista de los 1.256 muertos en Oregón por sobredosis en 2022, o en la de los 1.683 de 2023). El 6 de marzo, una mayoría bipartidista en la Cámara y en el Senado estaduales aprobó una ley –la 4002– para volver a penalizar incluso la posesión de pequeñas cantidades de fentanilo y cocaína, y la gobernadora demócrata, Tina Kotek, la va firmar.
La esperanza es que la reintroducción de las restricciones convenza a muchas empresas de no marcharse con sus inversiones a otros sitios
Entre los cambios que contempla el texto, está la condena a seis meses de prisión a quien porte esas cantidades, penas eludibles únicamente si la persona entra en terapia de desintoxicación. Además, se facilitará que las personas que estén en tratamiento puedan acceder a una vivienda, sin que su condición de adictas pueda serles un impedimento. Por último, la policía podrá perseguir el consumo en áreas públicas, y tendrá más potestades para poner bajo arresto a los traficantes.
Colateralmente a la influencia que pueda tener la norma en una disminución de las muertes por sobredosis, la esperanza es que la reintroducción de las restricciones, acompañada de una mayor presencia policial y de una moratoria impositiva, convenza a muchas empresas de no marcharse con sus inversiones a otros sitios.
Opuestos a la recriminalización
Entre los que no ven con buenos ojos el golpe de timón están ciertos grupos progresistas de activismo social, como Imagine Black, al que le parece que derogar la M-110 es un retroceso que prioriza la postura de la policía por sobre la de la comunidad negra. Según explica Joy Alise Davis, directora de la ONG, los afroamericanos de Oregón que son perseguidos por posesión de drogas son el doble de los blancos, y la nueva medida únicamente “va a profundizar las disparidades ya existentes”.
También Danita Harris, activista de Imagine Black, comenta a Aceprensa que, desde la implantación de la M-110, miles de habitantes del estado habían evitado la “falsa solución” del ingreso en prisión, y que se estaba dando una salida adecuada a lo que era un problema sanitario. Por eso, el regreso a la penalización no le convence.
“Se debe reconocer que la actuación policial es una solución inadecuada para los problemas sanitarios. Si ese planteamiento hubiera funcionado, EE.UU. sería el país más seguro del mundo” (Danita Harris, activista)
“Los legisladores utilizaron la M-110 como chivo expiatorio de los fracasos de la legislatura –sostiene–, pues durante años permitieron que [la falta de acceso a] la vivienda y la inseguridad económica en general se enconaran, y que no se invirtiera decididamente en soluciones. A la luz de estas condiciones, cualquier expectativa de que una medida electoral que despenalizara las drogas y creara un fondo para ampliar aun más el tratamiento hubiera resuelto todos los problemas sociales en menos de tres años era poco realista. La implementación de la medida se complicó aún más por la negativa de las fuerzas del orden a utilizar el sistema de multas e infracciones creado por la M-110”.
Según explica, “una serie de decisiones políticas han acabado provocando una trágica falta de vivienda y de servicios de apoyo para las comunidades vulnerables de todo el estado”. Por ello, las soluciones a la actual crisis respecto a las drogas “deben alejarse de la excesiva dependencia del sistema penitenciario, y se debe reconocer que la actuación policial es una solución inadecuada para los problemas de salud. Si ese planteamiento hubiera funcionado, Estados Unidos sería el país más seguro del mundo, ya que en él hay más personas encarceladas que en ningún otro”.
En los barrios trabajadores pagan el pato
Puede decirse que, en efecto, las condiciones sociales influyen en el tema del tráfico, el consumo y las muertes por sobredosis. La segregación por barrios según el estatus socioeconómico o la comunidad étnica, la mayor o menor desestructuración familiar que se observa en unos y en otros, y unas deficitarias políticas públicas de cohesión, entre otras circunstancias, puede dificultarles, a quienes viven en las zonas más deprimidas, montarse en el ascensor de la movilidad social y ampliar sus perspectivas de realización personal.
En la vida real, sin embargo, no parece que despenalizar en la superficie el consumo y el tráfico de drogas contribuya a modificar los mencionados problemas de fondo, y muy pocos en Oregón percibieron una mejoría con el laissez faire. Un sondeo publicado en febrero por GS Strategies repitió el mismo resultado que uno de agosto de 2023: el 61% de los consultados consideraba un total fracaso la política de compadrear con las drogas, frente al 26% que pedía que se le diera más tiempo, a ver si funcionaba.
El consumo de cocaína “se ha considerado menos grave, del mismo modo que la delincuencia en los niveles superiores suele considerarse menos grave” (A. Aboutaleb, alcalde de Rotterdam)
La despenalización y la pretendida desestigmatización no redundaron, en fin, en mayores índices de seguridad ni en menos muertes, ni sacaron a nadie de pobre. Quizás, por el contrario, han ayudado a perpetuar la brecha, que es lo que temen en otros sitios donde se pugna por la legalización.
Por ejemplo, en Países Bajos, “pionero” de la legalización del cannabis. El alcalde de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha tomado nota de que se va creando un estado de opinión favorable a la legalización nacional de la venta y el consumo de cocaína. Su homólogo de Ámsterdam es abiertamente partidario. Él no.
Aboutaleb advierte que esa pulsión favorable deriva del hecho de que la cocaína es mayormente consumida por la clase media. Su consumo –dice a The Guardian– suele verse como un modo de socialización, y “se ha considerado menos grave, del mismo modo que la delincuencia en los niveles superiores suele considerarse menos grave”, lo que no quita que termine “arrastrando a la miseria y la corrupción a grupos enteros de jóvenes de los barrios de clase trabajadora”.
Algunos “problemas imprevistos”
La marcha atrás que supone volver a penalizar la posesión y el consumo en público en Oregón es también, en alguna medida, la de otros estados, que han observado y calibrado los efectos de la política de permisividad, y no quieren para sus calles lo que han estado viendo estos años en las de Portland.
En el vecino Washington, por ejemplo, fracasó el intento de someter a consideración de los electores –durante los comicios de noviembre de 2022– una consulta sobre la Iniciativa 1922. Esta proponía financiar con fondos públicos la investigación sobre las consecuencias del consumo de drogas, al tiempo que despenalizaba su posesión y autorizaba la anulación de ciertas condenas relacionadas con esto.
La idea no entusiasmó a muchos. Se necesitaban al menos 324.000 firmas para incluir la propuesta en la boleta, y apenas se colectaron 200.000, visto lo cual, los impulsores de la idea –entre ellos, la progresista American Civil Liberties Union (ACLU)– anunciaron en junio de ese año que engavetaban la idea.
Otros, en cambio, no han tenido que “ver pelar las barbas del vecino” para constatar los problemas. En la demócrata California está ganando apoyos una iniciativa que irá a votación en noviembre, y que amplía el margen para volver a castigar como delitos ciertas acciones que conspiran contra la seguridad y la salud públicas.
La Iniciativa-23-0017A1, denominada “The Homelessness, Drug Addiction and Theft Reduction Act”, busca corregir en alguna medida la Proposition 47, que los californianos aprobaron en 2014. La intención, en ese entonces, era reducir la población penitenciaria al rebajar el rigor de las medidas punitivas contra los robos y contra el tráfico y la posesión de narcóticos.
Los impulsores de la modificación se dicen a favor de la norma de 2014, aunque admiten que provocó “problemas imprevistos en la última década: robos reiterados y a menudo organizados en comercios minoristas, cierre de tiendas en centros urbanos y dificultades para convencer a la gente de que busque tratamiento contra las drogas y de salud mental–, consecuencias que pueden ser corregidas por los votantes en las urnas con modestas enmiendas a la Proposición 47”. Se necesitan 547.000 firmas para incluirla en la boleta, y según CNN, a principios de marzo ya se tenía asegurado el 75%.
En fin, un “¡marcha atrás, chicos, que no salió bien!”. Como no salió bien en Oregón.