El Parlamento canadiense, en Ottawa.
El pasado 9 de marzo, el Partido Liberal del primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó a trámite parlamentario el proyecto de ley C-8, cuyo objetivo es prohibir las denominadas “terapias de conversión” y, con ello, impedir que los padres busquen ayuda profesional si un hijo menor de edad dice experimentar atracción por los de su propio sexo, o manifiesta sentirse del sexo opuesto y querer cambiarse los genitales.
El mencionado texto da inicialmente una definición de los procedimientos que se censurarán: serán aquellos “diseñados para cambiar la orientación sexual de una persona a heterosexual” o enfocados en “reprimir o reducir la atracción no heterosexual”. Cabe añadir –“para mayor certeza”, apunta el documento–, que los tratamientos destinados a favorecer la “transición de género”, o sea, el paso del menor al sexo opuesto, no entran en la definición de “terapia de conversión”. O sea, que el progenitor sí puede solicitar ayuda de un experto… siempre que sea para apoyar la disforia de género (DG) y “convertir” al menor en lo que no es.
Una vez aclarado esto, se introduce una reforma en el Código Penal para castigar con hasta cinco años de cárcel a cualquiera que someta a un menor de 18 años a las mencionadas terapias. Asimismo, aquel que las ofrezca como un servicio o tan siquiera las anuncie, puede acabar dos años entre rejas.
El gran problema de la legislación es, a ojos vista, la interferencia del Estado en la autonomía de los padres, que lo único que pueden hacer ante una situación de DG –en el caso de los menores que crean estar “atrapados” en un sexo diferente al que creen pertenecer–, es dejar que esta siga su curso, sin siquiera atreverse a consultar a un profesional para explorar las causas de la discordancia entre el sexo biológico y el “género sentido”. Solo pueden intervenir para afirmar la voluntad del menor.
La norma pretende que se castigue con hasta cinco años de cárcel a quien intente tratar la disforia de género de un menor para afirmarlo en su sexo biológico
Se dará así el caso de que los progenitores podrán seguir teniendo la última palabra para impedir que sus hijos menores de 18 años beban, o para evitar que quienes no llegan a 16 tomen un volante en sus manos o contraigan matrimonio. Pero si el niño diera la pataleta para vestirse como niña, deberán sencillamente asentir. Sin chistar.
“No puedes hacer nada por tu hijo”
La iniciativa de los liberales, además de ignorar la libertad de los padres para decidir lo que es mejor para sus hijos, pasa por alto la realidad de que la DG es un fenómeno transitorio en la mayor parte de los casos. “Cuando aparece en la niñez prepuberal, la DG se resuelve en la inmensa mayoría de los pacientes en torno a la adolescencia tardía”, señala Michelle Cretella, directora ejecutiva del American College of Pediatricians.
Según explica, el paradigma hoy en boga es que la DG es “innata” y que se debe responder a ella bloqueando las hormonas de la pubertad y, seguidamente, aplicando hormonas del sexo contrario. Sin embargo, “una revisión de la literatura actual sugiere que este protocolo está basado en una ideología de género no científica, ausente de evidencias, y que viola el largamente asentado principio médico de ‘primero, no hacer daño’”.
Porque, en efecto, hay un daño en las terapias encaminadas a afirmar la disforia, toda vez que para cumplir la voluntad “madura” del solicitante, pueden llegar a destruirse de modo irreversible órganos sanos, como los pechos o el aparato reproductivo. Quizás por ello, varios aspirantes al liderazgo del Partido Conservador han sido tan directos sobre la norma en preparación. Si la abogada Leslyn Lewis llama a los liberales a reconsiderar la medida, porque “los gobiernos no aman a los hijos; son los padres quienes los aman”, el diputado Derek Sloan acusa a Trudeau y a sus correligionarios de “convertir en ley el abuso infantil”.
“La propuesta C-8 –afirma– anima al cambio de sexo en menores, porque dice que lo único que puedes hacer por tu hijo es nada, o ponerlo en el sendero de la cirugía de cambio de sexo. Si un hijo necesita consejo y el gobierno impide que los padres se lo den, bajo amenaza de cárcel, eso es abuso. Negar la opción de buscar asesoría, promover operaciones experimentales que cambiarán la vida de menores que quedarán permanentemente estériles, y separar a un padre de su hijo, es abuso infantil”.
No hay consenso médico, pero…
Entre las opiniones contrarias a la polémica ley está la de Brian Giesbrecht, juez retirado y miembro del think tank Frontier Centre for Public Policy, quien ha alertado sobre el perjudicial alcance de la norma para el bienestar familiar.
En The Epoch Times, Giesbrecht realizó en junio un análisis de la propuesta, para concluir sin ambages que es, “probablemente, el ataque más agresivo a los derechos parentales que ha intentado jamás un gobierno federal”.
El exmagistrado, consultado por Aceprensa, calificó al actual gobierno canadiense de “progresista de extremos”, y dijo que este tiene un gran interés en cumplir con las exigencias de la agenda LGTB de Naciones Unidas, “que parece ser de donde obtienen su respaldo más fuerte los derechos trans”.
Sobre las cifras de menores que solicitan una “reasignación de sexo”, que se han disparado en países como Gran Bretaña, Giesbrecht señala que también en Canadá son bastante más altas que en años pasados, “y entre quienes más se observa el incremento es en el grupo denominado de ‘Disforia de Género de Inicio Rápido’, que son principalmente chicas”.
El deseo de los políticos de, con la C-8, atar de manos a los padres ante casos de este tipo se da, paradójicamente, en un contexto en que los propios médicos no se ponen de acuerdo sobre la necesidad de la transición a esas edades. “No hay consenso. Muchos doctores están en total desacuerdo con otros que están impulsando los procedimientos de transición. Sin embargo, el primer grupo no se hace escuchar tanto como el segundo”, lamenta.
El proyecto de ley C-8 es “probablemente, el ataque más agresivo a los derechos parentales que ha intentado jamás un gobierno federal”
¿Podría una prohibición legal de las terapias de conversión ser revocada en los tribunales? “No lo creo –nos dice–. Espero, no obstante, que los casos difíciles que se presenten en las cortes resulten en modificaciones a la prohibición total. Por ejemplo, ahora mismo en los tribunales hay casos en los que uno de los padres, divorciado, no quiere que su hija se someta a un procedimiento de transición, mientras que la otra parte sí está de acuerdo. Casos así arrojarán luz sobre la extrema complejidad que la identidad de género supone para las familias”.
“Creo –concluye– que quitarles a los padres el derecho a considerar todas las opciones en el caso de un hijo con DG es extremadamente absurdo. Como apunta Douglas Murray en su libro The Madness of the Crowds (La masa enfurecida: Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura), el gobierno, al actuar así, pretende saber más de lo que se sabe realmente sobre temas de género. Pero los expertos no están de acuerdo en asuntos como, por ejemplo, cuándo la ‘espera cuidadosa’ es la mejor estrategia, o cuándo debe adoptarse una proyección más agresiva. Los padres deben tener el derecho a considerar todas las opciones. Ellos, y no el gobierno, son en última instancia los responsables de sus hijos”.