A finales de agosto, Alexandre de Moraes, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el bloqueo de la red social X. Unos días después, la antigua Twitter dejó de estar accesible para la gran mayoría de los usuarios brasileños (el cierre no afectaba a proveedores de internet minoritarios). Este episodio, que se inscribe en la creciente tensión entre grandes corporaciones tecnológicas y gobiernos nacionales, plantea una cuestión fundamental: ¿dónde está el límite entre la censura y la protección del orden democrático?
El conflicto comenzó cuando De Moraes ordenó a X, empresa liderada por el multimillonario sudafricano Elon Musk, bloquear seis perfiles supuestamente vinculados con la difusión de “desinformación”. Estos perfiles, según las autoridades judiciales, estaban alineados con sectores de extrema derecha y promovían narrativas falsas sobre el sistema electoral brasileño (por ejemplo, al hablar de fraude en las últimas elecciones) y la legitimidad de las instituciones públicas, con ataques directos a figuras del gobierno.
El juez consideró que estos mensajes ponían en riesgo la cohesión social, especialmente en un país donde la polarización política ha generado situaciones de violencia e inestabilidad.
Como X se negó a nombrar un representante legal en el país que pudiera responder a las acusaciones, y luego de que Musk cerrara y despidiera a sus empleados de las oficinas en Brasil, el STF ordenó la “suspensión inmediata” de la red social. El STF llegó a decir, de acuerdo a su página web, que Musk se encontraba bajo investigación por “presunta comisión de los delitos de obstrucción de la Justicia, organización criminal e incitación al delito”. Además del cierre, el juez impuso una multa económica a X. Para cubrirla, ordenó requisar dinero de las cuentas de Starlink, otra empresa de Musk con operaciones en Brasil.
Las seis cuentas que el Tribunal Supremo ordenó bloquear pertenecen a políticos o “influencers” partidarios de Bolsonaro
Los seis perfiles que el juez ordenó cerrar en primera instancia son los de Nikolas Ferreira, diputado y adepto a la versión del fraude electoral en las últimas elecciones presidenciales ganadas por Lula da Silva; Carla Zambelli, una exdiputada federal y acérrima seguidora del expresidente Jair Bolsonaro; Gustavo Gayer, diputado y de la misma postura de Ferreira; el influencer prófugo Allan dos Santos, partidario de Bolsonaro y que huyó del país en 2020 para evitar ser investigado por difundir desinformación; el youtuber de derechas Bruno Aiub, conocido como Monark, que ha manifestado que Brasil debería reconocer al partido nazi; y el multimillonario brasileño y simpatizante de Bolsonaro Luciano Hang.
Todas esas cuentas, aunque no son accesibles desde Brasil, continúan activas en X: Ferreira suma cuatro millones de seguidores; Zambelli, 2,5 millones; Gayer 1,1 millones; Dos Santos, 400.000; Aiub, 1,4 millones; y Hang, más de 800.000.
La reacción de los usuarios
Brasil ocupa el sexto lugar a nivel mundial en número de usuarios de X, con 21,5 millones, solo por detrás de Estados Unidos, Japón, India, Indonesia y Reino Unido, según la firma Statista.
Ante el cierre de X, muchos usuarios brasileños comenzaron a migrar hacia otras plataformas que les permitieran una interacción igual o parecida. De este modo, se dispararon los usuarios de Bluesky, fundada en 2019 por Jack Dorsey, creador de la antigua Twitter, y, en menor medida, los de Thread.
En concreto, Bluesky registró dos millones de nuevos usuarios en la primera semana tras el cierre de X en Brasil, hasta alcanzar los 8,4 millones (hoy ha superado los 10 millones). De hecho, el portugués se convirtió en el idioma más utilizado en esta plataforma. Incluso el gobierno brasileño comenzó a abrir perfiles en esta red social.
Según De Moraes, la orden de bloquear cuentas busca evitar que se produzca un caos social y que se debilite la democracia
De cualquier modo, todavía existe la posibilidad técnica de acceder a X desde suelo brasileño. Por un lado, se puede utilizar una VPN (red privada virtual). Aunque la primera orden judicial incluía una multa económica diaria a quien se aprovechara de este resquicio, esa parte fue después retirada. Con todo, no está claro cuáles podrían ser las consecuencias legales. Además, mediante una actualización de la app a principios de septiembre, X pasó a emplear los servicios de Cloudflare, una empresa especializada en la seguridad y aceleración de aplicaciones web que enruta el tráfico a través de servidores en el extranjero, con lo que los usuarios pueden sortear el bloqueo sin necesidad de una VPN.
Las razones del juez
De Moraes ha sido firme en su postura de que las plataformas digitales deben asumir responsabilidad por el contenido que permiten en sus espacios. Su argumento es este: la libertad de expresión no es absoluta cuando se convierte en un arma para desestabilizar el Estado de derecho.
En una entrevista, destacó que la desinformación y los discursos de odio no sólo generan divisiones sociales, sino que erosionan la confianza en las instituciones democráticas, lo que en última instancia puede llevar a la violencia. “Mi objetivo no es silenciar voces, sino garantizar que la información que circula en las plataformas no promueva el caos ni el debilitamiento de nuestra democracia”, agregó. De Moraes ha subrayado que la proliferación de noticias falsas sobre el sistema electoral, especialmente en tiempos de elecciones, no puede ser tolerada sin consecuencias.
En ese sentido, el juez también ha invocado principios del Marco Civil de Internet (MCI), que establece la obligación de las plataformas de moderar contenido cuando este amenaza la seguridad pública o la estabilidad del país. Este marco legal, aprobado en 2014, ha sido un punto de referencia en el debate sobre la regulación de las plataformas digitales en Brasil, y otorgó a las autoridades herramientas y canales para combatir el uso indebido de las redes sociales.
El MCI establece un régimen de responsabilidad limitada para los intermediarios. Según él, las plataformas como X quedan exentas de censurar de forma preventiva, pero sí serían responsables por contenido de terceros si, luego de recibir una orden judicial para retirar ese posteo, no lo lleva a cabo en el plazo estipulado. El gobierno brasileño argumenta que la suspensión de X se basa en este contexto.
La respuesta de Elon Musk (con marcha atrás)
Por contra, Elon Musk ha criticado con dureza las decisiones de De Moraes por considerarlas “censura disfrazada de justicia” e “intentos de control gubernamental sobre la libertad de expresión”. En su visión, las redes sociales deben ser espacios donde todas las ideas, incluso las controvertidas, puedan coexistir. Para Musk, los pedidos de bloquear cuentas no solo son una afrenta a los valores democráticos, sino un peligro para la autonomía de las plataformas digitales.
Además, el multimillonario ha sido claro en que no acataría las órdenes del tribunal brasileño si eso significaba entregar información privada de los usuarios o censurar contenido que, en su opinión, no infringía las políticas globales de X.
No obstante, en los últimos días se ha conocido que la compañíoa de Musk parece haber cedido a las principales pretensiones de De Moraes. En concreto, ha nombrado a un representante legal, la abogada Rachel de Oliveira, y se ha comprometido a borrrar las cuentas que ocasionaron el cierre. No obstante, según algunas fuentes, el juez ha solicitado más información sobre la idoneidad de De Oliveira para cumplir con su cargo, por lo que aún no ha levantado el veto a X.
Un debate abierto
El cierre de X en Brasil ha devuelto a la actualidad un debate más amplio sobre los límites de la censura y la regulación en las redes sociales para frenar la propagación de desinformación, especialmente en un contexto donde el sistema democrático está bajo ataque.
El conflicto refleja la tensión entre las plataformas globales que operan bajo un conjunto de valores, en su mayoría centrados en el concepto de libertad de expresión sin barreras, y las realidades locales de países como Brasil, donde el manejo de la información ha tenido un impacto directo en la estabilidad política. Este dilema plantea la preguntan de si es legítimo limitar la libertad de expresión en pos de salvaguardar la democracia, o si, como sugiere Musk, estas acciones no son más que intentos de gobiernos de controlar las narrativas en el espacio digital.
A medida que se intensifica el debate en Brasil, queda claro que la relación entre las plataformas digitales y los gobiernos seguirá siendo un terreno de conflicto, donde la línea entre censura y regulación justa resulta cada vez más difusa.