Acto de protesta contra la “ley trans” el pasado 8 de octubre en Madrid (foto: Amanda)
Si no ocurre un imprevisto, el próximo 22 de diciembre se aprobará en el Congreso de los Diputados español la llamada “ley trans”. Una ley que nace rodeada de polémica y con una fuerte contestación por parte de colectivos sanitarios, grupos feministas y familias de niños con disforia de género. Todos coinciden en sus críticas: como en el caso de la ley del “solo sí es sí”, este proyecto se está tramitando con urgencia y sin hacer caso a los expertos. Aunque en este caso no es que no se les haya hecho caso… es que ni se les ha consultado.
Hace dos semanas, los dos partidos mayoritarios del Gobierno, y principales impulsores de la ley, pactaron rechazar la comparecencia de expertos en la Comisión Parlamentaria de Igualdad, que es donde se debatían las últimas enmiendas a la ley. Esta decisión colmó la paciencia de una gran cantidad de colectivos que llevan meses pidiendo prudencia para no dar luz verde a una ley a medio cocer y que puede tener unos efectos muy nocivos, especialmente en los menores. La asociación Amanda (Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada) manifestaba su incredulidad por la “irresponsabilidad política que supone negarse a escuchar voces expertas de la psiquiatría, la psicología, a endocrinología y la medicina, en general, el ámbito jurídico, docente y social que están mostrando su seria preocupación ante una propuesta legislativa que se aleja de las necesidades reales de la infancia, adolescencia y juventud, que obvia el fenómeno creciente de la disforia de género de inicio rápido y las destransiciones”.
Quien esté siguiendo de cerca la tramitación de la ley trans, puede tener la sensación de asistir a una película de los hermanos Marx, con unos corriendo desaforados con el objetivo de aprobar la ley como sea antes de que acabe el año y otros gritando al viento pidiendo prudencia. La cuestión es que en este segundo grupo cada vez hay más gente. En los últimos días, han emitido comunicados contra la ley trans, entre otros, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Asociación Española de Bioética, la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia (AEPNYA), la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y la Academia Española de Sexología y Medicina sexual.
Es especialmente duro el comunicado de esta última organización. “Las teorías deconstructivas de las realidades biológicas que han dado impulso a esta ley, claramente subjetivas y acientíficas, han ido renombrando la transexualidad como transgenerismo, para acabar reduciéndolo a lo trans, una categoría donde ya no está clara ninguna frontera más allá del deseo individual por la identidad”. El texto añade que “prescindir de una valoración profesional especializada que refuerce las garantías de un proceso personal y legal es una decisión inconveniente y que atenta contra el propio bienestar de las personas trans”.
“Países como Finlandia o Reino Unido han dado marcha atrás desde modelos asistenciales de los niños autoidentificados como trans más invasivos y rápidos, a modelos asistenciales más evaluativos, psicológicos y reflexivos” (AEPNYA)
Por otro lado, diferentes asociaciones jurídicas están mostrando su preocupación por encontrarse, como acaba de ocurrir con la ley del solo sí es sí, con unos efectos indeseados de la ley a corto y largo plazo. También lo señala AEPNYA: “Una ley tan importante (…) debería tramitarse de la forma más reflexiva y colaborativa posible. Y con un análisis de riesgos claro”.
Cambio de sexo sin autorización desde los 14 años
Pero ni los comunicados oficiales de los organismos científicos, ni las dudas públicas o privadas de los juristas, ni los contundentes testimonios de las familias han hecho replantearse ni una tilde de la ley. El último cartucho que, anteayer, trató de gastar el partido socialista –que cuenta entre sus filas con mucha oposición al proyecto– fue una enmienda para limitar la autodeterminación de género en los menores. Proponían que los jueces tuvieran que autorizar los cambios de sexo registral en los menores de 16 años. Pero ni siquiera esta enmienda salió adelante. Solo los menores de 14 años necesitarán la autorización del juez. El resto se queda como está.
O peor… porque en el último momento, lo que sí se aprobó es una enmienda de Junts per Catalunya que prohíbe la concesión de cualquier ayuda o subvención a ninguna persona física ni jurídica que cometa, incite o recomiende la LGTBIfobia, incluyendo la promoción o realización de terapias de conversión. Por debajo del noble deseo de no discriminar ni estigmatizar al colectivo trans, muchas asociaciones feministas y agrupaciones sanitarias han visto en esta enmienda un sonoro portazo a todo lo que sea una sensata discusión sobre la teoría queer o las “bondades” de la terapia afirmativa. En el fondo de esta enmienda –sostienen algunos– late la idea de que todo lo que no sea terapia afirmativa (transición social y quirúrgica, procesos de hormonación, etc.) se considerará terapia de conversión.
En muchos países, con leyes trans avanzadas, se está dando un debate sobre la terapia afirmativa y sobre los propios planteamientos de la teoría queer, después de comprobar las consecuencias en la salud física y mental de los adolescentes. Como explica AEPNYA: “Países como Finlandia o Reino Unido han dado marcha atrás desde modelos asistenciales de los niños autoidentificados como trans más invasivos y rápidos, a modelos asistenciales más evaluativos, psicológicos y reflexivos, vinculados con los servicios de salud mental. De los distintos modelos asistenciales se han generado datos, información muy útil que nos debe servir para no repetir errores y para empezar a recorrer el camino que otros han realizado teniendo en cuenta lo que ahora sabemos y ellos no sabían cuando empezaron”. Con otras palabras: aprender de la experiencia o esa inteligente actitud de “escarmentar en cabeza ajena”.
Pero el Gobierno español no parece tener ninguna intención de entrar en debates ni análisis. Que debatir, analizar, estudiar, escuchar y consensuar llevan tiempo. Y la ley hay que sacarla: aunque sea con prisas y a lo loco. Una estrategia suicida y sin ningún control de riesgos que –como suele ocurrir casi siempre– afectara más a los más débiles: los menores.
Ana Sánchez de la Nieta
@AnaSanchezNieta
Un comentario
El Estado, según el Gobierno actual, cada vez va a salto contra la intimidad familiar y la autoridad de los padres, dando competència al Estado por encima de las familias.
Confunde a la familia con actitudes trasnochadas e intenta proteger a los menores frente a ellas. Este sesgo ideológico acabará comiéndose las libertades. Y sino, al tiempo.