El conflicto interétnico que todavía colea en la República Democrática del Congo fue utilizado como excusa por las milicias rivales, los gobiernos vecinos y empresas internacionales para explotar los ricos yacimientos minerales del país. Un reciente informe de Human Rigths Watch (HRW) analiza este expolio.
El pillaje de los recursos naturales de la región fue una de los motivos principales del conflicto. No en vano, los mayores enfrentamientos tuvieron lugar en Burna, en la región de Ituri, una de los lugares con más oro de África, donde todavía hay luchas entre las etnias hema y lendu. Otros lugares disputados son las zonas fronterizas y la región de Kivu, pese al acuerdo global alcanzado hace dos años.
La ONU ya acusó en 2001 a los responsables políticos y militares de los vecinos Uganda, Ruanda, Burundi y Zimbabue de «explotación sistemática» de la R.D. del Congo, favoreciendo la prolongación del conflicto para enriquecerse ilegalmente (ver Aceprensa 5/03). En el documento de HRW se señala, por ejemplo, que Uganda obtuvo en 2002 cerca de 60 millones de dólares en exportaciones de oro, cuando su producción anual apenas alcanza los 25.000 dólares.
Del mismo modo, los grupos insurgentes aprovechaban la ocupación de las zonas para hacerse con el control de las minas de oro, porque este recurso era fácilmente aplicable a la compra de armas (cfr. Aceprensa 103/03). Como denuncia HRW, para ello sometían a la población a trabajos forzados en las minas, sin ninguna medida de seguridad, con lo que se producían muertes en las excavaciones.
El informe critica con dureza la complicidad que en ocasiones mostraron las empresas extranjeras concesionarias de las minas con los grupos armados. En la mayoría de los casos las milicias amenazaban la seguridad de los trabajadores, con lo que algunas empresas tuvieron que pagar chantajes. HRW detalla también algunas de las violaciones y las matanzas y las ejecuciones sumarias que ocurrieron durante la guerra civil.
A juicio de HRW, la situación conflictiva de la R.D. del Congo ha alentado el establecimiento de una red de contrabando de oro en la que están implicados empresas y gobiernos. Con ello se impide sistemáticamente que sea la propia población congoleña quien se beneficie de sus recursos, ya que se eluden los impuestos.