Desde hace algunos años, medios de comunicación, profesores, psiquiatras y psicólogos infantiles denuncian la nueva figura de los “pequeños tiranos”: ante la falta de criterios educativos y la excesiva permisividad, algunos hijos llegan a convertirse en los déspotas de la casa. En su versión más extrema, el “síndrome del emperador” vendría a poner sobre la mesa un fenómeno preocupante: el aumento de casos de padres que denuncian a sus hijos por malos tratos, amenazas y agresiones.
A atajar estas conductas se han dedicado esfuerzos educativos y psicológicos. Pero María de la Válgoma, profesora titular de Derecho civil en la Universidad Complutense de Madrid y autora con José Antonio Marina de los libros La lucha por la dignidad, La magia de leer y La magia de escribir, cree que es preciso preguntarse también qué ha tenido que ver con este fenómeno la legislación sobre la infancia: queriendo proteger a los niños, “¿no habrá colaborado el Derecho a crear o al menos a consolidar estas situaciones problemáticas?”.
Al igual que existe una pedagogía permisiva, la legislación sobre la infancia de los últimos años se ha olvidado del niño “que tiene que hacerse adulto”. El problema es que el reconocimiento de los derechos infantiles ha producido el declive de la patria potestad, dejando a los padres en una situación de vulnerabilidad jurídica. Así, se llega a la paradójica situación de exigir a los padres que vigilen y controlen a sus “hijos tiranos” mientras se les despoja de los instrumentos para hacerlo.
Dos ejemplos clarísimos de lo que denuncia la autora son: la supresión en 2007 del apartado 3 del artículo 154 del Código civil, que reconocía la facultad de los padres de “corregir moderada y razonablemente a los hijos”; y la tendencia de algunos jueces a aplicar severamente el principio de responsabilidad de los padres por los actos de los hijos menores (cfr. art. 1903,2 Cc).
A María de la Válgoma le parece bien que las leyes concedan más autonomía al menor, pero pide que ésta vaya acompañada de una exigencia de mayor responsabilidad. Por eso elogia varias leyes autonómicas promulgadas en la década del 2000 que han empezado a recordar que niños y adolescentes también tienen deberes, así como la labor de algunos jueces –como Emilio Calatayud, autor del prólogo– que exigen a los menores culpables de faltas prestar servicios comunitarios antes que trasladar la responsabilidad a sus padres.
Padres sin derechos, hijos sin deberes es un diagnóstico interesante que queda deslucido, sin embargo, por la idea de familia –así como de padre y madre– que recorre el libro. Es difícil encontrar una salida al laberinto jurídico de la regulación del menor, como quiere la autora, y a la vez admitir en pie de igualdad todos los modelos de convivencia sin valorar si la estructura familiar favorece o dificulta la educación de los hijos. La propia autora recoge varios pleitos sobre el reconocimiento legal de los hijos de parejas lesbianas y de gays, donde los niños en disputa pueden acabar teniendo “cuatro, cinco o seis potenciales padres”. Ante estas situaciones de culebrón, resulta ilusorio confiar en que el difuso principio del “superior interés del menor” vaya a servir para sacar algo en claro.