La protección efectiva de los derechos humanos exige que se puedan castigar las transgresiones, por medio, si es preciso, de instancias superiores a las leyes y los poderes nacionales. Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dirime los casos contenciosos entre particulares y los Estados miembros del Consejo de Europa. Pero la universalidad de los derechos humanos pide una autoridad judicial del mismo rango. Esto resulta evidente cuando se trata de casos como la guerra en la ex Yugoslavia o el genocidio de Ruanda, que no se pueden confiar a tribunales nacionales.