Mientras diferentes países y líderes globales siguen aumentando la presión hacia el régimen de Maduro para revelar las actas de votación y reconocer la victoria de Edmundo González, el gobierno de Colombia, uno de los más afectados por la inestabilidad política en Venezuela, sigue guardando silencio y jugando un extraño papel de mediador. ¿Cuáles son las razones del gobierno Petro para esta posición de indiferencia y aparente complicidad con el régimen venezolano?
Colombia es uno de los países que más tiene por ganar ante una eventual transición democrática en Venezuela y, por ende, uno de los territorios del mundo que más se vería afectado ante la consolidación de la dictadura. Para entender esta situación, es necesario mirar las relaciones entre ambos países en contexto.
Venezuela comparte con Colombia una frontera de más de 2,000 kilómetros y, en algunos momentos, fue su principal socio comercial. Además de estas buenas relaciones, Venezuela fue receptor de colombianos durante los años más duros de crisis económica y violencia en Colombia. Tiempo después sucedería al revés: en el peor momento de la desaceleración económica en Venezuela, con el cierre de empresas y las consiguientes pérdidas de empleo, sumadas a la represión y la violencia ejercidas por el régimen de ese país, Colombia se convertiría en el principal país receptor de migrantes venezolanos del mundo.
Sin democracia, ruina económica y humana
Cuando Venezuela ha prosperado, Colombia ha sentido los beneficios, y viceversa. Ahora bien, la única manera en que Venezuela progrese en la actualidad, y lo haga de manera sostenida, será el retorno de la democracia (que más que un sistema político, es la garantía de estabilidad de las reglas del juego) para que la inversión aterrice, se asiente y florezca. Mientras el régimen persista, solo habrá chispazos de bienestar y desarrollo económico en lugares concentrados de Caracas y de otras ciudades principales. De nada servirá un oasis de riqueza, rodeado de cinturones de miseria. Ese es el caso en la Venezuela actual. El retorno a la democracia reestablecería el comercio bilateral, crearía empleos y generaría valor para la sanación de un país del cual gobernantes corruptos han abusado hasta el extremo, destruyendo capacidades y espantando a sus mejores ciudadanos.
Precisamente en esto último se cifra buena parte de la tragedia creada por la dictadura. ACNUR estima que hay siete millones de venezolanos dispersos por el mundo y que Colombia es el principal país receptor, seguido de Perú, Estados Unidos y España. Además del escandaloso número de personas que han tenido que abandonar su tierra debido a las condiciones de pobreza e inseguridad generadas por el régimen, no se ha cuantificado el talento perdido, las generaciones de venezolanos altamente preparados que no volverán, incluso si retorna la democracia. Según datos de la Encuesta nacional sobre condiciones de vida en Venezuela (2023), “los flujos de migrantes venezolanos que dejaron el país entre el periodo 2012-2017 se caracterizaron por su alto perfil educativo. Casi la mitad de los hombres había alcanzado la educación universitaria, al igual que una de cada tres mujeres”.
Tampoco se ha estudiado con detenimiento el beneficio que la migración venezolana ha generado en las diferentes economías del mundo, y cuál sería el impacto sobre la economía de los países receptores en caso de un retorno masivo de los migrantes a su país de origen.
Mientras no es claro cuántos venezolanos podrían regresar a Venezuela ante la transición a la democracia, sí hay cálculos por parte de ACNUR y otros expertos sobre lo que causaría la consolidación de la dictadura. Dany Bahar, economista venezolano de la Universidad de Brown y Brookings Institution, ha alertado, basado en una encuesta de la firma Meganálisis de mayo del presente año, que un 40% de los venezolanos residentes en el país considerarían migrar en caso de que Maduro se declare ganador de las elecciones. Esto podría significar la salida de 10 millones de personas, adicionales a las más de 7 millones que ya están dispersas por el mundo. En sus palabras: “sería la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial”. Si bien Maduro ya se declaró vencedor en las elecciones, la presión internacional ha sido tan contundentes que aún existe una luz de esperanza frente a su salida del poder. Adicionalmente, el impresionante liderazgo ejercido por María Corina Machado ha logrado detener, al menos temporalmente, el desmoronamiento de la esperanza de los venezolanos. El asunto aún no está resuelto.
El papel de los gobiernos “amigos”
Los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Uruguay han reconocido el triunfo de la oposición. Por otro lado, está el grupo de los tres amigos; México, Colombia y Brasil, quienes dicen estar buscando una negociación con Maduro, aparentemente.
La pregunta es hasta cuándo puede durar la intermediación de estos países y si en realidad lo que se busca es una salida serena de Maduro y sus secuaces o, por el contrario, hay una intención de brindarle tiempo y oxígeno al régimen socialista hasta que, por inercia y cansancio de quienes protestan en las calles, la sociedad se resigne a la perpetuación de la dictadura. La mediación de estos gobiernos debe tener un límite, y si definitivamente no hay posibilidad de lograr una transición, México, Colombia y Brasil deberían asumir una postura democrática y alejarse del régimen.
En concreto, la voz del presidente Petro en representación de Colombia puede tener un peso insospechado sobre Maduro. Hasta ahora, este se ha sentido respaldado por el gobierno colombiano; de ahí, en parte, su comodidad. Vale la pena que los colombianos entiendan, al pensar en el futuro común, cómo de ninguna manera la paz, la estabilidad o la economía de nuestro país pueden estar mediadas por una dictadura. Es necesario recordar que primero Chávez y luego Maduro fueron mediadores del proceso de paz entre el Estado colombiano y las FARC, y ahora, como ahora el régimen venezolano lo es del proceso de paz total entre el gobierno de Petro y el ELN –otra guerrilla colombiana–.
Un gobernante, además de pensar en el futuro de su país, debe defender los principios de una nación. Esperemos que el juicio de la historia no deje al gobierno colombiano del lado equivocado, como cómplice y validador de una dictadura que no ha caído porque aún unos pocos la sostienen, pero cuyo futuro inexorable, como el de todos los autócratas, es el desplome.