El pasado 2 de junio los ciudadanos mexicanos votaron abrumadoramente por el segundo gobierno presidencial de izquierda (2024 a 2030), apostando con ello por la continuidad a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018 a 2024). Las razones de este voto aceptan muchas lecturas y han sido profusamente analizadas por tirios y troyanos, pero si ponemos el foco en las reformas legislativas y los cambios en la política laboral, encontraremos entonces muchos matices.
Al inicio del periodo presidencial de López Obrador, el salario mínimo en Estados Unidos era un 800% más alto que el de México, es decir, que en un día, un trabajador mexicano ingresaba lo mismo que uno estadounidense en una hora. Por otra parte, México tenía una estructura de tercerización laboral (conocida con el anglicismo de outsourcing) cuyos abusos permitieron evadir impuestos laborales y no pagar utilidades (una prestación, polémica en México, que obliga al empleador a repartir el 10% de la renta con los trabajadores), y en el tema sindical, las huelgas eran más una forma de extorsión y de nulificación de prerrogativas colectivas que un derecho legítimo de los trabajadores, quienes eran, en no pocas ocasiones, los últimos en enterarse de la existencia de un sindicato (el modelo era conocido como “sindicatos blancos” o “contratos de protección”).
Estas tres realidades cambiaron de manera relevante durante el sexenio del presidente López Obrador; sin embargo, las reformas no han sido suficientes para mejorar de forma sustancial las condiciones de la clase trabajadora mexicana. La diferencia entre el salario mínimo en México y en Estados Unidos es hoy del 600%, la desaparición del outsourcing incrementó marginalmente el salario de los trabajadores, y la tasa de afiliación sindical tampoco ha sufrido ningún incremento notable. Es decir: aunque los ajustes son plausibles, aún son insuficientes para remediar las desigualdades laborales que se generaron por décadas, en particular desde la entrada de México al Tratado de Libre Comercio (hoy t-MEC) con Canadá y EE.UU. Así, no son pocos los que explican que el presidente saliente tiene una gran capacidad para diagnosticar los problemas, pero los tratamientos suelen ser equivocados o parciales.
La primera presidenta en la historia de México, Claudia Sheinbaum, tiene ante sí una oportunidad histórica, especialmente en términos de concentración de poder, para ejecutar reformas legislativas con una mayoría incondicional en el Congreso, que le permite incluso, modificar la Constitución mexicana sin la oposición. En su ideario denominado “100 pasos para la transformación” ha establecido como prioridad un incremento del salario mínimo a tasas reales de dos dígitos por año, legislación para los trabajadores de plataformas digitales y mejorar sistema de pensiones. Son tres temas que sin duda, aún tienen espacio para optimizarse en una clase trabajadora donde el grueso de los 60 millones de empleados se encuentran en la informalidad y la pobreza laborales, todo ello no obstante los esfuerzos que su mentor y antecesor ensalza como cambios históricos en la política laboral de los últimos años.
