Brasil cerró 2024 con avances significativos en la lucha contra la pobreza y consolidó su posición como la novena economía más grande del mundo. Sin embargo, la reciente fuga de dólares, la devaluación de la moneda (el real brasileño) y las dudas sobre las políticas fiscales del presidente Lula da Silva arrojan incertidumbre sobre el futuro económico del país.
Brasil está barato. Frase repetida por los turistas que por estos días colman las playas brasileñas durante este verano austral. Esta dinámica la ha provocado la reciente devaluación del real frente al dólar, generando un atractivo para todos esos argentinos, uruguayos, paraguayos o chilenos que decidieron aprovechar sus días de vacaciones en el gigante sudamericano.
La novena economía más grande del mundo cerró 2024 ante una paradoja: por un lado, avances significativos en la lucha contra la pobreza y un crecimiento económico que sigue posicionando al país como una potencia regional; por el otro, tensiones fiscales, incertidumbre cambiaria y desigualdades persistentes que amenazan con revertir los logros alcanzados.
En un contexto global marcado por la inflación y los retos postpandemia, los resultados de Brasil son un testimonio del impacto de políticas sociales y económicas enfocadas en los sectores más vulnerables. Sin embargo, también reflejan las limitaciones estructurales de un modelo que, aunque ambicioso, exige una reforma fiscal y enfrenta la desconfianza de los mercados.
La pobreza en el mínimo
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la pobreza alcanzó en 2023 los niveles más bajos desde que se iniciaron las mediciones comparables en 2012. La proporción de personas viviendo bajo la línea de pobreza cayó al 27,4%, mientras que la pobreza extrema se redujo al 4,4%. Estos logros superan incluso los registros de 2014, un año considerado como el “pico” de las políticas sociales del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que transita en su segundo año de este nuevo mandato.
Los avances responden a varios factores clave. Primero, una reactivación del mercado laboral que incrementó el ingreso promedio real en un 8,3%. Segundo, el fortalecimiento del programa de ayudas públicas condicionadas Bolsa Família, que durante 2023 y 2024 recuperó su centralidad como herramienta de distribución directa de recursos. En tercer lugar, el aumento del salario mínimo y la aprobación de medidas fiscales dirigidas a reducir la desigualdad.
La región norte se destacó como la principal beneficiada, con una caída del 45,1% en la pobreza extrema y un crecimiento del 11,34% en los ingresos reales de los hogares. En contraste, el sureste, aunque muestra mejores indicadores promedio, logró una reducción más modesta. Las mujeres negras, históricamente entre las más vulnerables, también vieron mejoras notables, con una disminución del 45,2% en la pobreza extrema en los últimos dos años.
La fuga de capitales, la devaluación de la moneda y el déficit fiscal ponen en peligro el fuerte crecimiento de la economía brasileña en los dos últimos años
Pero no todo son avances uniformes. Las desigualdades regionales siguen marcando el ritmo del desarrollo en Brasil. Mientras estados como Maranhão y Piauí aún registran tasas de pobreza extrema superiores al 20%, otros como Santa Catarina tienen menos del 2%. Este contraste refleja un viejo desafío: cómo armonizar el desarrollo en un país de dimensiones continentales. La corrupción o la seguridad pública son algunos de los otros retos del país.
Impacto económico y fiscal: un crecimiento con tensiones
El crecimiento económico de Brasil –que expandió de forma inesperada su PIB un 2,9% en 2023– se proyectó en 2024 al 2,2%, por encima de las previsiones iniciales; se trata de una cifra que, aunque recatada en comparación con los gigantes asiáticos, coloca al país por encima del promedio latinoamericano. El agronegocio, con exportaciones récord de soja y carne, continúa siendo un pilar de la economía, mientras que la industria y los servicios muestran signos de recuperación tras las caídas de los años previos.
Sin embargo, estas cifras se ven ensombrecidas por una creciente fuga de capitales. En 2024, el país registró la mayor salida de dólares desde 2008, con un flujo cambiario negativo de 15.900 millones de dólares y con una fuga de 84.300 millones dólares en el ámbito financiero.
Esto, combinado con una depreciación del real del 27% –la mayor desde 2020 (29%)–, elevó las alarmas entre los inversores internacionales. La calificadora Fitch revisó la perspectiva de Brasil de “estable” a “negativa” en noviembre de 2024, citando preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal.
El presidente Lula enfrenta un dilema político y económico. Por un lado, su base electoral demanda una ampliación del gasto social para consolidar los avances. Por otro, los mercados exigen austeridad y reformas estructurales para reducir un déficit fiscal que ya alcanza el 9,5% del PIB. En respuesta, el gobierno ha prometido un “ancla fiscal” que limite el crecimiento del gasto público al aumento de los ingresos. No obstante, los analistas señalan que, sin reformas profundas en el sistema tributario y en la estructura del gasto, estas medidas serán insuficientes.
En concreto, la reforma fiscal impulsada por el gobierno ha sido uno de los temas más debatidos en la agenda económica. Diseñada para simplificar un sistema tributario notoriamente complejo, busca consolidar múltiples impuestos sobre bienes y servicios en un único Impuesto al Valor Agregado (IVA). Según el Ministerio de Hacienda, esta medida podría incrementar la competitividad de las empresas brasileñas y reducir los costos administrativos.
No obstante, la reforma enfrenta resistencias en el Congreso, especialmente de parlamentarios que representan a estados dependientes de los incentivos fiscales. En una entrevista reciente, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó: “Esta reforma no es sólo una cuestión técnica, sino también política. Requiere un consenso nacional para modernizar nuestra economía”. El sector privado también ha expresado preocupaciones sobre el impacto de la transición en sus operaciones, particularmente para las pequeñas y medianas empresas.
El efecto en las regiones fronterizas y los países vecinos
La devaluación del real ha tenido efectos mixtos en las regiones fronterizas de Brasil y sus vecinos. En ciudades como Rivera (Uruguay) y Ciudad del Este (Paraguay), el turismo de compras ha experimentado un auge, impulsado por la diferencia cambiaria. Sin embargo, los comerciantes locales enfrentan dificultades para competir con los precios brasileños.
Para Uruguay, principal socio comercial de Brasil en el Mercosur, la volatilidad económica del gigante del norte genera incertidumbre. Exportaciones clave como la carne y el arroz enfrentan retos competitivos, mientras que el turismo también se ve afectado por la menor capacidad de consumo de los brasileños.
Por su parte, Argentina, que aún transita en una crisis económica –aunque con signos de recuperación–, ha intensificado su dependencia de Brasil como destino de exportaciones industriales.
La política monetaria: ¿freno o motor para el crecimiento?
El Banco Central de Brasil, bajo la presidencia de Roberto Campos Neto, ha mantenido una política monetaria restrictiva, con una tasa de interés Selic (tipo de interés básico de la economía brasileña) que comenzó el año en el 13,75%. Aunque en los últimos meses se han registrado recortes graduales, la tasa aún se sitúa en niveles altos en comparación con otros mercados emergentes. Si bien esta política ha sido efectiva para controlar la inflación, que cerró 2023 en un 4,2%, también ha generado críticas desde sectores empresariales y del propio gobierno.
“La estabilidad macroeconómica es un prerrequisito para el crecimiento sostenible” (Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil)
El presidente Lula ha señalado en varias ocasiones que las altas tasas de interés representan un obstáculo para la inversión y el consumo. Pese a esto, Campos Neto ha defendido su enfoque, argumentando que “la estabilidad macroeconómica es un prerrequisito para el crecimiento sostenible”. La relación entre el Ejecutivo y el Banco Central sigue siendo tensa, aunque recientemente se ha observado un tono más conciliador.
Inversión extranjera y comercio exterior
A su vez, Brasil ha logrado atraer un flujo constante de inversión extranjera directa (IED), que alcanzó los 85.000 millones de dólares en 2023, impulsada por proyectos en energías renovables, infraestructura y tecnología. Empresas internacionales como Shell y Tesla han anunciado planes para expandir sus operaciones en el país, subrayando el atractivo de Brasil como destino para la inversión.
En el ámbito del comercio exterior, China sigue siendo el principal socio comercial de Brasil: representa más del 30% de las exportaciones totales. Sin embargo, el gobierno de Lula ha buscado diversificar los mercados, fortaleciendo relaciones con la Unión Europea y explorando oportunidades en África y Oriente Medio. El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, aunque aún pendiente de ratificación, podría abrir nuevas puertas para los exportadores brasileños.
El costo de la desigualdad: logros y retos pendientes
A pesar de los avances en la lucha contra la pobreza, Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, se mantiene en el 0,53, una cifra que, aunque mejor que la de años anteriores, aún está lejos de los niveles de países desarrollados.
La inseguridad alimentaria también persiste. Según el informe del Observatorio Brasileño de las Desigualdades, el 21% de la población sufre algún grado de inseguridad alimentaria, una situación agravada por el aumento en los precios de los alimentos en 2024. Esto plantea preguntas sobre la sostenibilidad de los programas sociales si el contexto fiscal sigue deteriorándose.
Otro desafío importante es la educación. Aunque la tasa de analfabetismo ha caído al 5,4%, las brechas regionales son profundas. En estados como Alagoas, la cifra supera el 15%, mientras que en Santa Catarina es inferior al 2%. Estas desigualdades impactan directamente en las oportunidades laborales y perpetúan el ciclo de pobreza.
El gobierno de Lula ha dejado claro que su prioridad es consolidar los avances sociales logrados. En su discurso de fin de año, el presidente destacó: “No se trata solo de crecer, sino de crecer con equidad”.
Sin embargo, los retos estructurales del país demandan más que voluntad política. Reformas profundas en el sistema tributario, inversiones en infraestructura y una mayor integración regional representan, según analistas, pasos imprescindibles para garantizar la sostenibilidad del desarrollo. Todos saben que el destino de Brasil no sólo afectará a sus 203 millones de habitantes, sino también a toda América Latina.