Marque como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) la mejor manera de medir la equidad o inequidad de un sistema educativo es comprobar el peso que tiene el perfil socioeconómico-cultural (ESEC) de los alumnos en sus notas; b) este peso es claramente mayor en España que en la media de la OCDE; c) una parte importante de la inequidad tiene que ver con la segregación de estudiantes “ricos” y “pobres” en distintas escuelas; d) la principal culpable de esta segregación es la red concertada, sobre todo por las cuotas que cobra a las familias; e) estas cuotas suponen una ventaja respecto de los centros públicos en cuanto a la capacidad de financiación.
Es probable que, si usted hace caso a los titulares de algunos medios de comunicación, responda que todas las afirmaciones anteriores son verdaderas. Pues bien: no. De hecho, salvo la primera (que es, por otra parte, matizable), todas las demás son más bien falsas, y su falsedad aumenta según se avanza en la cadena.
Sin embargo, un informe reciente elaborado por EsadeEcpol (un think tank dedicado a políticas económicas que forma parte de la escuela de negocios Esade) ha sido leído por los principales medios de comunicación como una confirmación de todas las afirmaciones a partir de la tercera (letra c) –y como un ataque injustificado por todas las patronales del sector–. Es cierto que, días después de la publicación del estudio, y ante el revuelo causado, los autores matizaron algunas expresiones, y desautorizaron algunas interpretaciones. En concreto, al referirse en la introducción a las “cuotas” pagadas por las familias en los centros concertados, se dejó de decir que era una práctica “ilegal en teoría, pero habitual en la práctica”, y se sustituyó por “voluntaria en teoría, pero habitual en la práctica”.
Al eliminar lo de “ilegal”, los autores parecen reconocer un error indiscutible: que un centro concertado cobre cuotas no es ilegal. Sin embargo, el “pero” de la frase sustituta revela que, para ellos, existe una contradicción entre que estos pagos sean voluntarios y que sean frecuentes; como dando a entender que no deben de ser tan voluntarios si las familias los abonan. Así pues, la rectificación no desmiente del todo la afirmación que causó el enfado de las patronales, aunque quite la palabra más directamente falsa. Por otro lado, permanecen en el texto otras aseveraciones igual de insidiosas, como que “una parte” de los centros concertados (luego se concreta que es el 15% del total, aproximadamente) cobran cuotas “para asegurar barreras de entrada en el acceso”; es decir, para impedir que puedan acceder familias de baja renta, lo que supone una acusación bastante grave.
Con todo, la cuestión de por qué pagan las cuotas las familias o por qué las cobran las escuelas no es la única en la que el informe yerra el tiro. Por eso, conviene aclarar todo el embrollo que rodea a la enseñanza concertada y su supuesto efecto segregador.
Y como estamos hablando de educación, emplearemos un método muy pedagógico: preguntas y respuestas
1. ¿Cómo se puede medir la equidad de un sistema educativo?
Para saber si la educación de un país es equitativa no hay que fijarse tanto en la varianza de resultados (es decir, cuál es la diferencia entre las mejores y las peores notas) como en el peso que tienen sobre ella los condicionantes de origen de los estudiantes, ya sean de tipo cultural –por ejemplo, el nivel de estudios de los padres o el número de libros en el hogar–, económico –renta familiar– o étnico –tiempo de residencia en el país, conocimiento del idioma de instrucción–. Un sistema educativo en el que las desventajas de origen suponen una losa para el desempeño de los alumnos “suspende” en equidad.
Es cierto que esta medición no es perfecta (se suelen seleccionar solo unos cuantos baremos para estimar el ESEC), y que se podrían buscar otros indicadores, como por ejemplo el porcentaje de alumnos que, viniendo de entornos desaventajados obtienen buenos resultados; con todo, es la fórmula más usada en la literatura científica.
2. ¿Es la escuela española especialmente inequitativa?
Según la última edición de PISA, el ESEC del alumno en España explica el 14,2% de la varianza de notas en matemáticas, un poco menos que en el conjunto de la OCDE (15,5%); es decir, la escuela española es algo más equitativa que la media. De su entorno cercano, la superan Italia y Grecia, y sobre todo Reino Unido y los países nórdicos; pero Francia, Portugal, y prácticamente toda Centroeuropa aparecen claramente por detrás.
La segregación de estudiantes de bajos ingresos o de malas notas en “escuelas gueto” no es muy frecuente en España, ni afecta especialmente a la equidad
Esto es así porque, a pesar de que la población estudiantil española es una de las más heterogéneas de Europa en cuanto al ESEC (la diferencia de renta entre ricos y pobres es bastante mayor que en otros países), la distancia entre las mejores y peores notas es más bien pequeña. Ciertamente, otros estudios (en concreto, varias ediciones del PIRLS, un examen de la competencia lectora en primaria) arrojaban datos algo más negativos.
En cualquier caso, podemos contestar a la segunda pregunta diciendo que la escuela española no es especialmente inequitativa; si acaso, al revés.
3. ¿La culpa de la inequidad la tiene la segregación en escuelas de ricos y escuelas de pobres?
Por contestar rápidamente: no. No al menos en España.
En primer lugar, hay que decir que, según datos del último PISA, España es uno de los países europeos donde la concentración de alumnos de renta baja en “centros gueto” es menor.
Por otro lado, esta concentración no tiene un efecto significativo en las notas. En un excelente estudio publicado el año pasado, Julio Carabaña señalaba –basándose una vez más en los datos de PISA– cómo apenas un 2% de la varianza de resultados entre los estudiantes españoles se explica por la segregación socioeconómica en “coles de ricos” y “coles de pobres”, uno de los valores más bajos de Europa.
Otros análisis señalan que, más que la segregación socioeconómica, importa la académica: la concentración de “cerebritos” en unas escuelas y de “suspensos” en otras. Sin embargo, la incidencia de este fenómeno en España es también de las más bajas del continente.
Por tanto, aunque aún existe margen de mejora, no parece que la segregación social ni académica sean grandes problemas de la educación española.
4. ¿Es la escuela concertada la gran culpable de la segregación social en las aulas?
Según el análisis de Carabaña y otros estudios, menos de un cuarto de la segregación social se debe a la existencia de distintas redes de colegios: públicos, concertados y privados. Dicho de otra forma, tres cuartas partes de la segregación social se da intra-redes y no inter-redes.
Por otra parte, el hecho de que el perfil ESEC sea más bajo en las escuelas públicas se debe a varios factores, no solo a la existencia de la concertada. Entre ellos, la segregación residencial (barrios de ricos y de pobres) y la selección que producen los costes de la enseñanza privada no concertada.
Que ciertas becas (comedor y transporte) estén reservadas para los alumnos de centros públicos dificulta que las familias de bajos ingresos opten por los concertados
En este sentido, llama la atención el silencio del informe de EsadeEcpol sobre el impacto de los centros no concertados en la segregación social. Si esta segregación es el problema sobre el que se pone el foco, sería lógico, por mucho que el informe se centre en el papel de la red concertada, que al menos se mencionase la hipótesis –más que plausible– de que son aquellos los que más contribuyen a ella.
Otro silencio elocuente tiene que ver con la imposibilidad, para los alumnos de centros concertados, de obtener becas para el comedor o el transporte escolar. Esto provoca que las familias que las necesitarían –por bajos ingresos, por vivir en una zona con menor densidad de comunicaciones, o por ambos motivos– queden excluidos de la enseñanza concertada, y por tanto aumente la segregación por redes.
Igualmente se suele acusar a los centros concertados de matricular un porcentaje menor al que les correspondería de alumnos de origen extranjero, con necesidades educativas especiales (ACNEE) y de entornos rurales. En cuanto a lo último, se explica en buena medida por una cuestión demográfica: dada la actual tasa de natalidad, en las poblaciones de menos de 10.000 habitantes suele bastar con un colegio para escolarizar a todos los niños. Por lógica, este ha de ser público, porque de otra manera se estaría obligando en la práctica a esas familias a matricular a su hijo en un centro con un ideario particular –y muchas veces, con una identidad religiosa– que no tienen por qué compartir.
En cuanto a los alumnos de origen extranjero, el porcentaje escolarizado en la concertada (15%) es ciertamente menor de lo que le correspondería por el total de alumnos en esta red (25%), al contrario de lo que ocurre en la pública. Sin embargo, el hecho de que no puedan existir centros concertados en poblaciones pequeñas, y el de que solo los alumnos de los públicos puedan acceder a ciertas becas hace que la comparación esté sesgada de inicio.
Por último, lo de que la concertada escurre el bulto en el caso de los ACNEE es, simplemente, falso. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Educación, apenas hay diferencia entre la presencia de estos alumnos en las redes pública y privada: 3,3% y 3,1% respectivamente. En cambio, en los no concertados la tasa sí es claramente inferior (0,7%); pero, una vez más, el informe no comenta nada de esto.
5. ¿Son justas las “cuotas” que cobran las escuelas concertadas?
Esta es, en teoría, la pregunta que pretende contestar el informe. Sin embargo, para hacerlo, los autores parten de unas premisas que incluyen importantes errores y ambigüedades, y que omiten algunos datos importantes.
Para empezar, el estudio no perfila bien el mismo concepto de cuota, pues se amalgama en él una serie de gastos dispares: el pago por las actividades complementarias (que están subvencionadas en los centros públicos) y extraescolares, el sobrecoste del comedor respecto a la tarifa de la red pública (cuyo servicio, hay que recordarlo, también está indirectamente subvencionado a través de las becas a las que no pueden acceder las familias de los concertados), las aportaciones voluntarias, o lo que pagan los padres de alumnos en etapas no concertadas (por ejemplo, la primera de infantil o el bachillerato), un gasto que, como reconocen los autores, no han podido desagregar. Así pues, es bastante probable que la cuantía de las cuotas esté sobreestimada en el informe.
Contra lo que dice el informe, todas las escuelas concertadas parten en desventaja (respecto a las estatales) en cuanto a financiación pública
Por otro lado, la clasificación que hacen los autores de los centros concertados según la financiación pública que reciben (centros infrafinanciados, adecuadamente financiados o sobrefinanciados), una clasificación que después les sirve de base para valorar si las cuotas que cobran son justas o injustas, también es poco clara. Para colocar a cada escuela en una de las tres categorías, el informe descuenta del capítulo de ingresos lo recibido en “cuotas”, y del de gastos, lo invertido en partidas no subvencionadas por el concierto. Así, piensan los autores, se puede estimar si los centros reciben el dinero público necesario para desarrollar las actividades que debe cubrir ese dinero: las clases “obligatorias”, y solo eso.
Pero si solo se considera estas horas, ningún centro concertado estaría ni infra ni sobrefinanciado: a todos se les da el dinero justo que cuestan las clases (aunque hay que decir que el salario de los profesores por hora lectiva es menor en los concertados que en los públicos). El problema es que existen otros gastos: agua, luz, conserjería, secretaría, personal de limpieza, mantenimiento de los edificios o construcción de otros nuevos –por ejemplo, un polideportivo o un laboratorio–, entre otros. En las escuelas públicas estos están completamente financiados, pero las concertadas deben cubrirlos, en teoría, con una partida de “otros gastos” que se incluye en el concierto, y que ronda los 6.000 euros por aula y año (aunque hay diferencias por comunidades), una cuantía a todas luces insuficiente, como se ve al comparar lo que por esos mismos conceptos paga el Estado en los centros públicos.
Así pues, sería más exacto decir que todas las escuelas concertadas están, de inicio, infrafinanciadas en cuanto al dinero público. Una infrafinanciación a la que luego se suma la que deriva de que sus alumnos no puedan acceder a ciertas becas. Es probable que haya algunos centros que cobren cuotas tan altas que acaben ganando dinero (un beneficio que, por ley, no puede lucrar a los propietarios, sino que ha de reinvertirse en el propio servicio); pero, como los autores no tienen en cuenta la deficiente posición de partida, es muy probable que el porcentaje de escuelas “injustas” que señala el informe, un 15%, sea en realidad mucho menor.
Nota final: justicia, pero de verdad
Aun así, por pocas que sean, se podría actuar contra ellas: más que quitarles todo el concierto, lo que resulta desproporcionado, se deberían auditar sus cuentas para asegurar que se cobra lo que es justo (aunque, hablando de justicia, ¿qué tal solucionar la infrafinanciación crónica que sufren la mayoría de los centros concertados?). También se debería multar a las escuelas que realmente obliguen a pagar cuotas; ahora bien, como es una acusación grave, debería probarse, y no solamente suponer (como hacen los autores) que si tantas familias pagan, es porque se las fuerza a ello.
Estas actuaciones serían justas. Lo que es injusto es que un informe, que se apoya en datos parciales (y omite otros muy relevantes), sirva a algunos medios para señalar a toda la escuela concertada; un sector que, en su inmensa mayoría, presta un servicio muy apreciado por las familias, y lo presta en una situación de clara desventaja económica.
Un comentario
TOTALMENTE DE ACUERDO