El Senado italiano acaba de declarar ilegal que una mujer pueda firmar un contrato en el que se compromete a gestar un hijo para otra u otras personas, aunque el proceso se realice fuera de Italia. De esta manera, se acaba con un fraude de ley: hasta ahora, una pareja podía acudir a una mujer en el extranjero y después inscribir al nacido como si fuera hijo de la madre comitante (la que no gesta), sorteando así la prohibición nacional de los vientres de alquiler, vigente desde 2004.
Ahora, esa gestión para otro (GPA) se convierte en un “delito universal”, en uno de esos “raros crímenes que trascienden las fronteras, como el terrorismo o el genocidio”, analiza en tono crítico The Washington Post. Eso es precisamente lo que pretenden desde hace años campañas promovidas por feministas de todo el mundo, que coinciden en este punto, especialmente desde posiciones políticas de izquierda: una convención internacional contra la subrogación materna, como existe también contra la tortura, en línea con lo aprobado por el parlamento europeo en 2015.
Aunque para el New York Times la decisión del gobierno italiano es una “nueva medida de represión contra las familias LGTB, pues la ley hará prácticamente imposible para los padres homosexuales tener hijos”, lo cierto es que el objetivo es otro: proteger la dignidad de las mujeres, especialmente las más desfavorecidas, obligadas a protagonizar el proceso para sobrevivir, en condiciones más bien leoninas. De hecho, la decisión de la Consulta constitucional italiana en 2017, que rechazó la subrogación, se refería a una pareja heterosexual.
¿Ideología? Más bien defender la dignidad de las personas
El proyecto de ley fue promovido por la diputada Carolina Varchi, de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Georgia Meloni. Tiene un solo artículo, que reforma la ley de 2004 sobre procreación médicamente asistida. En concreto, se añade un párrafo al artículo 12.6, que establecía ya pena de prisión de tres meses a dos años, y multa de 600.000 a un millón de euros, para quien, de cualquier forma, realice, organice o haga publicidad de la comercialización de gametos o de embriones o de la subrogación de la maternidad. El añadido precisa, con referencia a esta última, que si los hechos se cometen en el extranjero, el ciudadano italiano será castigado con arreglo a la legislación italiana; es decir, los actos serán punibles aunque se realice en un Estado en que sea legal esa práctica. La reforma fue aprobada con 84 votos a favor y 58 en contra (incluidos representantes de grupos de izquierda que se habían opuesto antes a la GPA).
El partido FdI, defiende que la prohibición de los vientres de alquiler no busca recortar derechos de nadie, sino reconocer los de las gestantes y los de los hijos
La ministra de familia, Eugenia Roccella, insistió en que la ley reafirma unos derechos existentes y los hace efectivos. Por otra parte, ante la acusación a FdI de hacer ideología, el partido está de acuerdo, si se entiende que es ideología defender la dignidad de las personas, de las madres y de los niños, que tienen derecho a saber quiénes son sus padres y no ser convertidos en mercancía.
La crítica de las objeciones
En su edición del 16 de octubre el diario Avvenire sintetizó las objeciones repetidas durante la discusión parlamentaria y recurrió a las respuestas de una filósofa, Francesca Izzo, y una socióloga, Daniela Danna, que han trabajado en este campo. Por su parte, Tempi.it publicó el día 18 una entrevista con la periodista Marina Terragini, especializada en la condición femenina en la sociedad contemporánea.
Ante la posibilidad de aceptar una gestión altruista, no “comercial”, coinciden estas autoras en que podrían darse casos entre madre e hija, hermanas o parientes o amigas íntimas. Pero su extrema excepcionalidad impide tomarlos como referencia para legislar su aprobación. Lo normal es que se disfrace la transferencia de dinero como “reembolso de gastos”, sin referirse a los de personal sanitario, clínicas, abogados e intermediarios. En rigor, la invocación del altruismo es una ficción para legitimar un contrato que pretende evitar que la madre pueda cambiar de opinión durante el embarazo o tras el parto.
La penalización no lleva consigo, como aducen algunos, quitar el hijo a la pareja y darlo en adopción a un tercero. Es más, esto podría violar la ley, porque el hijo suele tener genes de uno o de ambos miembros de la pareja. Pero la mujer que no lo dio a luz no puede ser reconocida como madre; y nada impide que acuda a la vía de la adopción.
En la maternidad subrogada no hay propiamente autodeterminación, porque el objeto del contrato no se refiere al cuerpo de la mujer, sino al fruto de la gestación
Los padres comitentes suelen defenderse del reproche de que su egoísmo les lleva a buscar un hijo a cualquier precio. Alegan que muchas personas llegan a la parentalidad para cumplir su deseo, antes que por altruismo hacia la concepción de una nueva vida. También aducen que tienen derecho a ser padres, cualquiera que sea su motivación, si existe fertilidad. Pero un derecho no puede realizarse a costa de exigir la renuncia del derecho de otra persona: no se puede imponer que una mujer entregue a su hijo (sigue siendo la madre aunque el óvulo proceda de la comitente, porque lo gestó en su vientre), con independencia de los motivos.
Frente a la cosificación de la condición humana
En los debates parlamentarios se ha repetido el viejo eslogan “mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero”; un lema que, quizá sin que lo perciban quienes lo usan, significa cosificar a la mujer: evoca la antigua propiedad absoluta sobre las cosas, el ius utendi et abutendi. A la senadora que durante el debate parlamentario afirmaba que solo personas venidas de la Edad Media negarían el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, se le podría contestar que ella se ha quedado unos siglos más atrás.
Las leyes aceptan la donación de órganos, y no son unánimes en cuanto a la prostitución. Pero en la maternidad subrogada no hay propiamente autodeterminación, porque el objeto del contrato no se refiere al cuerpo de la mujer, sino al fruto de la gestación. El compromiso de entregarlo es una renuncia a la propia voluntad –no hay vuelta atrás–. Y no es nada fácil afirmar la existencia de libertad en una persona constreñida por su endeble situación económica y social. Aquí, parlamentarios progresistas olvidan sus clásicas y válidas críticas a las libertades formales. Además, se ignora el derecho del hijo a conocer y tener una relación humana con la madre biológica. Como dice Marina Terragni, “es el niño quien reconoce a su madre, no quien paga”. Mater semper certa.
Los promotores de la prohibición insisten en el carácter inhumano del negocio de la GPA. Aducen casos límites, como los procesos en California contra gestantes arrepentidas que no querían desprenderse del hijo, o las “granjas” de vientres de alquiler en países del tercer mundo. En el fondo, estos casos reflejan que, cuando se toca la maternidad, se compromete toda la civilización. La adopción cura heridas; la subrogación las causa.
Marina Terragni, con la asociación Radfem, apoya la campaña por la convención internacional contra la maternidad subrogada. Una de sus principales valedoras fue la filósofa francesa Sylviane Agacinski, mujer de Lionel Jospin. Pero existen otras muchas iniciativas en el mundo, que habrán aplaudido la decisión del senado italiano, como Stop Surrogacy Now, Ciams, Finnrage, Women’s Declaration International, Japan Coalition Against Surrogacy, Feminist Legal Clinic, Prostitution Research & Education o Finaargit.
No todo se resolverá con esta ley penal, pero –concluye Marina Terragni– para quienes siguen pensando que la mujer no es sólo un “medio” para obtener hijos, ni los hijos un “producto” que se puede comprar, esta ley es un punto de inflexión en defensa de un valor fundamental: ningún ser humano tiene precio.