Según informa la agencia francesa Églises d’Asie, el Tribunal Constitucional coreano aceptó en una sentencia del 23 de agosto la constitucionalidad de la ley vigente sobre aborto. Pero afirmó que “el derecho a la vida es el más fundamental de los derechos humanos”, y el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo “no puede invocarse como superior al derecho a la vida de un feto”. Se evitarán así interpretaciones laxas de una ley que contribuye ya a un excesivo número de abortos, mientras el gobierno surcoreano está cada día más preocupado por las consecuencias del rápido envejecimiento de la población.
En Corea del Sur, la ley de 1973, revisada en 2009, despenaliza el aborto en casos de violación o incesto, si el feto es portador de anomalías genéticas o congénitas, o si la salud de la madre se pone en peligro a causa del embarazo, siempre antes de la 24ª semana de embarazo. Sin embargo, la práctica del aborto es masiva, aunque se redujo de 342.000 en 2005 a 169.000 en 2010. Pero la jerarquía católica estima que el número real es mucho mayor. Como el aborto no se considera acto médico reembolsable por el seguro de enfermedad, se practica a menudo sin control, fuera de los plazos y requisitos legales.
La sentencia del Tribunal Constitucional resuelve el caso planteado por una comadrona procesada en 2010 por aborto ilegal. El empate entre los jueces consolidó la legalidad del Código Penal en este punto. Pero, en los fundamentos de derecho, la sentencia se pronuncia claramente a favor del derecho a la vida del concebido, por encima de la voluntad de la mujer embarazada. Se opone concretamente a razones económicas o sociales utilizadas para justificar el aborto, porque lo haría “algo más común, y reforzaría la tendencia a suprimir la vida en el seno de la sociedad”.
La noticia de Corea coincide con otra de Arizona, donde la gobernadora del Estado Jan Brewer acaba de sancionar una ley que reformula el concepto legal de embarazo y reduce dos semanas el plazo para interrumpirlo.