La idea de una renta básica (RB) para todos, no condicionada al nivel de ingresos ni a la situación de empleo, atrae por su sencillez y universalidad. Pero una RB de un nivel significativo sería costosa y tendría ganadores y perdedores. Un estudio que acaba de publicar la OCDE hace una previsión de lo que supondría la implantación de la RB y la aplica a cuatro países con diferentes sistemas de protección social (Finlandia, Francia, Italia y Reino Unido).
La especulación de los expertos de la OCDE concibe una RB que se daría a todos los adultos en edad activa (hasta los 65 años) y a los menores de 18 años, aunque el importe de la RB de estos sería inferior. Deja al margen, pues, a los jubilados, que seguirían recibiendo su pensión.
No sustituiría a las prestaciones de servicios públicos en especie: enseñanza, sanidad, custodia de hijos y de ancianos… En cambio, se suprimirían la mayor parte de las prestaciones sociales actuales (subsidio de paro, ayudas familiares…), aunque se conservarían las dirigidas a compensar los costes ligados a necesidades específicas, como discapacidad o ayudas a la vivienda.
La renta básica no es necesariamente un sistema eficaz de lucha contra la pobreza
El importe de la RB sería igual para todos. Pero, como se incluiría dentro de la renta imponible, en la práctica los contribuyentes de tramos superiores recibirían menos. También se suprimirían todas las exenciones fiscales: desde el momento en que todo el mundo recibe una renta mínima, ya sería innecesario que una parte de la renta no fuera sometida a imposición.
Todas las cotizaciones sociales se mantendrían. La pensión de jubilación seguiría ligada al empleo, pues el hecho de recibir la RB no daría derecho a pensión.
Sin aumentar el gasto total
Para fijar el importe de la RB, el estudio toma como punto de partida que su introducción debería ser neutral desde el punto de vista presupuestario, es decir, que no aumentara el gasto total actual.
Bajo esta condición, el estudio compara el importe de la RB con la que define actualmente el umbral de pobreza y con la de la renta mínima garantizada (RMG), generalmente inferior al nivel de pobreza. Los expertos concluyen:
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- El importe de una RB universal y neutral, sin impuestos suplementarios, quedaría muy por debajo del umbral de pobreza y, si se fijara en ese umbral, sería muy costosa.
- Si se utilizara como referencia la renta mínima garantizada, una persona sola sin otros recursos quedaría en situación sensiblemente inferior.
Es decir, un mero reparto uniforme de las actuales prestaciones perjudicaría a los sectores más desfavorecidos.
Saldrían ganando los que en las condiciones actuales no tienen derecho a ninguna ayuda social
De ahí su advertencia: “Una RB de un nivel significativo en el plano social y político exigiría sin duda gastos de prestaciones suplementarias y, por tanto, un crecimiento de los ingresos fiscales para financiarlos”.
Los expertos de la OCDE establecen el nivel de RB compatible con la neutralidad presupuestaria en cuatro países de la organización (Finlandia, Francia, Italia y Reino Unido) con distintos niveles de prestaciones sociales.
Renta básica mensual cuyo coste fuera igual al de las prestaciones y exenciones de impuestos actuales
| Adulto
|
Menor de 18 |
Umbral de pobreza, persona sola |
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| Finlandia | 527 € | 316 € | 1.074 € |
| Francia | 456 € | 100 € | 909 € |
| Italia | 158 € | 158 € | 737 € |
| Reino Unido | 230 £ | 189 £ | 702 £ |
Su conclusión es que en todos los casos sería necesaria una amplia reforma fiscal para financiar una RB de nivel significativo.
Como se suprimirían todas las exenciones, el conjunto de las rentas de una persona –también la RB– quedaría sujeto a imposición. El resultado sería que “los impuestos pagados por la mayoría de las personas aumentarían, lo que elevaría la ratio impuestos/PIB que alcanza ya niveles récords en la mayoría de los países de la OCDE” (actualmente, la media en la OCDE es un 34%).
Quién gana y quién pierde
La creación de una RB neutral presupuestariamente, no sería neutral desde el punto de vista redistributivo. Habría ganadores y perdedores.
Los beneficiarios de prestaciones ligadas a la Seguridad Social (prejubilados y muchos receptores del subsidio de paro) saldrían perdiendo. Particularmente expuestos estarían los de 55-64 años.
Los que ahora no reciben o no reclaman ninguna prestación social, saldrían ganando si el nivel de RB es superior a lo que aumentaría la carga fiscal impuesta por su creación.
Los prejubilados saldrían perdiendo si las prestaciones existentes fueran sustituidas por una RB de nivel modesto.
Los hogares de renta baja, que se benefician actualmente de una prestación, a menudo saldrían perdiendo con la RB.
En un país como Italia con un nivel bajo de prestaciones sociales, una gran mayoría de todos los grupos de renta saldría ganando.
¿Reduciría la pobreza?
A menudo se presenta la RB como un instrumento de lucha contra la pobreza, al aportar una renta segura a todos los que la necesitan. ¿Será así?
Saldrían perdiendo muchas personas que necesitan subsidios por su situación personal
El estudio de la OCDE considera que están bajo el umbral de pobreza los hogares que perciben menos de la mitad de la renta mediana de los hogares. ¿Mejorarían su situación?
Su estimación es que muchas personas pobres ganarían con la RB, si actualmente solo reciben bajas prestaciones sociales condicionadas por el nivel de renta.
Pero los beneficiarios actuales de las prestaciones sociales no forman parte necesariamente de los hogares con menos ingresos. Aun así, si viven solo de prestaciones más generosas (como algunos parados o prejubilados), caerían bajo el nivel de pobreza si el importe de la RB se fijara por debajo de este umbral.
En consecuencia, “una RB no es necesariamente un instrumento eficaz de lucha contra la pobreza, incluso si, mejorando la cobertura, aportara un suplemento de renta a los que no se benefician actualmente de un régimen de prestaciones sociales”.
Ventajas e inconvenientes
En favor de la RB se aduce su simplicidad administrativa, ya que al darse a todos evita los costes económicos y burocráticos de las prestaciones complejas basadas en criterios de renta o del cumplimiento de otras condiciones.
También facilitaría la dedicación a actividades útiles a la colectividad (voluntariado, cuidado de enfermos y mayores…), que pueden ser costosas o arriesgadas a título individual.
Sin embargo, una de las mayores prevenciones contra la RB es el temor a que una renta universal y sin condiciones haga menos necesario un trabajo remunerado y reduzca la incitación a trabajar.
Sería imposible implantar un sistema de renta básica de un importe significativo sin aumentar los impuestos
Ya actualmente el hecho de que los beneficiarios de una prestación la pierdan si vuelven a trabajar o cuando el salario aumenta, disminuye también la incitación al trabajo. Pero ahora el subsidio de paro va ligado a la búsqueda activa de empleo y a la integración en el mercado de trabajo. Si fuera sustituido por la RB, sería más difícil mantener este estímulo al empleo.
El estudio se pregunta también si una RB contribuiría a aumentar o a reducir los salarios. Hay quien piensa que los empresarios tenderían a ofrecer salarios inferiores, ya que los trabajadores dispondrían ya de una RB. En cambio, los partidarios dicen que reforzaría el poder de negociación de los trabajadores, al permitirles rechazar los empleos peor remunerados.
Un salto hacia lo desconocido
La conclusión de los expertos de la OCDE es que incluso un importe modesto de RB exigiría “un aumento sustancial de ingresos fiscales”. Y a pesar de todo, la sustitución de las prestaciones actuales por una RB “podría suponer pérdidas para una buena parte de la población, y no reduciría sensiblemente la pobreza respecto a la situación actual”.
Una RB más generosa tendría mayores dificultades de financiación y aumentaría el riesgo de reducir la incitación a trabajar.
Su conclusión es cautelosa: “Una RB ampliamente accesible constituiría hoy una reorientación importante e inédita que se apartaría de las formas tradicionales de las prestaciones sociales; un salto hacia lo desconocido, que exigiría una acción muy voluntarista en materia de política presupuestaria y de política social, y que tendría sus ganadores y sus perdedores”.