La nueva versión de la ley francesa sobre final de la vida no introduce el derecho a morir planteado por los partidarios de la eutanasia, pero tampoco contenta plenamente a los defensores del sistema actual. Para estos, definir la sedación terminal como derecho y la hidratación como terapia, abre la puerta a prácticas eutanásicas.
Hasta ahora, los derechos de los pacientes en fase terminal estaban regulados por la ley que promovió el diputado Jean Leonetti, de la UMP (el partido de Sarkozy) y fue aprobada en 2005 por práctica unanimidad de las cámaras legislativas. Hace casi un año, la Asamblea Nacional aprobó con amplia mayoría una proposición de reforma elaborada por dos diputados: el socialista Alain Claeys y el propio Leonetti. A pesar de ser un texto de consenso, fue rechazado por el Senado, y dio lugar al procedimiento establecido en estos casos, que culmina ahora con la aprobación definitiva de la propuesta de la comisión mixta de diputados y senadores. En realidad, el nuevo texto, con matices y precisiones, acepta lo sustancial del proyecto originario.
Ambigüedades
La reforma supone una evolución de los criterios básicos introducidos por la ley Leonetti, que rechazaba el llamado encarnizamiento terapéutico e introducía en el ordenamiento francés el testamento vital. Ahora se refuerzan esas directivas anticipadas, hasta el punto de reducir mucho la autonomía de los médicos. Por otra parte, se reconoce jurídicamente la sedación profunda y continua hasta la muerte, bien conocida por los expertos en medicina paliativa.
La reforma parece facilitar la idea de que es justo morir sin sentir nada, sin darse cuenta, mediante una especie de anestesia generalizada
Aunque se precisa que solo se aplicará en casos de enfermedad grave e incurable a corto plazo –con sufrimientos refractarios a tratamientos–, no ha dejado de suscitar recelos entre médicos y asociaciones a favor de la vida, porque se ha evitado afirmar expresamente que el objetivo de la sedación nunca puede ser provocar la muerte. Lo más inquietante a juicio de los críticos –y lo más discutible quizá de la ley– es que define la alimentación e hidratación artificial no como cuidados, sino como tratamientos, de modo que pueden ser considerados obstinación terapéutica y rechazados.
Para Jean-Marie Gomas, que dirige la unidad del dolor y cuidados paliativos de Sainte-Périne, en París, las ambigüedades provienen de la posible confusión entre “dolor” y “sufrimiento” (cfr. La Croix, 27-01-2016). Es partidario de evitar el dolor físico de los pacientes, pero nunca se puede suprimir el aspecto trágico de la muerte. La reforma parece facilitar la idea de que es justo morir sin sentir nada, sin darse cuenta, mediante una especie de anestesia generalizada. Considera, además, que existe aún un gran déficit de una cultura paliativa en la que se inscriba armónicamente la sedación de moribundos, en los casos indispensables, que puede originar prácticas clínicas no deseables en la aplicación de la ley. Algunos expertos en medicina paliativa lamentan que la ley no establezca ningún sistema de control posterior sobre las sedaciones.
El derecho del enfermo prevalece sobre el criterio del médico
En el fondo, la reforma consolida la prioridad a la voluntad del paciente, o de las personas de confianza en su entorno, respecto de los profesionales sanitarios. Pero no reconoce el derecho a una asistencia médica para morir con dignidad, es decir, la eutanasia (cfr. la tribuna del sociólogo Philippe Bataille en Le Monde, 25-01-2016). Como ha repetido uno de los dos ponentes, Jean Leonetti, se sustituye el “deber del médico por el derecho del enfermo”. A la cuestión de por qué no se admite la objeción de conciencia de los facultativos, contesta que no es necesario, porque la sedación se enfoca como medio paliativo, no como búsqueda más o menos directa de la muerte, aunque no se diga expresamente en el texto.
Se refuerza el testamento vital, hasta el punto de reducir mucho la autonomía de los médicos
A su juicio, y en contra del temor de muchos, la nueva ley es más garantista que la precedente. Establece solo un “derecho a dormir antes de morir para no sufrir”. Pero habrá que estar a la praxis, pues son muy variadas las circunstancias de los enfermos terminales, de quienes los atienden y del lugar del fallecimiento.
Habrá que observar también la aplicación del plan puesto en marcha por el gobierno, después de tres años de espera, para el desarrollo de los cuidados paliativos de 2016 a 2018, dotado con 190 millones de euros. El plan incluye medidas para mejorar la enseñanza universitaria y la formación continua de los médicos en este campo.
Mucho dependerá también de la evolución política del partido en el gobierno. Se ha impuesto el criterio conciliador del presidente de la República, François Hollande, que atemperó su promesa electoral (para muchos, el derecho a una “asistencia medicalizada para terminar la vida en dignidad”, significaba introducir la eutanasia, como en Holanda o Bélgica). Pero el jefe del gobierno, Manuel Valls, y la ministra de salud, Marisol Touraine, firmaron en 2009 un proyecto de ley que contemplaba la “ayuda activa a morir”, y han manifestado en diversas ocasiones que el consenso actual no es una meta sino una etapa.