El riesgo de las drogas médicas

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Varios ex mandatarios hispanoamericanos, junto con otros políticos internacionales como Kofi Annan, están haciendo frente común por la legalización del consumo y posesión de ciertas drogas. Pero la experiencia de EE.UU. con el abuso de analgésicos opioides revela que puede ser un problema de salud pública.


Una versión de este artículo se publicó en el servicio impreso 70/14

La Comisón Global de Políticas de Drogas, el organismo que encauza sus peticiones, acaba de presentar un informe reclamando una nueva estrategia mundial.

Los autores explican que el enfoque “punitivo” con que hasta ahora se ha combatido el problema –la llamada “guerra contra las drogas”– ha demostrado ser ineficaz para reducir el consumo y el narcotráfico, y en cambio ha producido un aumento innecesario de las encarcelaciones. Además, los costes económicos han sido inmensos. Por todo ello, el informe propone nuevas medidas, entre las que destacan la descriminalización de los pequeños poseedores y consumidores, un mayor esfuerzo de educación o la regulación de la compra y venta de algunas sustancias actualmente ilegales.

Otra de las propuestas es “asegurar el acceso a medicinas esenciales, en particular los analgésicos basados en opioides”. Sin embargo, la experiencia de Estados Unidos con estos medicamentos indica que su normalización en las prescripciones médicas puede generar, de hecho, un aumento de los casos de adicción.

En cuanto la prescripción de estas medicinas se generalizó, también lo hizo la sensación de que no eran peligrosas

Números de epidemia

Se puede decir que el abuso de medicamentos conseguidos legalmente es el problema número uno para la salud pública estadounidense. El asunto se ha hecho de dominio general, y las autoridades han tenido que intervenir: en octubre de 2013 la FDA (la agencia federal de los medicamentos) pidió más control sobre la forma en que se estaban recetando los analgésicos opioides; más recientemente, la DEA (la agencia antidroga norteamericana) ha anunciado que a partir del mes próximo permitirá devolver a las farmacias los sobrantes de ciertas medicinas, entre ellas este tipo de analgésicos, que hasta ahora solo podían ser entregados a un agente de la ley (The New York Times, 8/9/2014). Esta medida trata de evitar que los excedentes acaben siendo utilizados –o revendidos– para un uso no médico, frecuentemente entre jóvenes.

Según un informe del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, publicado en diciembre de 2013 aunque con datos de 2010 y 2011, casi en el 80% de los casos de uso no médico de medicamentos prescritos, lo consumido son analgésicos opioides (11 millones de personas en todo el país).Además, un millón de ellas lo hacen de forma “crónica”: más de 200 días al año.

El consumo no médico de opioides ha crecido un 75% desde 2003, de forma especial entre los hombres. En 2011, este era mayor entre las personas de 18 a 25 años; también era en esta franja de edad donde se producían más hospitalizaciones o intervenciones de urgencia. La mayoría de consumidores son de raza blanca y clase media. El número de fallecidos por esta causa superó por primera vez al de los muertos por accidente de tráfico.

Casi en el 80% de los casos de uso no médico de medicamentos prescritos, lo consumido son analgésicos opioides

Interés comercial y relajación social

Un reportaje publicado en The New Yorker explica cómo pudo llegarse a una situación así. Aunque a finales de los años 70 ya se había descontrolado el consumo de opioides en algunas zonas cercanas a los Apalaches, fue en la siguiente década cuando se produjeron dos hitos que marcarían el desarrollo de la epidemia.

El primero de ellos fue un artículo aparecido en 1980 en el New England Journal of Medicine. El autor explicaba que el temor de que estos analgésicos provocaran una explosión de adictos era infundado, ya que esto solo ocurría en menos de un 1% de los casos. Seis años más tarde, otro estudio recomendaba extender –aunque con cautela– el uso de opioides, que hasta entonces se restringía prácticamente a los tratamientos de cáncer, a otras enfermedades más comunes. En 1995, la FDA aprobó el Oxycontin –un fármaco cuyo principio activo es la oxicodona–, y pronto se convirtió en el absoluto dominador del sector. Esta sanción oficial resultó decisiva: por primera vez se permitía a los médicos generales recetar este medicamento, lo que a la postre se ha revelado como el gran catalizador de la epidemia.

Como cuenta el reportaje de The New Yorker, en cuanto la prescripción de estas medicinas se generalizó, también lo hizo la sensación de que no eran peligrosas. Sin embargo, los casos de adicción –y el mercado negro asociado a ellas– pronto se convirtieron en una realidad social. Los pacientes conseguían las pastillas en la consulta, y las revendían en cualquier local. En Staten Island, una localidad perteneciente a la ciudad de Nueva York, la policía vigila bares, lavanderías e incluso puestos de helado, aunque gran parte de las pastillas se distribuyen en casas particulares.

El abuso de medicamentos conseguidos legalmente es el problema número uno para la salud pública estadounidense

La empresa que lo fabricaba, Purdue Pharma, multiplicó sus ingresos desde la aprobación de la FDA: si en 1996 obtenía 55 millones de dólares por la venta de opioides, en 2000 alcanzó los 1.114 millones de dólares. La epidemia se ha seguido expandiendo, hay quien dice que con la complicidad –o al menos la negligencia– de Purdue Pharma.

La plaga que no cesa

Los casos de sobredosis por Oxycontin atendidos en hospitales han crecido de forma constante: en 2010 ya eran cuatro veces más que en 2000. En 2007, cuatro directivos de la farmacéutica se declararon culpables de negligencia al no haber avisado suficientemente de los posibles efectos adictivos. La sentencia impuso a la compañía una multa de más de 600 millones de dólares, una de las más grandes dictadas contra una empresa de este sector en la historia de Estados Unidas, pero pequeña en comparación con los beneficios acumulados.

Frecuentemente, los adictos a las pastillas se pasaban a la heroína cuando la dosis de opioides que necesitaban les obligaba a comprar 20 o 30 analgésicos al día. En cambio, por 10 dólares podían obtener una cantidad de heroína con los mismos efectos. De ahí que, como explicaba un reportaje publicado el pasado mayo en el New York Times, Staten Island se haya convertido en la nueva capital de la heroína.

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