El Tribunal argumenta en su sentencia que las mujeres que viven en relaciones polígamas tienden a sufrir mayores riesgos de malos tratos
El Tribunal Supremo de British Columbia ha declarado constitucional la ley que prohíbe la poligamia en Canadá desde hace 121 años. En su sentencia, el presidente del Tribunal Robert J. Bauman sostiene que los menores y las mujeres corren mayores riesgos de maltrato en las relaciones polígamas. De ahí que la sociedad occidental adoptara la institución del matrimonio monógamo desde sus tiempos más primitivos, dice el magistrado.
Los protagonistas del caso que ha provocado que la poligamia haya llegado al Supremo de British Columbia son Winston Blackmore y Dalmon Oler, líderes de una secta mormona que se denomina a sí misma Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS, por sus siglas en inglés).
Esta secta ha adoptado el mismo nombre de la Iglesia oficial de los mormones, con la única variante del adjetivo “fundamentalista”. Sus miembros admiten (y viven a conciencia) la poligamia; práctica que fue enterrada por los mormones en 1890, pese a que su fundador John Smith la diera por válida en 1843.
De estos mormones disidentes, unos 10.000 viven en EE.UU. repartidos sobre todo por Utah y Texas. Los de Canadá se establecieron en 1946 en Bountiful, una localidad situada al sur de British Columbia.
Aunque ya había habido denuncias por practicar la poligamia desde 1991, el caso se reabre en 2004 cuando el fiscal general recibe una carta firmada por una habitante de Bountiful que denuncia malos tratos. Pocos meses antes, una mujer que había dejado Bountiful junto con sus hijos y otras mujeres, presentan una querella ante el Tribunal de Derechos Humanos de British Columbia.
Los partidarios del “poliamor” han hecho causa común con los polígamos para lograr que sus relaciones lleguen a tener reconocimiento jurídico
Entre tanto, Winston Blackmore –uno de los hombres que ha dado origen a la sentencia del Supremo– pasa a convertirse en un polígamo público. Según informa National Post, en 2006 Blackmore admite en el célebre programa de la CNN presentado por Larry King estar casado con varias chicas de 16 años y con una de 15.
La poligamia, al banquillo
En septiembre de 2009, Blackmore y Oler se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo de British Columbia para ser juzgados por un delito de poligamia. Pero la magistrada Sunni Stromberg-Stein les deja en libertad.
Un año después, el fiscal general Mike de Jong vuelve a llevar el caso al Tribunal Supremo bajo el argumento de “inseguridad jurídica”. Es curioso porque ahora Blackmore y Oler ya no son los malos de la película. De pronto, es la constitucionalidad de la ley que prohíbe la poligamia lo que se cuestiona.
Durante el proceso ante el Supremo, Blackmore y Oler han contado con el apoyo de la FLDS, de la B.C. Civil Liberties Association y de activistas partidarios de los matrimonios de grupo (“multi-partner unions” o “poliamory”).
De Jong plantea al Supremo dos preguntas: si el artículo 293 del Código Penal canadiense –destinado a perseguir determinadas conductas sexuales, entre otras la poligamia– vulnera la libertad religiosa; y si ese mismo artículo va contra el principio de seguridad jurídica, ya que emplea la expresión “unión conyugal” pero no dice qué entiende por tal ni en ese artículo ni en el resto del Código.
La aparición de este último principio explicaría el interés de los partidarios del “poliamor” en este juicio. Fueron ellos quienes el año pasado decidieron distanciarse de los polígamos alegando que sus relaciones a varias bandas eran más equitativas que las simplemente polígamas (cfr. Aceprensa, 5-09-2010).
Pero ahora no les ha importado hacer causa común para lograr que sus relaciones lleguen a tener reconocimiento jurídico bajo la forma de “matrimonios de grupo”. Así, la B.C. Civil Liberties Association considera que “la ley se extralimita cuando decide inmiscuirse en las decisiones que toman los adultos sobre la forma de unión conyugal que satisface mejor sus necesidades y sus aspiraciones personales”.
El interés de mantener el matrimonio monógamo
En su sentencia del pasado 23 de noviembre, el presidente del Tribunal Supremo de British Columbia Robert J. Bauman ha declarado tres cuestiones básicas:
– Que la ley que prohíbe la poligamia en Canadá es constitucional.
– Que el conflicto entre la libertad religiosa de esta secta de mormones y el riesgo de sufrir daños que tienen los menores y las mujeres en las relaciones polígamas debe dirimirse a favor de estos últimos.
– Que, pese a ser delito la poligamia, los menores de entre 12 y 17 años que contraigan matrimonios polígamos no deberían ser castigados. De ahí que Bauman haya solicitado al Parlamento una revisión de este punto concreto de la ley.
En el proceso oral de 41 días, un período inusualmente largo para el Supremo, varias mujeres que habían abandonado la secta prestaron testimonio y explicaron que habían sido maltratadas. Además, la nueva fiscal general Shirley Bond presentó una lista de 31 chicas menores de edad que iban a contraer matrimonio –forzadas por sus padres y familiares– con adultos de la FLDS.
El magistrado Bauman argumenta en su sentencia que las mujeres que viven en relaciones polígamas tienden a sufrir mayores riesgos de malos tratos y de abuso sexual; mueren antes y son más propensas a padecer enfermedades mentales.
“La poligamia –explica– institucionaliza la desigualdad entre los sexos. El patriarcado y el control autoritario se convierten en rasgos comunes de las comunidades polígamas”.
“La ley [que prohíbe la poligamia] quiere promover la institución del matrimonio monógamo, un valor fundamental de la sociedad occidental desde sus tiempos más primitivos. Quiere proteger frente a los muchos daños que pueden surgir de la práctica de la poligamia. (…) No existe nada parecido a la llamada ‘buena poligamia’”.
Esta es la segunda vez en que el Tribunal Supremo se ve requerido para dictaminar qué debe admitirse como matrimonio. La otra fue en 2004, en una decisión que abrió paso al matrimonio gay.
Antes de presentar un proyecto de ley, el entonces primer ministro, Jean Chrétien, hizo una consulta al Tribunal Supremo con tres preguntas: 1) ¿Tiene el Parlamento la competencia exclusiva para modificar la definición legal del matrimonio?; 2) ¿Es compatible reconocer el derecho a contraer matrimonio a los homosexuales con la Carta de Derechos y Libertades de Canadá?; 3) ¿Pueden los ministros religiosos, al amparo de la Carta, negarse a casar a las parejas del mismo sexo?
El siguiente primer ministro, Paul Martin, añadió una cuarta pregunta: ¿Es constitucional la definición del matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”? El Tribunal Supremo respondió afirmativamente a las tres primeras cuestiones, y decidió no contestar a la cuarta.