Que unos matones entren con sus armas de fuego a un estudio televisivo y amenacen y golpeen a los trabajadores del canal no es una escena habitual en un país de ley y orden en el siglo XXI. Pero sucedió el pasado año en Ecuador, lo que ilustra el grave declive que sufre el país sudamericano en el tema de la seguridad pública y en varios otros; una rodada cuesta abajo en la que el ganador de los comicios del 13 de abril, el conservador Daniel Noboa, del partido Acción Democrática Nacional (ADN), se propone echar el freno.
El joven político, que ha ejercido la presidencia por un breve período –en 2023 fue elegido para relevar al también conservador Guillermo Lasso, quien no culminó su mandato– se ha impuesto por el 55,5% contra el 44% de los votos a Luisa González, candidata del movimiento Revolución Ciudadana (RC), fuerza de izquierda antineoliberal que tiene como líder real al expresidente Rafael Correa, hoy asilado en Bélgica e imposibilitado judicialmente de presentarse a los comicios.
La participación electoral fue mayor que en la segunda vuelta de las presidenciales de 2023
Las encuestas estuvieron muy reñidas durante la campaña, en la que, más que el planteamiento de propuestas, pesaron las descalificaciones mutuas. Por ese y por otros factores, algunos presagiaban que los ecuatorianos no acudirían con el mejor ánimo a las urnas. Según explicaba al diario Expreso el analista Andrés Jaramillo, han cundido el pesimismo y la indecisión, porque un sector importante del electorado ha sentido que, independientemente de quien ganara, el país no cambiaría para bien.
Hay, dice, “una decepción y una pérdida de fe en la política formal, los políticos y las instituciones”. Por ello, aseguraba en días previos que muchos de los que irían a votar lo harían exclusivamente porque era obligatorio y querrían ahorrarse la multa por no hacerlo.
Por la razón que fuere, la participación ha sido alta: el 83,7% de los ciudadanos con derecho a votar acudieron a hacerlo, unos cuantos más que quienes votaron en la segunda vuelta de los comicios de 2023 (el 82%).
En cuanto al resultado, la candidata correísta ha denunciado un “fraude grotesco” –del que no ha presentado pruebas– y ha pedido un reconteo de los votos. “No reconocemos estos resultados”, advirtió desde Quito.
Inestabilidad política y economía: un matrimonio mal avenido
Acabada la contienda, quizás la esperanza de una mejora general no se haya disparado, porque se parte de muy abajo. Ecuador está viviendo una inédita situación de deterioro en varios frentes. Un desafío importante lo ha sido, por ejemplo, el déficit energético, con exasperantes apagones de hasta 14 horas diarias que han afectado al país como resultado de la sequía desde 2023 (buena parte de la energía que se consume es hidroeléctrica), y que han impactado fuertemente en el desempeño de la economía. Solo hasta noviembre pasado, la Cámara de Comercio de Quito calculaba pérdidas por 4.000 millones de dólares en la industria y 3.500 millones en el comercio.
Lo complejo del panorama económico lo ilustraba el 31 de enero el diario local La Hora con un categórico titular: “Ecuador es campeón mundial de la incertidumbre y su economía no sale del estancamiento”. Varias de las fuentes consultadas por el rotativo aludían al puesto que ocupa el país en el World Uncertitude Index (WUI), un registro que ofrece información mensual sobre 143 países, a partir de los informes de inteligencia económica de The Economist, y coincidían en que las circunstancias complejas para las empresas y la falta de previsibilidad sobre lo que ocurriría en el ámbito político afectarían las decisiones de inversores y consumidores, y lastrarían el crecimiento.
“Ecuador está en una situación económica delicada –dice a Aceprensa el analista ecuatoriano Sebastián Hurtado, presidente de la consultora de riesgo político Prófitas. Por una parte –precisa–, el país ha estado excluido de los mercados de financiamiento internacionales, y por otra, se han estado postergando reformas importantes que habrían permitido aumentar la inversión y dinamizar la economía.
“El año pasado –agrega– completamos una década perdida, básicamente porque la economía no ha crecido en términos per cápita. A la contracción económica de 2024 se le añade que este año el crecimiento ecuatoriano va a ser de los peores de la región”.
El experto señala, entre los factores de la caída y de la postergación de las reformas, uno principal: la inestabilidad. “Ecuador ha vivido en una inestabilidad política significativa más o menos desde 2019, luego de que el período de crecimiento económico durante el gobierno correísta se debilitara desde 2015. Hemos vivido básicamente con gobiernos interinos o que no han podido completar sus períodos. Y esa continua inestabilidad, esas continuas elecciones, han tenido un impacto”.
El alumbramiento de la violencia
Frente a la necesidad de paliar la crisis económica, Noboa ha aumentado algunos impuestos (el IVA, del 12% al 15%), ha aplicado tijera a los subsidios a los carburantes y ha obtenido del Fondo Monetario Internacional (FMI) el alivio de un préstamo por 4.000 millones.
Pero quizás la situación del bolsillo no sea la que más afecta el ánimo del electorado ecuatoriano. Tal vez lo sea el factor de la violencia, que se ha ensañado fieramente con el que otrora fue uno de los países más seguros de América Latina.
En años recientes, en el ranking de la criminalidad, Ecuador ha terminado por sobrepasar en determinadas modalidades del delito (particularmente en las muertes violentas) a países como México o Colombia. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2023, la tasa promedio de homicidios fue de 47 por cada 100.000 habitantes (apenas en 2019 era de 7), y en provincias como Guayas y Los Ríos los números escalaron aun más, hasta los 85 y los 110 por 100.000, respectivamente.
Algunos observadores, como el exembajador de EE.UU., Richard Holwill, ubican el inicio de este descenso a los infiernos en la etapa de Correa al frente del país (2007-2017), y exactamente en 2009, cuando el entonces presidente puso fin a la cooperación antinarcóticos con EE.UU. y no le renovó la autorización para que sus tropas permanecieran en la base militar de Manta.
“Posteriormente, hizo un pacto con las pandillas: si se abstenían de la violencia, les otorgaría la personalidad jurídica de ‘grupos juveniles urbanos’ y ‘grupos comunitarios’, denominaciones ecuatorianas para las organizaciones no gubernamentales”.
Según explica, aquello fue percibido como una capitulación que le complicó la gestión al nuevo presidente, Lenín Moreno (2017-2021). El mandatario “intentó restaurar las políticas antinarcóticos previas a Correa, pero la narcocorrupción ya había comenzado a infiltrarse en el Gobierno ecuatoriano. A medida que las organizaciones criminales se infiltraban en ministerios clave, Moreno reorganizaba ineficazmente las funciones policiales y fiscales”.
La desmovilización de las FARC en Colombia dio pie a que otras organizaciones delictivas abrieran nuevas vías de salida a la cocaína, esta vez a través de Ecuador
El parteaguas fue 2020, año en que la pandemia dejó a muchos ecuatorianos sin medios económicos y se disparó el reclutamiento por parte de las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Según el informe de 2023 de la Oficina de la ONU contra las Drogas (UNODC), sobre el tráfico de cocaína, Ecuador se ha vuelto un sitio fundamental para la salida de estos embarques hacia otros países.
Curiosamente, en ello ha tenido incidencia el proceso de desmovilización de las FARC, en Colombia. “El proceso de desmovilización –precisa Hurtado– dejó un vacío de poder en todas las zonas de producción de cocaína, que fue ocupado por grupos individuales que empezaron a explorar otras vías de transporte y de exportación de la droga, esta vez a través de los puertos ecuatorianos. Y de ahí empezó lo que fue básicamente un boom de exportación de cocaína a través de Ecuador. Esta es una economía que antes no existía en el país, y varios grupos criminales importantes, ecuatorianos o ligados a los cárteles mexicanos o colombianos, han entrado en una guerra campal por imponerse en ese mercado”.
Durante su mandato, Noboa ha intentado bajarle el telón a este teatro del crimen con medidas drásticas, como la imposición de estados de emergencia, una mayor integración de las fuerzas del orden y un mayor control de las prisiones. Algo lograron: cifras citadas por The Conversation ilustran algunos avances en 2024, como la reducción de los homicidios en un 18% y el aumento de las incautaciones de drogas respecto a 2023: de 188 a 250 toneladas.
Continuidad a la vista
“Gobernar Ecuador parece un trabajo poco envidiable”, avisaba The Economist en febrero, en los días de la primera vuelta electoral. Terminada la segunda, a Noboa le corresponde seguir haciéndolo, y no lo tendrá más fácil que al principio, a menos que otros países le echen una mano para poner riendas a la violencia.
EE.UU. podría. El mandatario tiene buenas relaciones con la administración Trump, y su propia familia cultiva una amistad muy cercana y de muchos años con el secretario de Salud, Robert Kennedy. Su deseo es que la Casa Blanca declare organizaciones terroristas a los grupos criminales ecuatorianos, lo que facilitaría la vuelta al país de los militares norteamericanos. Pero le haría falta, además, la cooperación de una judicatura y unas fuerzas del orden a toda prueba, y no es el caso. “La Policía ecuatoriana es barata”, aseguraba recientemente un pandillero a la CNN.
La fortaleza del bloque conservador en la Asamblea Nacional favorecería la gobernabilidad para los próximos cuatro años
Sobre la mesa, las cartas de seguridad, economía, estabilidad política… ¿Cómo las jugará en esta segunda ocasión? En opinión de Hurtado, puede ser un gobierno de continuidad.
“No esperaría cambios significativos con respecto a lo que ha venido haciendo en el último año. Este ha sido principalmente un gobierno pronegocios, proinversión, pro-EE.UU., pro-libre comercio, pro-FMI… Lo que veo es continuidad en esos ámbitos. Es difícil saber qué tipo de reformas significativas el nuevo Gobierno de Novoa llevaría adelante en seguridad y en economía, porque hasta ahora ha improvisado muchas de sus políticas; no ha logrado plantear un proyecto político claro”.
En todo caso, visto el sólido apoyo parlamentario logrado por ADN y por RC en los comicios de febrero –66 escaños la primera fuerza, y 67 la segunda, en una Asamblea de 151 representantes–, lo que tendría visos de atenuarse sería la inestabilidad política.
“Cualquiera de los candidatos que llegara a la presidencia iba a tener una mayoría de gobernabilidad en la Asamblea –subraya el experto–, porque iban a poder sumar a su bloque unos bloques más pequeños para formar una mayoría. Eso es algo que no había pasado recientemente y de hecho esa ha sido una fuente de inestabilidad y conflicto político en los últimos años. Ahora podríamos ver algo distinto”.