La Paz.— Bolivia se aproxima a celebrar el Bicentenario de su independencia, inmersa en una profunda crisis estructural política, jurídica, social y económica. En 2025 enfrentará elecciones generales que definirán su rumbo entre el camino de la polarización y el conflicto, o el inicio de la construcción de un pacto nacional hacia la estabilidad y el desarrollo sostenible.
Fueron dieciséis años de gestación para que Bolivia naciera como república independiente. El primer Grito Libertario de América Latina se dio el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, Virreinato del Río de La Plata, y el 6 de agosto de 1825, el Congreso General del entonces Alto Perú, actual Bolivia, proclamó su independencia, luego de incesantes conflictos y arduas negociaciones.
Dos siglos después, Bolivia afrontaría una crisis política que reclamó un “pacto” entre bolivianos. Se convocó una Asamblea Constituyente que se convirtió en un escenario de confrontación. El controvertido texto constitucional fue aprobado por referéndum el 25 de enero de 2009, con una participación del 90,24% y una votación favorable del 61,43%. El 7 de febrero de 2009 se promulga la nueva Constitución por el entonces presidente Evo Morales, electo por vez primera el año 2006, quien convoca a elecciones generales de inmediato.
En dichos comicios electorales, Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), obtuvo su reelección para el periodo 2010-2015 con más del 64% de los votos. Pese a que iniciaba así su segundo mandato, el Tribunal Constitucional determinó que, habiendo un nuevo orden constitucional, el periodo 2006-2009 no le fuese computado. Esto permitió a Morales presentarse nuevamente en los comicios de 2014, en los que obtuvoo más del 63% de los votos.
Auge y caída de Morales
En un contexto de estabilidad económica favorecida por los precios internacionales de hidrocarburos y materias primas, Evo Morales convocó en 2016 a referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución –que limita la permanencia en el cargo de presidente a dos mandatos consecutivos– y habilitarse a una nueva reelección. La propuesta fue rechazada por el 51% de los votantes. Ante este resultado, los correligionarios del MAS, al considerar que la reelección es un derecho humano, presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el artículo.
El Tribunal Constitucional –cuyos Magistrados fueron electos por voto popular, en una elección donde los votos nulos y blancos alcanzaron un 67,36%– habilitó la reelección indefinida de Morales, quien se presentó nuevamente como candidato en los comicios de 2019. Luego, la Opinión Consultiva 28/2021 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejará en claro que no hay un derecho humano a ser reelegido indefinidamente.
Las Elecciones Generales de 2019 estuvieron marcadas por cuestionamientos al Órgano Electoral y denuncias de fraude, que desencadenaron una fuerte conmoción civil. Morales renunció y abandonó el país en un avión facilitado por el Gobierno mexicano. Le continuaron una seguidilla de dimisiones que impidieron la sucesión constitucional, lo que derivó en un vacío de poder, tras el cual la senadora de la oposición Jeanine Áñez asumió la presidencia interina con el mandato de convocar nuevas elecciones y restablecer la credibilidad institucional mediante la renovación total del Órgano Electoral.
Una doble narrativa política
Tal convulsión social dio origen a una doble narrativa política. Los afines al MAS consideraron los hechos un golpe de Estado contra Evo Morales, mientras el sector ciudadano denunció un fraude electoral. Esto originó una marcada polarización político-ciudadana, además de las tensiones significativas que dejaron un saldo de muertos y heridos, durante el gobierno de transición.
A la situación de crisis política medianamente contenida, se sumó la pandemia del covid-19, con la consecuente debacle económica. En dicho periodo, el gobierno de transición fue cuestionado por varios casos de corrupción, extralimitación a sus facultades como gobierno transitorio y un manejo gubernamental autoritario. En ese contexto se desarrollaron los comicios de octubre de 2020, que eligieron, con más del 55% de votos, a los candidatos del MAS, Luis Arce como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente.
El supuesto modelo económico de Luis Arce, junto con la figura de David Choquehuanca, que aglutinó a los sectores indígenas y rurales con un discurso –en sus inicios– conciliador, más la conexión emocional y simbólica que apelaba a la memoria colectiva con el eslogan “somos pueblo, somos MAS”, fueron percibidos por el electorado como continuación de la reivindicación popular.
Pero asumida la presidencia, Arce fue criticado por no tener un estilo propio de gobierno y acatar las instrucciones de Evo Morales, quien había retornado al país tras el triunfo electoral. Morales siguió ejerciendo como jefe del MAS y líder de los productores de coca, que conforman la Confederación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, principal base social y política del MAS.
Ante las elecciones generales de 2025, tanto el MAS como la oposición están divididos
La pugna por el poder originó una disputa interna por el control del MAS entre el “ala arcista” y el “ala evista” que se intensifica cada vez más en torno a la definición de la próxima candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
El MAS, entre Morales y Arce
La división dentro del MAS ha originado liderazgos y determinaciones paralelas mediante Congresos Nacionales convocados separadamente por cada una de las facciones. El “ala evista” proclamó a Evo Morales como candidato presidencial para las Elecciones del Bicentenario de Bolivia. El “ala arcista” eligió y registró a Grover García como presidente del MAS, relegando a Evo Morales, decisión que contó con el aval del Tribunal Constitucional.
Esta pugna se ha convertido en una lucha abierta, con movilizaciones, declaraciones y acciones que han afectado a la estabilidad política y económica del país.
Ante tal coyuntura, Evo Morales midió sus fuerzas, convocando el 23 de octubre de 2024, a alrededor de 30.000 personas –menos que en convocatorias anteriores– en una movilización, acompañada por bloqueos de carreteras, que duró 22 días. La protesta causó problemas de tránsito a nivel nacional y afectó las actividades productivas, especialmente de los sectores industriales, turísticos y de transporte. Las pérdidas consiguientes sumaron aproximadamente 1.500 millones de dólares, que equivalen al 2,26% del PIB boliviano.
La situación jurídica de Evo Morales es problemática. Enfrenta acusaciones judiciales relacionadas con temas de corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas y abuso sexual de menores. El pasado 16 de diciembre, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que presentó imputación formal contra el exmandatario por los delitos de trata y tráfico de personas con agravante. No obstante, recibió un informe de la Policía que señala que el cumplimiento de la orden de aprehensión ha enfrentado “riesgos técnicos y operativos significativos”. Y es que, conocida la orden de captura contra Morales, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba cerraron filas en torno a su líder, declarando que su aprehensión no será fácil y que de producirse tal intento entonces correrá sangre. Para Morales contar con un cargo que le garantice inmunidad se torna apremiante.
Por otro lado, y en vísperas de las próximas elecciones generales, existe una proliferación de solicitudes de nuevos partidos políticos. Según encuestas recientes –no oficiales–, los posibles candidatos tradicionales arrojan un índice de aprobación popular negativo, y la oposición continúa dispersa.
Una situación económica preocupante
La situación política de Bolivia hacia el Bicentenario se torna compleja, y la mayor preocupación que aqueja a los bolivianos es la economía. Hasta noviembre de 2024 la inflación llegó al 8,82%; el valor de las exportaciones disminuyó en un 20%; las importaciones sufrieron una caída de más de 1.300 millones de dólares debido a la escasez de divisas; las reservas internacionales llegaron a los mínimos históricos, dificultando la importación de insumos esenciales y de combustibles, además de que resulta imposible mantener el elevado costo de la subvención a los combustibles. A lo largo del año se registraron 64 días de bloqueos que provocaron pérdidas económicas estimadas en 4.500 millones de dólares. Tales aspectos hacen no vislumbrar una solución a corto plazo.
Bolivia pasó de ser exportadora de hidrocarburos a ser importadora –pero sin posibilidad de pago por falta de dólares–, al no haber invertido en la época de bonanza económica en la exploración y explotación de dichos recursos no renovables. Esto impone la necesidad de diversificar la economía boliviana, centrado –hasta hoy– en hidrocarburos y materias primas.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el economista Gary Rodríguez, en un artículo reciente, vislumbra una luz de esperanza respecto a la posible captación de 5.000 millones de dólares en 2025 gracias a la monetización de reservas de bonos de carbono presentes y futuras en Bolivia, vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero. En este escenario, Bolivia se comprometería con mecanismos de certificación de emisiones.
Sin embargo, esta oportunidad requiere de una serie de medidas regulatorias y de fiscalización que palien el daño ambiental histórico sufrido con los ecocidios ocurridos en 2019 y en los meses pasados, con la quema indiscriminada de más de 10 millones de hectáreas de bosques, entre áreas protegidas y de uso forestal, sumado al constante avasallamiento de tierras.
La necesidad de un pacto social
Definitivamente, las crisis que afronta Bolivia no son aisladas ni coyunturales, sino estructurales, en gran medida debidas al proceso de desinstitucionalización que Bolivia padeció en las últimas décadas en lo político, económico, ético y jurídico, que deben ser encarado rumbo al Bicentenario.
La eliminación de la meritocracia en la carrera judicial y en la carrera administrativa en la gestión pública y en los órganos reguladores, llevó a una pérdida de credibilidad y una politización de las instituciones. La consigna política se sobrepone al criterio técnico, el actuar ético se supedita al miedo de perder el puesto de trabajo, o ante la extorsión y la persecución política que utiliza al sistema penal boliviano como su instrumento.
La crisis institucional y económica que padece Bolivia exige un pacto social y político entre los diversos sectores que supere la polarización existente
Todo aquello implica una reforma estructural, y, si bien la institucionalidad es un elemento clave para la estabilidad, continuidad y tecnicidad, también lo es la ética, pues son las personas las que toman las decisiones. ¿Es posible creer en un liderazgo renovado que sea capaz de dialogar intersectorialmente y adoptar una humildad participativa en la que primen los intereses del bien común?
En lo económico no se vislumbra una salida con resultados a corto plazo. Sin embargo, la actual coyuntura amerita determinaciones rápidas y oportunas que implican posiblemente un giro en la política económica del país, permitiendo su diversificación y la atracción de inversionistas –acompañada de una legislación que brinde seguridad jurídica–, además de un análisis de la política monetaria a cargo del Banco Central de Bolivia y la reducción del gasto público.
Tales desafíos por resolver reclaman superar la polarización existente. Es necesario fomentar un pacto social y político entre los diversos sectores (público, privado, sociedad civil organizada y la academia) para garantizar la legitimidad y sostenibilidad de los cambios estructurales que la Bolivia del Bicentenario necesita afrontar.
En este proceso, el acompañamiento de la comunidad internacional juega un papel importante como un tercero imparcial que otorgue confianza, credibilidad y transparencia, ante la sospecha generalizada entre todos los sectores y las diferentes narrativas que circundan en torno a intereses políticos sectorizados.
La Bolivia del Bicentenario desafía a los bolivianos a pensar en clave país para dejar de ser una cuestión irresuelta.