Santiago.— Para los ciudadanos chilenos, el pasado 18 de octubre fue un día especial. Se cumplieron cinco años desde el estallido que dio vuelta el tablero social y político. Se trata de una fecha que ha llamado a la reflexión, y a múltiples análisis acerca del tipo de dirección que ha tomado el país desde aquel entonces al momento actual, cuando está gobernado por una coalición del Frente Amplio (equivalente al Podemos español), el Partido Comunista y el Socialismo Democrático.
Probablemente, el primer elemento que salta a la vista para muchos chilenos es que la situación es peor que la de entonces: aunque se ha apaciguado la convulsión política, el país sigue económicamente estancado, han aumentado los niveles de delincuencia violenta y la gravedad de los crímenes. Buena parte de la población es consciente de que esto, en parte, se debe a la ingenuidad con la que ciertos sectores políticos y ciudadanos resolvieron avalar altos grados de violencia en el estallido, bajo el presupuesto de que ella permitía visibilizar un malestar social de larga data. Aunque es innegable que las causas de la situación actual y la escalada de la delincuencia son, en rigor, previas al estallido, el cariz épico del que se revistió la revuelta fue acompañado de una notable ceguera acerca de las consecuencias que podía acarrear, y que de hecho trajo consigo.
Aumento de la delincuencia
Por entonces, para Chile, el narcotráfico era una realidad ajena, propia de otros países latinoamericanos y que, por alguna razón, jamás llegaría a sus puertas. Pero la sublimación de mecanismos violentos, el discurso de inmigración idealizante, el bloqueo de la izquierda de toda medida que regulara la inmigración o diera atribuciones a la policía para controlar la delincuencia, y la creciente polarización que sumió a la clase política en eternas rencillas estructuradas como un juego de suma cero entre sectores, favorecieron la rápida infiltración de bandas narco. Hoy, asentadas en distintas zonas del país, azotan precisamente a las comunas más vulnerables y a menudo controlan sus calles.
En consecuencia, el sector político que alguna vez acariciara ideas de revolución, hoy se ve obligado a impulsar políticas de seguridad aún más restrictivas de las que hubiera imaginado el gobierno de derecha precedente. El presidente Gabriel Boric, que había prometido “grandes transformaciones” para poner fin a instituciones consideradas neoliberales, no sólo ha debido renunciar al corazón de su programa, sino que ha debido abocarse a las prosaicas preocupaciones burguesas de la economía y el orden.
Con todo, la nueva izquierda que gobierna Chile no logra manejar de manera eficiente el problema, ni tampoco posee la credibilidad necesaria, dados sus antecedentes ideológicos. Así, aunque hoy todos los partidos políticos enarbolan banderas de seguridad para las próximas elecciones municipales, el país no tiene demasiadas esperanzas en ellos: pareciera que más les interesa ganar los comicios que organizarse transversalmente para garantizar la paz.
Cisma entre la política y la ciudadanía
Si este grave problema ya crea un cisma profundo entre la política y la ciudadanía, durante los últimos dos años los chilenos han sido informados de casos de corrupción que tocan fondos públicos, partidos políticos e instituciones judiciales. Un desvío de millones de dólares estatales destinados a fundaciones con un carácter fuertemente partidista, y afines a la izquierda; indicios de sobornos al Servicio de Impuestos Internos para obtener información financiera; designaciones en las esferas más altas del Poder Judicial sobre la base de contactos personales y uso del cargo para inmiscuirse en los fallos. Aunque todos estos son ejemplos de escándalos que integran elementos de evidente ilegalidad y están siendo materia de procesos judiciales, hay casos que, sin ser ilegales, siguen exhibiendo la inmensa distancia de la política respecto de la ciudadanía, que percibe cada vez más que sus representantes no tienen ninguna relación relevante con ella. Así, por ejemplo, la prensa desveló que una candidata derechista a alcaldesa recibía una remuneración de 17 millones de pesos mensuales (equivalente a 18.000 dólares) por media jornada de trabajo en una universidad privada, una suma muy superior a la que puede recibir cualquier decano de facultad. Lejos de abochornarse, la candidata presentó la situación como un ejemplo de la libertad económica que su sector defiende, sin cuestionarse si acaso aquella libertad no exige también una responsabilidad social relevante, y sin reparar tampoco en la erosión que causa en la relación entre el ciudadano y el político, ya severamente dañada.
Los partidos políticos no superan el 3% de confianza y el Congreso no pasa el 6%
En suma, uno de los problemas más graves que enfrenta el país es la representación política. La ciudadanía es escéptica de los candidatos por los que vota, los partidos políticos no superan el 3% de confianza y el Congreso no pasa el 6%. La clase política, por su parte, no pone muchos medios para remediar verdaderamente esta situación: a menudo se hunde en su propia ceguera, parece querer salvarse a sí misma, o insiste en la tesis de la polarización como medio de representación. Esta desafección vuelve progresivamente difícil dar con soluciones que impacten de manera certera y positiva, porque el manejo efectivo de las instituciones, el combate contra el crimen y el impulso económico de un país requiere de una articulación entre gobierno y ciudadanía, al menos en términos de confianza mínima.
Señales de esperanza
Aunque el escenario aquí presentado no resulta halagüeño, existen varias señales de esperanza. Para comenzar, la mirada romántica a la violencia ha desaparecido. Las encuestas muestran que la delincuencia es la principal causa de preocupación en la población chilena, que pide a gritos su control. En cuanto a la polarización, a pesar de que se encuentra tanto en la política como entre los ciudadanos, nacen brotes verdes desde los sectores más inesperados.
Así, por ejemplo, se observa una juventud más madura: quienes para el estallido eran solo niños de doce o trece años, hoy parecen presentar una visión distinta de sus antecesores, moderada, adversa a la violencia y proclive a la construcción de acuerdos. La Iglesia, en la voz del cardenal Fernando Chomalí, exhorta a bajar las enemistades para concentrarse en la reconstrucción de las confianzas y en la recuperación de los barrios tomados por la delincuencia. Si hasta hace algunos años la autoridad de la Iglesia chilena parecía reducida a la mínima expresión, en esta oportunidad se alza como un referente que logra conseguir el consenso de todos los sectores. Además, en el campo intelectual se observa una amplia renovación de ideas socialcristianas, conservadoras y liberales, y, sin perjuicio de la influencia que tienen las políticas culturales que promueve el gobierno, hace ya tiempo que la intelectualidad de izquierda ha perdido bríos.
Por otra parte, a pesar de los escándalos y la amenaza de violencia, Chile mantiene en pie su estructura institucional y el profundo apego cultural de su gente por la legalidad. En este sentido, cabe destacar el papel de la misma ciudadanía. A diferencia de lo que ha sucedido en otros lugares, los chilenos no pasaron por un proceso de lento acostumbramiento a la violencia y al narcotráfico, ni a la corrupción política. Cada una de estas situaciones contrarias al orden institucional les resulta profundamente chocante, y piden una respuesta hábil por parte de las autoridades. Las agendas partidistas pequeñas e identitarias que pretendió impulsar la nueva izquierda han debido dar paso a un reconocimiento de las urgencias reales, con el objeto de concentrarse en reemprender la marcha del país. “Chile no se caerá a pedazos”, ha señalado el cardenal Chomalí con firmeza. Es muy posible que tenga razón.