Este 21 de octubre comienza en Cali (Colombia) la Conferencia de las Partes signatarias del Convenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16). Para el Gobierno nacional será una oportunidad de mostrarse como un defensor del medioambiente en su país y en el mundo.
El propio Gustavo Petro, su presidente, ha liderado diferentes iniciativas, tanto locales como globales, en las que se presenta como un abanderado de la lucha contra el cambio climático, la conservación de la selva amazónica y la protección de los recursos naturales.
El Convenio tiene origen en el año 1993 y está enfocado en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Ha sido ratificado por todos los estados miembros de la ONU, a excepción de Estados Unidos. Cada dos años se lleva a cabo una reunión de seguimiento (denominada COP, seguida por el número de edición que se realice), en donde se hace un control a los avances y medidas tomadas por los países en torno al cumplimiento de los compromisos y objetivos acordados.
Un liderazgo compartido
Aparte del empuje del presidente, la gestión ambiental del gobierno recae en Susana Muhamad, una politóloga y activista ambiental que se desempeña como ministra de Ambiente desde el inicio del Gobierno Petro, el 7 de agosto de 2022. Muhamad ha estado detrás de muchas de las iniciativas legislativas y políticas más importantes en temas como la transición energética, la realización de cumbres medioambientales en el país y la defensa de los recursos naturales. Su labor como ministra se caracteriza por ser ella misma quien lidera y acompaña las intervenciones del gobierno en el territorio y por su posicionamiento en contra del fracking. Recientemente fue reconocida por la ONG estadounidense Vital Voices por su liderazgo en temas medioambientales.
La firma del acuerdo de Escazú, a la que se comprometió Petro en campaña, ha sido uno de los hitos ambientales de su mandato
Uno de los grandes logros del gobierno ha sido la disminución de la deforestación en el país. De acuerdo a cifras dadas por el Ministerio de Ambiente, en 2023 se dio una disminución de entre el 25% y el 35% con respecto a 2022. Sin embargo, para los primeros meses del 2024, hubo un aumento en la deforestación cercano al 40%, debido principalmente a comportamientos delictivos de grupos al margen de la ley que buscan ampliar los cultivos de coca. También ha influido el fenómeno de “el niño”, que afectó a Colombia en los últimos meses de 2023 e inicios de 2024.
El acuerdo de Escazú, un hito clave
Por otra parte, en el mes de agosto de este año la Corte Constitucional avaló la firma del acuerdo de Escazú, que se produjo en las primeras sesiones del Congreso bajo el nuevo gobierno. Desde que estaba en campaña presidencial, Petro anunció que esta sería una de sus principales propuestas medioambientales. Finalmente, su aprobación fue respaldada por la bancada oficialista en el Congreso.
El Acuerdo de Escazú, promulgado en el año 2018 en la ciudad costarricense del mismo nombre, busca que los países de la región de América Latina y el Caribe defiendan tres pilares: la transparencia de la información, la participación pública y las garantías para el acceso a la justicia en asuntos medioambientales. Hasta el momento ha sido firmado por 25 países y ratificado por 14. Su implementación es clave en Colombia, pues, de acuerdo a cifras de la ONU, en el país se ha asesinado a más de 240 líderes ecologistas desde el año 2016.
Con la aprobación del acuerdo, el gobierno de Gustavo Petro reforzó su imagen de defensor del medio ambiente; especialmente al interior del país, pues desde el gobierno anterior diferentes organizaciones campesinas y ecologistas habían presionado para que Colombia se adhiriera a este. Así, tras su aprobación, se han creado diferentes iniciativas que promueven la participación y el control ciudadano en estos temas; la creación de protocolos de reacción y prevención de riesgo para líderes medioambientales de todo el territorio nacional, y una serie de acciones para visibilizar su labor en algunos territorios del país.
El gobierno colombiano quiere vincular la lucha por el medio ambiente con la paz, y así reforzar su apuesta por la pacificación del conflicto con las FARC
Colombia postuló su candidatura a organizar la COP16 en el año 2023, cuando la ONU decidió aplazar el evento que iba a tener lugar en Turquía, por el terremoto que afectó a ese país. Luego de la visita de algunos delegados de la ONU, se propusieron como posibles sedes las ciudades de Bogotá y Cali. Finalmente, el Presidente Petro terminó escogiendo la ciudad de Cali, por su ubicación en un sitio tan biodiverso como es el pacífico colombiano.
El objetivo de la COP16 es realizar un seguimiento a las metas y objetivos mundiales que se acordaron en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en la COP15 celebrada en el año 2022 en Canadá. Estos acuerdos se basan en cuatro grandes objetivos proyectados al año 2050 y 23 metas para el 2030.
Aunque propiamente la COP comienza el 21 de octubre, desde el Ministerio de Ambiente, en conjunto con otros organismos internacionales, se han venido realizando actividades complementarias, como encuentros de pueblos indígenas del Amazonas, de comunidades del Pacífico, y de organizaciones feministas e indígenas.
Las apuestas del gobierno
El gobierno colombiano tiene varios objetivos clave para la COP16: concretar los planes de cada país sobre la forma en que van a cumplir los compromisos, asegurar el financiamiento del Marco Global y acordar la distribución de los beneficios de la información genética. Los tres ya aparecen en el Marco de Kunming-Montreal, pero su adopción se tomaría como un avance en el cumplimiento de estos. Por otro lado, el cuarto objetivo es una propuesta propia de Colombia, donde se busca poner en práctica el slogan del evento: “Paz con la naturaleza”.
Este lema del gobierno de Petro se enmarca en las políticas domésticas de “paz total” repetidas por el presidente, que aboga por una serie de diálogos e iniciativas público-privadas para generar espacios de encuentro y reconciliación con los diferentes actores del conflicto en Colombia. De ahí que se busque un documento que ponga de relieve la relación de la paz con la naturaleza, y que identifique a los recursos naturales –que con frecuencia son motivo de conflictos internacionales– como sujetos de protección de derechos.
Igualmente, la vicepresidenta, Francia Márquez, tiene un objetivo propio en la agenda de la COP16. Su apuesta está centrada en que el Convenio dé un reconocimiento explícito a las labores de conservación y protección del medioambiente que han desarrollado los pueblos afrodescendientes, a los que la propia Márquez pertenece.
Críticas: inseguridad y falta de pragmatismo
La oposición al gobierno no ha criticado propiamente la iniciativa de la COP, pero sí ha presentado reparos por la falta de seguridad en el departamento donde se realizará el evento. Desde hace un tiempo, allí se han hecho fuertes algunos grupos guerrilleros. De hecho, una facción del Estado Mayor Central, un grupo disidente de las FARC que continúa con la actividad violenta, ha recomendado a la población local “abstenerse de asistir a la COP”.
No obstante, las principales críticas al evento vienen de grupos ambientalistas, que consideran estas cumbres un evento político sin utilidad práctica. Algunos líderes dicen que la falta de compromiso y acción que ha caracterizado a estas reuniones no permite que haya un verdadero cuidado de los recursos naturales; incluso se habla del incumplimiento de los acuerdos de Nagoya, dados en el año 2014 y sobre los cuales no se ha visto un avance comprometido.
Una COP con nuevos aires y enfoques
La COP16 se muestra como una gran oportunidad para que el gobierno de Gustavo Petro consolide esa imagen de líder medioambiental que ha proyectado internacionalmente. Los compromisos que se construyan y los avances que se den en torno al cumplimiento de los objetivos y metas pueden ayudar a recordar este evento como un hito en la conservación de los recursos naturales en el mundo.
Igualmente, la posición asumida por el gobierno colombiano sobre abrir la conferencia al público en general, disponiendo espacios para las personas que no forman parte de misiones diplomáticas, puede ayudar a fortalecer la agenda enfocada en pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes.
De lograr firmarse la declaración que busca implementar el gobierno sobre la “Paz con la naturaleza”, sería también una oportunidad para darle un nuevo enfoque a las cumbres medioambientales, pues se estaría uniendo la lucha por la conservación de los recursos naturales con el mantenimiento de la paz en el mundo.
Por último, el éxito o fracaso de esta cumbre influirá profundamente en el desarrollo de los dos años restantes del gobierno de Gustavo Petro: en ella se juega la posibilidad de obtener recursos para implementar sus principales propuestas ecologistas, como la disminución del uso de energías tradicionales y su sustitución por mecanismos alternativos, una idea que ha caracterizado lo que va de su mandato.