Un nuevo informe sobre las escuelas concertadas españolas, esta vez elaborado por la ONG Save The Children (STC), ha vuelto a poner el foco sobre la influencia de estos colegios en la equidad educativa; es decir, sobre el grado en que producen –o al menos no disminuyen– las desventajas con que parten los alumnos de estratos socioeconómicos más bajos.
A diferencia del publicado por EsadeEcpol, cuyas inexactitudes y lagunas ya fueron analizadas en un artículo anterior (¿Crea la escuela concertada desigualdad social? Desmontando un discurso falso paso a paso), el estudio de STC no carga la culpa de la inequidad principalmente sobre la red concertada. De hecho, reconoce –cosa que el otro no hacía, o hacía con la boca pequeña– que el cobro de cuotas en estos centros se debe a la insuficiente financiación por parte del Estado, hace una estimación más creíble de su importe medio, y explica que son menores en las escuelas situadas en barrios o ciudades con rentas más bajas (lo que limita en la práctica su potencial excluyente).
Más allá de las cuotas, el informe sale al paso de algunos tópicos falsos sobre la concertada que han hecho fortuna en ciertos sectores de la opinión pública.
Por ejemplo, desmiente con datos que se haya producido una “fuga” de alumnos desde los centros públicos hacia los concertados; señala cómo los criterios de admisión son prácticamente los mismos en ambas redes; explica que la menor presencia de la concertada en entornos rurales no se debe a una mentalidad elitista, sino a que en estas zonas solo hace falta una escuela para matricular a la población estudiantil. Incluso se atreve a denunciar que la necesaria mejora de la subvención pública a la red concertada (que algunos partidos de izquierda llevaban en su programa) no se acaba de abordar, entre otras razones, “por el costo político” que podría tener entre los votantes de esas formaciones.
Algunos peros
Con todo, al informe también se le pueden poner algunos peros. Por ejemplo, que cuando destaca la brecha en el perfil socioeconómico entre el alumnado público y el concertado, no acierte a señalar el peso que tiene en ella la casi nula presencia de la concertada en el mundo rural, donde la renta per cápita es claramente inferior; o que acuse a algunos centros concertados de cobrar sobreprecios en algunos servicios (el comedor, el transporte escolar y las actividades complementarias y extraescolares), obviando que en muchas comunidades autónomas las familias de la concertada no pueden acceder a becas para estas actividades, lo que excluye a las de menos recursos. Tampoco se ofrecen razones claras, más allá de que lo dice la última ley de educación, cuando se recomienda excluir de los conciertos a los centros de educación diferenciada.
El ejemplo de Países Bajos y Reino Unido muestra que cuando se subvenciona de forma justa a la red concertada, el perfil de su alumnado apenas difiere del de la pública
Un error más de fondo es asumir que segregación escolar (la concentración del alumnado desfavorecido en unas escuelas, y del favorecido en otras) siempre equivale a inequidad educativa. En realidad, se trata de una cuestión discutida entre los expertos. Por ejemplo, el sociólogo Julio Carabaña publicó el año pasado un informe desmintiendo esta relación para el caso de España. Su tesis, apuntalada con datos extraídos de PISA, es que esta segregación puede perjudicar el pluralismo social o la convivencia, pero no añade apenas nada a la brecha de resultados por nivel socioeconómico.
Países Bajos y Reino Unido: con la financiación adecuada no hay segregación
Uno de los aspectos más interesantes del estudio, y que no es frecuente encontrar en otros que abordan esta cuestión, es la comparación de la red concertada española con las de otros países. El informe destaca que allí donde la financiación pública cubre los gastos de esta red en igualdad de condiciones con los de la pública, apenas existen diferencias entre el perfil socioeconómico de los estudiantes de ambas redes. Así ocurre, por ejemplo, en Reino Unido, Países Bajos o Corea del Sur, tres países donde el porcentaje de alumnos en centros concertados es incluso mayor que en España (en los dos primeros la concertada es, incluso, la red mayoritaria) y donde el Estado subvenciona más del 95% de los gastos de estas escuelas, cuando en España no llega al 80%.
Aunque los autores no confirmen que exista una relación causal entre estos dos factores, es lógico pensar que sea así: si no se impone un plus de gasto a las familias que quieran escoger unos centros u otros, el perfil del alumnado tenderá a ser parecido. El ejemplo de estos países vendría a demostrar, por tanto, que una buena parte de la segregación que se ve en las aulas españolas es culpa de esa deficiente financiación de la concertada.
Además, es interesante comprobar que los tres países citados consiguen buenos resultados en PISA tanto en lo estrictamente académico (notas altas en lectura, matemáticas y ciencias) como en la equidad (el peso del estrato socioeconómico de los alumnos no es muy alto). Por otro lado, el informe también destaca que el nivel de autonomía de las escuelas en estos tres países es bastante mayor que en España; y no solo en sus redes concertadas, sino también en las públicas.
Una hoja de ruta para reducir la segregación
El informe de STC no solo realiza un diagnóstico del problema de la segregación escolar mucho más ajustado a la realidad que el de EsadeEcpol, sino que además incluye una serie de propuestas sensatas para atajarlo.
Los autores sugieren igualar la financiación de ambas redes, conceder un extra por cada alumno vulnerable matriculado y eliminar criterios de admisión segregadores
En primer lugar, pide que la red concertada reciba un trato similar a la pública en cuanto a la financiación estatal, de modo que no sean necesarias las cuotas. Por ejemplo, en lo referido a la construcción y mantenimiento de las instalaciones, o el acceso a las becas para comedor y transporte, dos aspectos en los que actualmente los centros concertados sufren un claro perjuicio (se podría añadir, por cierto, la equiparación de los sueldos de los profesores por hora de clase, también menores en la concertada). A cambio, el informe reclama una inspección rigurosa de las cuentas de estos colegios, que asegure que los servicios financiados con dinero público son efectivamente gratuitos para las familias.
Se propone también que, además de la financiación estable, los centros concertados reciban un plus por matricular a estudiantes vulnerables. Se trata de crear incentivos que reduzcan la brecha entre el perfil socioeconómico del alumnado de estos colegios y el de los públicos. Esto ya se está haciendo en Cataluña, y con éxito, a través del programa Motxilles escolars. También existen medidas similares en Reino Unido y Países Bajos.
En cuanto a los procesos de admisión, el informe propone, entre otras cosas, eliminar la posibilidad de usar algunos criterios con mayor potencial excluyente. Uno de ellos es el que concede más puntos a alumnos que hayan cursado o tengan hermanos en etapas no concertadas del colegio, como el primer ciclo de infantil, bachillerato, o FP de grado medio. Con esta práctica los centros tratan de premiar a las familias que han tenido que costear de sus bolsillo estos estudios no sostenidos con fondos públicos, pero el efecto colateral es excluir a las que no tienen recursos para ello. Para cortar el problema de raíz, los autores sugieren extender el concierto estatal a las tres etapas antes mencionadas, una vieja reclamación de la red concertada.
En general, el conjunto de propuestas busca, primero, atajar las desventajas de la red concertada en cuanto a financiación, para poder reclamarle, después, un mayor esfuerzo en la lucha contra la segregación. No obstante, conviene recordar que la segregación es solo uno de los componentes, y no de los más relevantes, de la desigualdad de resultados; y que, en España, solo un 20% de la segregación escolar se debe a la brecha entre centros públicos y privados.