Después de un año preparatorio, este curso debería aplicarse íntegramente la reforma de la formación Profesional (FP) que quedó plasmada en la ley de 2022. La principal apuesta del texto, y también el reto más complejo, es la extensión de la FP dual, aquella en la que una buena parte de la formación del alumno tiene lugar en la empresa.
Si uno lee las informaciones sobre FP que han ido apareciendo en los medios durante los dos últimos años, es fácil sentirse optimista. En efecto, parece que –por fin– la percepción social respecto a este tipo de educación está cambiando, y cada vez se ve más como un itinerario adecuado para la inserción laboral, en vez de como un “premio de consolación” para quien no puede aspirar a la universidad.
Una elección menos corriente que en el resto de Europa
Aun así, la elección de este itinerario en España sigue siendo bastante menos frecuente que en muchos países de Europa (gráfico 1), tal y como muestra la última edición del informe Education at a Glance. Ha sido así históricamente, lo que se refleja en que el porcentaje de población adulta (25 a 64 años) cuya titulación más alta es de tipo profesional está muy por debajo de la media europea. Entre los jóvenes de 25 a 34 años, la diferencia se ha reducido 8 puntos, pero sigue siendo abultada (27% frente a 35%).
Esto se debe a varias causas. En primer lugar, hay más abandono de las aulas tras la etapa obligatoria; en segundo, entre quienes sí continúan, la opción académica –el Bachillerato– sigue siendo mucho más popular que la profesional (cosa que no ocurre, u ocurre en menor grado, en países como Alemania, Finlandia o Francia); por último, para un porcentaje mayor de los alumnos que se deciden por la FP, esta es una estación de paso hacia otros estudios superiores, no un trampolín directo al empleo.
En España, un menor porcentaje de titulados en FP salta directamente al mercado laboral, quizás por el poco valor añadido que aportan estos estudios a los salarios
Esto último se ve de forma especialmente clara cuando se analiza qué pasa con los titulados en FP de grado medio un año después de graduarse: mientras que en el resto de Europa sigue estudiando apenas el 25%, en España lo hace el 50%. Por su parte, un tercio de los titulados en FP superior se matriculan en la universidad al año siguiente. Esto hace que la tasa de afiliación a la Seguridad Social dos años después de terminar la FP media (46%) o superior (60%) sea inferior a la media europea.
En lo que sí se parece España al resto de Europa es en que los estudios profesionales son elegidos más por chicos que por chicas –ellas, en cambio, son clara mayoría entre los universitarios–, aunque la brecha parece haber menguado en los últimos años.
Otra de las razones que quizás influye en la menor popularidad de la FP en España se refiere al impacto que tiene en los salarios: mientras que el plus que suponen estos títulos respecto al sueldo de los que se han quedado en la ESO o en Bachillerato es relativamente pequeño, la penalización respecto a los que tienen un título universitario es mayor que la media europea.
FP dual, la gran apuesta
La apuesta por la FP dual obedece precisamente al deseo de que tenga una mayor carga práctica y se articule de forma más cercana a las demandas del mercado, lo que aumentaría el atractivo laboral de estos estudiantes.
Hasta ahora, todos los alumnos de FP realizaban un periodo de prácticas no remuneradas en la empresa, pero su peso en la duración total del grado era más reducido que en la media europea (gráfico 2).
Con la nueva ley, esto –al menos en teoría– cambiará. La norma divide la oferta educativa en cinco niveles, de la A a la E. El nivel D aglutina la mayor parte de los estudiantes actuales –incluye los niveles básico, medio y superior–, y es también el primero donde a partir de ahora será obligatoria la modalidad dual, en la que la estancia en la empresa estará remunerada.
La implantación de la FP dual hasta ahora ha sido muy escasa. En el curso 2021-22 apenas participaba en ella el 4% de los matriculados en FP (con la llamativa excepción de Navarra, donde el porcentaje superaba el 15%).
Así pues, el reto de pasar al 100% es mayúsculo. Eso sí, los resultados obtenidos hasta la fecha avalan la apuesta. Basta mirar los datos referidos a la probabilidad de encontrar trabajo tras titularse. A pesar de que entre los graduados en FP dual hay una mayor tendencia a continuar estudiando después, su tasa de afiliación a la Seguridad Social a los dos años de la graduación es claramente mayor que la de los que cursaron la FP tradicional (hasta 12 puntos porcentuales más en los graduados de nivel superior).
Así pues, el éxito de la dual parece claro. No obstante, hay que ver si sigue siéndolo una vez esta modalidad se extienda al grueso de los matriculados, en vez de solo a unos pocos como hasta ahora.
La ley de 2023 prevé dos tipos de FP dual: la general, en la que el tiempo de formación en la empresa debe suponer entre el 25% y el 35% del total, y la intensiva, en la que el porcentaje ha de superar el 35%. Es previsible que, al menos en estos primeros años, la mayoría de centros se acojan a la primera.
Primer desafío: el personal
Un informe de la Fundación Bertelsmann publicado hace unos meses analiza cuáles son los principales desafíos de la FP dual, tanto para las escuelas como para las empresas, y ofrece algunas propuestas para abordarlos.
Un primer reto es asegurar la necesaria cantidad y capacitación del personal que tutela la estancia del alumno en la empresa, de manera que la generalización de la FP dual no lleve aparejada una rebaja en la calidad de la formación.
Para adaptar la FP dual al tejido empresarial español, compuesto sobre todo por Pymes, la ley prevé que varias compañías puedan agruparse para la formación de los estudiantes
La Ley establece que, durante esta estancia, cada alumno ha de contar con un tutor por parte de la escuela y otro formador-tutor en la empresa (pueden ser dos personas diferentes o una sola que se ocupe de ambas funciones). Esto supone un importante gasto en recursos humanos, y requiere una mayor coordinación entre escuela y empresa.
En España, la inmensa mayoría del tejido empresarial está formado por compañías pequeñas o medianas, para las que el coste relativo de dedicar algunos empleados a estas tareas es mayor. Por eso, la ley permite –y el informe de Bertelsmann recomienda– que, a efectos de formación de los estudiantes, varias de ellas puedan agruparse, o también reunirse bajo el paraguas de otra de mayor tamaño de la que sean clientes o proveedoras. Así, se podrían organizar estancias rotatorias, de manera que el estudiante pase por diferentes puestos y empresas. Esto reduciría los costes para cada una, pero está por ver si la discontinuidad enriquece o perjudica el aprendizaje.
Capacitar a los formadores de las empresas es otro reto. Sería interesante que, para compensar los costes para las compañías –y de paso incentivarlas a participar en la FP dual–, el gobierno se comprometiera a subvencionar esta capacitación (y quizás también parte de la remuneración al alumno).
La ley también prevé que, al igual que las empresas, los centros educativos (que en FP suelen tener plantillas especialmente inestables) también puedan agruparse. De hecho, según algunos expertos, la tendencia será la concentración de la oferta en macrocentros, o la creación de escuelas de referencia que puedan centralizar algunos servicios.
Segundo desafío: la flexibilidad
La educación en general, pero especialmente la FP, vive entre dos demandas casi opuestas. Por un lado, se dice que el mercado necesita personal especializado (y muchos empresarios se quejan de no encontrarlo); pero también se escucha que hace falta preparar a los alumnos para empleos que quizás todavía no existen, y que lo normal en el futuro será cambiar de puesto con frecuencia, lo que recomienda una formación más generalista.
La dependencia actual de los catálogos oficiales esclerotiza un sector que debe ser muy sensible a las demandas del mercado
La FP dual podría responder a esta doble demanda dejando a las escuelas la formación “troncal”, y la especializada, a las empresas. Sin embargo, incluso dentro de este planteamiento, es un sentir común que el procedimiento para cambiar los planes de estudios debe ser más ágil y flexible, de modo que permita una adaptación rápida a la evolución del mercado o al tejido de empresas local. La dependencia actual de los catálogos oficiales esclerotiza un sector que, por naturaleza, debe ser dinámico. La generalización de la modalidad dual podría forzar este cambio. Otra cosa es que las escuelas tengan la “cintura” necesaria para adaptarse.
También debería cambiar la forma de evaluar. Aunque la ley encomienda esta tarea solo a los centros educativos, la mayor intervención de las empresas en todo el proceso formativo, razón de ser de la FP dual, recomienda que estas también tengan un peso específico en la evaluación. Una vez más, hay que ver si la escuela está dispuesta a “soltar cuerda”.
Como se ve, son muchos los desafíos que plantea la nueva FP, y la modalidad dual en particular. Es bueno fijarse en modelos como Alemania o Finlandia, y obligarse a dar pasos que quizás se demorarían innecesariamente sin el estímulo de la nueva ley. Con todo, conviene también ser prudentes y realistas, para que esta necesaria “revolución” no se cobre víctimas inocentes.