La misión de la nueva Europea Media Freedom Act es proteger la independencia y la libertad de los medios de información ante el poder político y luchar contra la creciente desconfianza de los ciudadanos frente a la prensa. Es una norma que propone soluciones y que en ningún momento habla de control de la información.
¿Deben estar regulados los medios de comunicación? Sin duda, sí. ¿Debe estar regulada la información? Por supuesto que no. Mejor dicho: no debe tener más regulación que la que marca el Código Penal. Creo que es el mejor punto de partida para analizar la European Media Freedom Act (EMFA), el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, como se ha traducido al castellano.
La EMFA se aprobó el 15 de diciembre de 2023 por el Consejo y el Parlamento Europeo, durante la presidencia española de la UE, y después de un largo proceso legislativo entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo. En marzo de 2024 el Parlamento adoptó, con 464 votos a favor, 92 en contra y 65 abstenciones la resolución legislativa sobre la EMFA. El texto entró en vigor en todos los Estados de la UE el 7 de mayo pasado y las nuevas reglas se aplicarán plenamente a partir del 8 de agosto de 2025. Al tratarse de un Reglamento, no hace falta transponerlo a las legislaciones nacionales, sino que es adoptado directamente.
Dos peligros para la libertad de información
¿Por qué ahora ese Reglamento? La Comisión y las instituciones europeas quieren garantizar la libertad de información en la UE ante dos claros peligros que se ciernen sobre ella. La primera intención es proteger a los medios de comunicación de las injerencias políticas de sus gobiernos, cada vez más acusadas en algunos países. La segunda, aumentar la transparencia de las empresas informativas para contrarrestar la creciente desconfianza de los ciudadanos hacia la prensa. Como afirman los profesores del Reuters Institute for the Study of Journalism de la Universidad de Oxford Rasmus Kleis Nielsen y Richard Fletcher, en el informe Digital News Report de 2024: “Gran parte del público no confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. Sucede en todo el mundo. Si bien se verifica una variación significativa de un país a otro y de una marca a otra, en el informe de este año apenas el 40% de nuestros encuestados en 47 mercados dicen que confían en la mayoría de las noticias”. Y esa desconfianza se ha ido acelerando en los últimos años.
El Reglamento no tiene nada que ver con el control de los medios y afronta la lucha contra la desinformación desde el punto de vista de la misión de la prensa en una sociedad democrática
El objetivo final del Reglamento es, pues, afianzar la libertad de información en la UE con medidas que sirvan para hacer los medios más libres y más dignos de confianza. Es importante recalcar este punto ante el avance de posturas políticas en uno y otro lado del espectro que, con la excusa de la desinformación, pretenden aherrojar a los medios y cercenar la libertad de prensa. El Reglamento no tiene nada que ver con el control de los medios y afronta la lucha contra la desinformación y las fake news desde el punto de vista positivo del reforzamiento del papel de la prensa en una sociedad democrática.
En ese contexto hay que entender ese regular a los medios, sí, que decíamos al principio. Por ejemplo, los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes son los propietarios de los periódicos, radios, cadenas de televisión webs… a través de los que se informan. Un requisito que, por ejemplo, se exige a las empresas cotizadas en Bolsa: los inversores tienen que saber con quién se juegan los cuartos, nunca mejor dicho. En cambio, no se requiere a las compañías con las que los ciudadanos se juegan su libertad. A partir de ahora, en un importante paso hacia la transparencia, las empresas informativas están obligadas a publicar quiénes son sus accionistas para que sus usuarios puedan conocer los intereses que pueden tener los propietarios de una empresa informativa.
Independencia
El Reglamento también establece la obligatoriedad de informar sobre la publicidad institucional que reciben los medios. Es otra forma de regulación de su actividad y un buen dato para que los ciudadanos conozcan el grado de dependencia financiera que tienen los medios de las distintas administraciones. Ni que decir tiene que un medio que vive de la publicidad institucional de una administración o de empresas públicas estatales, regionales o locales tiene muy condicionada su independencia.
El Reglamento no otorga a los Gobiernos la potestad de declarar qué es “información veraz” y qué es “desinformación”
La EMFA no entra en ello, pero en aras de la transparencia, sería muy interesante conocer al máximo detalle posible la publicidad privada que llega a los medios. Si resulta que los ingresos publicitarios de un periódico o de una web dependen en un 15%, 20% o 25% de un solo anunciante podemos suponer que éste puede condicionar sus informaciones y sus opiniones, sin que el lector esté al tanto de ello y, por tanto, sea fácilmente manipulable.
La información no se regula
Contestamos ahora a la segunda pregunta del principio de estas líneas: ¿regular la información?; claramente, no. Por eso, no es intención del Reglamento otorgar a los Gobiernos la potestad de declarar qué es “información veraz” y qué es “desinformación” o “fake news”. No existe en articulado del texto ninguna referencia en este sentido, como no podía ser menos. Sería un claro ataque a la libertad de información.
Por tanto, los gobiernos europeos, para cumplir con el EMFA, sólo tienen que “desarrollar la normativa necesaria para dotar de transparencia a la financiación que recibe cada medio en forma de publicidad institucional y privada y en forma de participación accionarial. Y garantizar una distribución objetiva de la publicidad institucional de las comunidades autónomas y ayuntamientos”, afirma Elena Herrero-Beaumont, cofundadora y directora del think tank Ethosfera, que impulsa, junto con la Fundación Haz, el Observatorio de Medios. El Observatorio de Medios es, quizá, la iniciativa privada de autorregulación del sector más interesante que hay en España en estos momentos, en la que participan compañías como Prisa, Vocento, Henneo, Atresmedia o El Confidencial, y que cuenta con colaboradores como la Universidad de Navarra, la Asociación de Periodistas de Información Económica o el Club Abierto de Editores (Clabe), una asociación de medios de comunicación que reúne a más de 180 grupos empresariales, casi todos de información a través de internet.
El Observatorio está elaborando unos códigos de conducta de las empresas informativas que van más allá de las exigencias del Reglamento europeo, pero en su misma línea: proteger a las compañías del acoso político y tratar de devolverles mediante la transparencia el favor de los ciudadanos… todo ello, sin regular la información. Y, yendo más allá de esos mínimos estándares de transparencia, trabaja también en la elaboración de códigos de conducta que puedan regular las relaciones mutuas entre la propiedad, la gestión y las redacciones en las empresas informativas.
Puntos espinosos
El Reglamento tiene un par de puntos más espinosos. Uno es que establece que los gobiernos nacionales deben habilitar un regulador responsable de supervisar el cumplimiento de la EMFA, en apoyo al regulador europeo, que pasará a denominarse European Media Services Board, al que tendrán que reportar. En España se piensa que ese regulador será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero a nadie se le escapa que un supervisor de los medios es un organismo demasiado goloso para cualquier autoridad.
El otro punto que debería haberse aclarado más es la relación entre los medios, digamos, estructurados y sometidos a regulación –periódicos, webs informativas, radios…– con los propagadores de contenidos –redes sociales, podcast, blogs, videoblogs, etc.–. La EMFA protege a los medios que reúnen unos estándares editoriales, pero deja demasiado etérea la definición de medio de información en internet, de forma que el concepto “pseudomedio” puede alcanzar distintos significados para distintas personas.
En definitiva, “la EMFA parte de los principios de que la información es un bien común, que las compañías de medios no son como cualquier otro negocio y que es preciso proteger la independencia y el pluralismo de los medios en toda Europa. Y parte del principio de transparencia como la principal herramienta para poder avanzar estos principios”, señala Herrero-Beaumont. Habrá que sospechar de cualquier intento de regular la prensa que no se base en estos principios.