Francia: El proyecto de legalizar la “ayuda a morir” se enfrenta a una fuerte oposición

Francia se caracteriza por su rigor en el tratamiento de las cuestiones bioéticas. Cada paso normativo viene precedido de infinidad de discusiones y artículos en los medios informativos. Así se ha visto en el caso del proyecto de ley sobre el fin de la vida presentado el Gobierno, que propone admitir el suicidio asistido, con el nombre de “ayuda a morir”.

La apertura a los avances científicos se ha subordinado casi siempre a las exigencias de la dignidad de la persona, sin improvisaciones ni dogmatismos: existe como una conciencia de la provisionalidad de la ley en temas tan delicados, que determinó el compromiso de revisarlas cada cinco años, a la luz de la experiencia y del eventual progreso técnico, aunque no siempre resulta fácil cumplir ese plazo.

Esto explicaría que siga vigente la ley Claeys-Leonetti de 2016, sobre el fin de la vida, y esté costando reformarla, porque, como la anterior ley Leonetti de 2005, alcanzó un excepcional y casi unánime consenso parlamentario. De hecho, el proyecto prometido en su día por el candidato a la presidencia Emmanuel Macron ha tardado siete años en llegar a la Asamblea Nacional.

Un antiguo deseo del presidente Macron

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No se incluyó la reforma en los “Estados generales” de la bioética, la gran consulta nacional de 2018. Además de aquella amplísima mayoría, se concluyó que la ley respondía bien a los problemas humanos de esa etapa final del ciudadano: necesidad de implantar los cuidados paliativos en el sistema público de sanidad, rechazo de la eutanasia y la asistencia al suicidio, sedación profunda y continua –hasta la muerte- para enfermos incurables con pronóstico a corto plazo y sufrimientos insoportables.

La opinión de Emmanuel Macron era distinta, como se vio en la campaña presidencial de 2017: manifestó su deseo de reformar la ley, en función del respeto a la libre autonomía de la persona. A pesar de su carácter decidido, prefirió esperar, tal vez para no añadir leña al fuego que producirían indispensables reformas en la administración pública y en la política social. Por otra parte, con la inesperada pandemia del covid, habría sido muy impopular abrir el debate de la muerte… Pero volvió a repetirlo en la campaña que le llevaría a la reelección, aunque perdería poco después la mayoría absoluta de que había gozado en la Asamblea Nacional en la legislatura precedente.

Pronto comprendió que el tema no era nada pacífico. Recurrió entonces a la fórmula de la “convención ciudadana”: 150 ciudadanos, elegidos por sorteo, dentro de un amplio espectro, se irían reuniendo en sesiones de tres días, escalonadas hasta marzo de 2023, en intento de reflejar la opinión pública sobre la ley vigente y su posible reforma. Repetía el modelo que actuó por vez primera dos años antes, para recibir sugerencias en la lucha contra los problemas derivados del cambio climático.

Clara prioridad de cuidados paliativos frente a eutanasia

Como era previsible, por las características de la iniciativa, se barajaron muchos argumentos compasivos propicios a la posibilidad de legalizar el suicidio asistido y la eutanasia. El presidente de la República no esperaba que los participantes subrayaran con más fuerza aún el enorme déficit francés en materia de cuidados paliativos, que debería ser colmado antes de las reformas. La impresión es que Macron pareció dudar, influido también por el elevado número de intervenciones públicas bien argumentadas contra su proyecto. Se imponía la espera.

El principal consenso en la opinión pública francesa se ha producido en torno a la necesidad de asegurar los cuidados paliativos a cuantos los necesiten

Además, un informe específico del Tribunal de Cuentas señaló que sólo se cubría el 50% de la indispensable atención paliativa, instrumento indispensable para asegurar la dignidad de la vida humana en su tramo final. Observó también abundantes disparidades regionales, diferencias entre la atención en hospitales o a domicilio, diversidad de residencias de ancianos, algunas en situaciones críticas manifestadas durante la pandemia. Se fue creando un clima favorable al adecuado equilibrio entre los tres grandes principios de la revolución: la libertad del enfermo debía conjugarse con criterios de igualdad y fraternidad. Y, para muchos, esa armonía estaba reflejada en la ley Claeys-Leonetti.

En ese contexto, el principal consenso en la opinión pública francesa se ha producido en torno a la necesidad de asegurar la efectividad de los cuidados paliativos a cuantos los necesiten y en el lugar en que los necesiten: así lo señaló la convención ciudadana, o las intervenciones del Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y la Salud, así como los dictámenes de la Academia de Medicina o la organización médica colegial, sin mencionar la toma de postura de la conferencia episcopal francesa y los principales representantes de otras confesiones religiosas, recibidos en diversas ocasiones en el Elíseo.

Cuando se considera que vivir no es obligatorio

A pesar de todo, el Comité Nacional de Ética alentó un cierto giro, al considerar como dato de hecho que ha ido progresando la idea de que no hay “obligación de vivir” una vida que se hace insoportable. No preconizó la necesidad de una nueva ley. Se limitó a señalar, para el caso de que el gobierno decidiera iniciar el proceso de reforma, unas líneas rojas sobre la posibilidad de la asistencia al suicidio: “personas mayores con enfermedades graves e incurables que provoquen sufrimientos físicos o psíquicos no tratables, con pronóstico de muerte a medio plazo”. En cualquier caso, proclamaba que los médicos tendrían derecho a la objeción de conciencia.

Esa posible apertura aceleró paradójicamente los debates, pues muchas voces señalaron los graves perjuicios que un reconocimiento jurídico de la ayuda al suicidio supondría para personas vulnerables, aisladas o frágiles desde el punto de vista psico-social: “Una ley sobre la ayuda activa a morir satisfaría el deseo individualista de autonomía y libertad de algunos, reduciendo el deseo de fraternidad de muchos”, advirtieron unos paliativistas. Como ha señalado ahora Didier Sicard, antiguo presidente del Comité nacional, la eutanasia es una reivindicación de personas que gozan de buena salud, pero no saben cómo reaccionarán cuando sientan la cercanía de la muerte.

En el texto del proyecto de ley quedan fuera expresiones como “eutanasia” o “suicidio asistido”, y los cuidados paliativos se enfocan como un medio de acompañamiento al paciente

En todo caso, son serias las derivas que se proyectan sobre la responsabilidad personal de los médicos. Lo planteó en su día la Academia de Medicina francesa, en el contexto de las discusiones de la ley Claeys-Leonetti: la aceptación por parte de los facultativos de las declaraciones anticipadas de los pacientes no puede ser incondicionada. Pero, además, como se ha subrayado, no es propiamente cuestión de conciencia, sino de competencia: el médico está capacitado profesionalmente para ayudar a vivir, no a morir.

La síntesis macroniana: acompañamiento al final de la vida

El Gobierno de Gabriel Attal se ha arriesgado a aprobar un proyecto de ley, que entró en la Asamblea Nacional el 22 de abril. Lo presentó la ministra de de Trabajo, Sanidad y Solidaridades, Catherine Vautrin, quien animó a los diputados a que las discusiones parlamentarias se desarrollen dentro de “un espíritu de humanidad, escucha y respeto”. De momento, la comisión especial encargada del proyecto abrirá un periodo de audiencias, antes de analizar sus 21 artículos y las enmiendas de los grupos parlamentarios. La decisión más delicada afecta a si se puede facilitar a ciertos pacientes los medios para suicidarse, así como hacerlo en su nombre en caso de que sean incapaces de realizarlo por sí mismos.

Para intentar reducir la oposición, el Gobierno ha cambiado el título de la futura norma, que ahora se presenta como proyecto de ley “relativa al acompañamiento de los enfermos y del fin de vida”. Quedan fuera del texto expresiones como “eutanasia” o “suicidio asistido”, y los cuidados paliativos se enfocan como un medio de acompañamiento al paciente. Se trata de evitar lo que hace sufrir a las familias, a los enfermos y a los propios equipos médicos, mediante una “ayuda a morir”. Ante el reproche habitual de abrir ese camino cuando no se puede ofrecer a todos los enfermos los cuidados que aliviarían el trance, el proyecto se ampara en un plan decenal –hasta ahora había planes trienales menos ambiciosos– para desarrollar esos remedios, que el proyecto rebautiza como “cuidados de acompañamiento”.

La gran mayoría de los médicos no está a favor de intervenir en la “ayuda a morir”

El texto establece condiciones “estrictas” para ayudar a morir: la persona debe ser mayor de edad y capaz de expresar su voluntad de forma libre e informada; padecer una enfermedad grave e incurable con pronóstico de muerte a corto o medio plazo; por último, presentar sufrimientos físicos o psíquicos intratables o insoportables, ligados a esa enfermedad. La ministra precisa que la ley no contempla el estado civil ni la edad, sino sólo un criterio médico: la enfermedad.

La oposición de médicos y personal sanitario

Por las declaraciones de sus representantes, se deduce que la gran mayoría de los médicos no está a favor. El sistema previsto les traslada la responsabilidad, una vez que el proceso se inicia con la petición del paciente, reiterada al menos dos días después. Serán preciso luego dos pareceres: un médico especialista en la patología, pero que no conozca al paciente, y un profesional paramédico que le acompañe. Luego, la decisión recaería en el médico inicial, que se convierte en juez único inapelable.

Tampoco están dispuestos a ocuparse del “gesto letal” cuando el paciente no esté en condiciones físicas de administrárselo. Puede designar a una persona de su confianza o a uno de sus cuidadores. Pero, también en este caso, a juicio de Catherine Vautrin, será absolutamente necesaria la presencia de un facultativo, para que pueda intervenir si es preciso.

La Sociedad Francesa de Acompañamiento y Cuidados Paliativos acaba de publicar las respuestas a un cuestionario que distribuyó por Internet entre los dedicados a estas tareas. Respondieron unos 2.300 cuidadores y voluntarios. El 86% de los médicos miembros de esa Sociedad y el 72% de los no miembros afirman que se negarán a administrar el producto letal. El 80% y el 70%, respectivamente, no están dispuestos a prescribirlo.

Aunque el proyecto prevé la objeción de conciencia, la oposición es muy fuerte –auténtica hostilidad- en sindicatos de psiquiatras, geriatras y médicos coordinadores en residencias de personas mayores dependientes. El plan decenal del gobierno intenta paliar esos malestares, pero esta vez el “al mismo tiempo” típico de Macron no encaja: la ley entraría en vigor hacia 2025. Pero, hasta el 2034 no todos tendrán acceso a cuidados paliativos.