La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la capital de México, aprobó el 24 de abril la reforma del Código Penal para eliminar el estatus de aborto a todo aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación del feto. El viernes 20 se aprobó en comisión el proyecto, con 14 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Aunque la propuesta que se había discutido durante los últimos meses suponía aumentar los supuestos bajo los que se podía abortar (incluyendo «posible daño a la gestante para sus proyectos a futuro»), a última hora la reforma ha ido más lejos, al modificar la definición jurídica del aborto en el Código Penal. Hasta ahora se ha considerado legalmente aborto la muerte del producto de una concepción en cualquier momento del embarazo. La propuesta aprobada establece que el aborto sea la interrupción del embarazo tras la duodécima semana de gestación, momento en que el embrión se implanta en el endometrio.
La propuesta supone también que el Código Penal del Distrito Federal reduzca el castigo para el aborto a partir de la semana 12, que se podrá practicar, como hasta ahora, en tres casos (violación, malformación del feto y peligro para la vida de la madre). La votación, entre encendidos debates y protestas fuera de la Cámara, ha sido favorable a la nueva ley por 46 votos a favor, 19 en contra y una abstención.
Posturas opuestas a la ley
La arquidiócesis de México, junto con más de cincuenta asociaciones civiles, fieles laicos y miembros de otras confesiones religiosas -ortodoxos, anglicanos, evangélicos- llamó a sumarse a las iniciativas pacíficas de protesta y a las jornadas de oración que culminaron el 25 de marzo -fiesta de la Encarnación y Día Internacional por la Vida- con una peregrinación a la Basílica de Guadalupe, donde el Card. Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, celebró una misa para miles de fieles que llenaban el enorme atrio. Presente en el presbiterio colocado para la ceremonia, se encontraba el arzobispo ortodoxo Atenágoras. Tanto dicho arzobispo, como pastores de la iglesia anglicana y de otras confesiones, se unieron a la marcha organizada en otra fecha por el Colegio de Abogados Católicos desde la catedral hasta el palacio legislativo, para presentar ante la Asamblea sus objeciones y su oposición a la despenalización del aborto.
Benedicto XVI, en una carta dirigida a los obispos participantes en la LXXXIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana, mostró su preocupación por el proyecto de ley y recordó el deber de los católicos de «proteger y defender con firme decisión el derecho a la vida de todo ser humano desde el primer instante de su concepción, frente a cualquier manifestación de la cultura de la muerte».
El Colegio de Abogados Católicos dirigió una recogida de firmas, entregadas el lunes 23 a la Asamblea, para reclamar un referéndum de acuerdo a lo que la Ley de Participación Ciudadana establece. A pesar de no tener figura jurídica reconocida, algunos obispos han comentado la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que también se plantea el presidente de Provida, Jorge Serrano Limón, que lo solicitará al Partido Acción Nacional (PAN), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Una cuestión local de alcance nacional
El debate sobre el aborto se ha extendido a todos los rincones del país. Antes, la cuestión dependía de la Secretaría de Salud, pero en la actualidad ha dejado que los gobiernos locales discutan y legislen sobre el particular en sus territorios. En efecto, cada estado tiene su legislación al respecto, pero la capital es un centro de irradiación hacia el resto de las entidades federativas, de modo que su aprobación podría tener un efecto en cadena. Una propuesta semejante ha sido presentada en la Asamblea Nacional, aunque la mayoría del PAN la rechazará probablemente.
Carlos María Abascal, secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y secretario de Gobernación en el sexenio pasado, ha insistido en las bases racionales de la postura contra la reforma. En un artículo en la prensa escribía que «la defensa de la vida no es asunto de religión; es una cuestión de libertades, derechos, responsabilidades y democracia. Nadie tiene derecho a decidir la muerte de otra persona». En ese mismo artículo recordaba que «los recientes descubrimientos sobre el genoma humano [revelan que] hay una nueva persona desde la fecundación ( ) a los 18 días de gestación el corazón ya bombea sangre por sus venas; a las cinco semanas aparecen nariz, mejillas y dedos; a las seis semanas tiene esqueleto, riñones, estómago e hígado funcionales; a las siete semanas el cerebro produce sus propias ondas, cuenta con ojos, lengua y labios, y a las diez semanas puede tragar, parpadear y reaccionar a ruidos». (El Universal, 28-03-2007).
El único pronunciamiento del presidente de México, Felipe Calderón, tuvo lugar hace semanas y se posicionó «a favor de la vida», pidiendo a los asambleístas del Distrito Federal que no legislen a favor de una ley divide a la sociedad. Calificó el aborto como un asunto «muy delicado» y pidió que la mayoría en el Congreso local no imponga sus decisiones a quienes viven en la capital. Los legisladores del PRD y del PRI, que son mayoría en la Asamblea Legislativa, han dirigido sus críticas a la Iglesia católica por participar en el debate, ufanándose de «una derrota» de la Iglesia por parte «del Estado laico». De hecho, el partido Alternativa ha denunciado al cardenal Rivera y al portavoz de la arquidiócesis ante la Secretaría de Gobernación, y ésta ha decidido abrir proceso contra ellos por una supuesta violación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por criticar a las instituciones políticas que apoyan la reforma del aborto.
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Artículo elaborado con informaciones de M.ª Elena Melgarejo Lozano desde México.