Aunque el recorte de gastos de altos cargos suponga poco en la reducción del déficit, es una poda saludable y ejemplarizante para gestionar mejor el dinero público.
La urgencia de reducir el déficit público está obligando a los Estados a meter la tijera en los presupuestos. Desde el punto de vista del volumen del recorte, las medidas más decisivas son las que afectan a muchos: la reducción de sueldo de los funcionarios, la congelación de pensiones, el aplazamiento de obras públicas… A la vez, dentro del paquete figuran también medidas más ejemplarizantes que decisivas, pero que revelan con qué desenvoltura los políticos y el sector público gastan el dinero de todos con prodigalidad y, también, en su propio interés.
La habilidad para cargar al erario público los gastos privados quedó bien patente en el escándalo de los parlamentarios británicos destapado por el Daily Telegraph y que aún ha provocado una dimisión en el nuevo gobierno conservador-liberal. Estos políticos, sin distinción de ideologías, presentaban como cantidades gastadas por su residencia en Londres para atender asuntos políticos, gastos privados que solo les beneficiaban a ellos. El fraude reveló la tendencia de los parlamentarios a considerarse una especie de bien público, que debe ser mimado por el Estado a cargo del contribuyente.
Pie a tierra
Como medida ejemplarizante, el nuevo gobierno británico ha decidido reducir los coches oficiales a favor de vehículos de flota, y ha animado a los ministros a usar el transporte público. En la misma línea, los funcionarios dejarán de viajar en clase preferente.
La idea de que los políticos echen pie a tierra empieza a aplicarse también en España, aunque aquí esté más complicada por los problemas de seguridad frente al terrorismo de ETA. Según datos publicados estos días, hay 2.300 coches oficiales a disposición de altos cargos de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas. Por supuesto, vehículos de alta gama, como corresponde a su importante función: el vehículo más demandado es el Audi A8, junto con el Wolkswagen Phaeton, el Lexus-GS, el BMW 735… Con esta clase política tan bien montada es imposible que el sector del automóvil esté en crisis.
Margen hay para reducir la “huella carbónica” de los políticos españoles. En la Comunidad de Madrid, la presidenta Esperanza Aguirre decidió el pasado abril que los 125 coches oficiales se redujeran a 77, que se utilizarán en función de las necesidades de los distintos cargos. El Ayuntamiento de la capital tenía un parque móvil incluso más numeroso: 167 coches oficiales para el alcalde, concejales y directivos, flota que ahora se van a reducir a 57. Solo podrán contar con ellos los que por motivos de seguridad necesiten escolta. En la pole position están los coches del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, dos Audi A8 blindados, en leasing, que están costando 140.000 euros anuales; ahora se plantea cambiar uno de ellos por un híbrido más modesto.
Hacer lo mismo con menos
La crisis ha obligado también a los gobernantes a amortizar puestos que se crearon más por necesidades de colocar a políticos que porque fueran indispensables. Así, en los últimos meses buena parte de las Comunidades Autónomas han reducido el número de departamentos o consejerías, suprimiendo dos o tres, de modo que ahora Cataluña es la de mayor número de consejerías (14), quizá porque allí gobierna un tripartito y hay que contentar a todos, mientras que Madrid ha ido bajando de 15 a 9.
Con frecuencia se dice que estos recortes ejemplarizantes son el chocolate del loro, dado el poco dispendio que suponen en el conjunto de las cuentas públicas. Pero también es verdad que nos están ayudando a ver que en el sector público los loros han proliferado y que se creen con derecho a que les traigan el chocolate de Bruselas.
Una constelación de organismos públicos
Pero, puestos a suprimir, hay otras muchos organismos que han crecido aferrados a las ubres presupuestarias en tiempo de abundancia. En el Reino Unido van a dar un tijeretazo a los entes llamados quangos -agencias financiadas por el gobierno, pero que actúan de modo independiente-, dedicadas a las más heterogéneas tareas, que han proliferado en la época laborista y que en tiempos de crisis no parecen fundamentales. También en España hay en este capítulo mucha tela que cortar, con tantas fundaciones, consorcios y empresas públicas que han ido creando las Comunidades Autónomas, y que a menudo son una fuente de gasto más que de servicios. Según datos facilitados por la Intervención General del Estado, las Comunidades Autónomas tienen 2.181 organismos de este tipo, y su número ha crecido un 15,7% desde 2007. Esta proliferación de entes dependientes se explica muchas veces como un recurso de las Comunidades Autónomas para sacar de la contabilidad general partidas de gasto que se endosan a estos organismos.
También hay otras medidas que podrían estudiarse y que serían más sustanciosas. Por ejemplo, sería un buen momento para replantearse el sentido de las televisiones públicas que funcionan en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, con un presupuesto de 1.700 millones en 2010, cubierto en un 75% con la subvención pública. No son capaces de autofinanciarse, pero casi ningún gobierno regional está dispuesto a renunciar a la suya, pues, por lo general en lo político repiten como loros la voz de su amo.
Un efecto saludable de la crisis puede ser obligar a esa poda necesaria en el sector público que ningún político se atrevía a hacer por el clientelismo, las resistencias sindicales y la confusión entre buena gestión y mayor gasto. Ahora hemos descubierto que también pueden bajar los sueldos de los funcionarios como los de los privados, que en los presupuestos del Estado hay no poca “grasa” que se puede eliminar incluso con beneficio para el cuerpo social y que no hay más derechos adquiridos que los que se pueden pagar.