Guadalajara.— La reforma al poder judicial busca que todos los juzgadores del país sean electos mediante voto popular en el mediano plazo y crea un tribunal de disciplina con facultades de vigilarlos y sancionarlos. La medida ha generado reacciones adversas, pues existe la preocupación de que termine sometiendo al poder judicial a los vaivenes de la política electoral y en última instancia a los intereses del partido político dominante.
A menos de un mes de que termine su mandato, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promulgó una reforma constitucional que revolucionará al poder judicial, pues todos los juzgadores del país, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), serán electos por votación directa de la ciudadanía. La publicación de la reforma se comunicó conjuntamente por AMLO y la nueva presidenta electa Claudia Sheinbaum.
En el contexto político mexicano, donde el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) controla la mayoría de las entidades federativas y domina el Congreso, esta reforma puede significar la completa sumisión del poder judicial al partido y su consecuente politización. Los críticos de esta reforma coinciden en la pérdida que significa para el sistema constitucional de pesos y contrapesos de poder, así como para la especialización del poder judicial. Universidades, Barras de Abogados y Colegios de Empresarios han manifestado públicamente su rechazo de la reforma. Ha habido manifestaciones públicas de estudiantes de Derecho y trabajadores del poder judicial en contra de la reforma en distintas ciudades.
Un problema que viene de lejos
Las implicaciones de esta reforma únicamente pueden comprenderse atendiendo a las particularidades del momento político actual y a la compleja relación que ha tenido AMLO con el poder judicial a lo largo de su carrera política.
AMLO ha tenido diferencias con el poder judicial desde antes de iniciar su primera campaña presidencial para la elección del 2006, cuando, en una acción conjunta que involucró a miembros del poder judicial, fiscalía y actores políticos vinculados con el PRI y el PAN, se inició una campaña de desafuero en su contra por haber desacatado una sentencia sobre un litigio de propiedad cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El caso era muy cuestionable desde un punto de vista jurídico y hoy pocos negarían que se trató de un intento de politización de la justicia.
La Corte Suprema y los jueces federales han ido ampliando sus facultades, con sentencias que deciden asuntos que corresponden a procesos de deliberación democrática
Desde entonces, AMLO ha adoptado la narrativa según la cual el poder judicial está controlado por un grupo de poder vinculado con las élites del PRI y el PAN. En esta lectura, el poder judicial es un instrumento para mantener los privilegios de intereses neoliberales. En las tres campañas presidenciales en las que ha participado, AMLO ha arremetido en contra del poder judicial y ha señalado la necesidad de reformarlo. Durante su gobierno, los enfrentamientos con la SCJN han sido frecuentes, especialmente cuando esta ha declarado la inconstitucionalidad de leyes o políticas públicas, como ha sucedido con el análisis de su propuesta de crear una guardia nacional militarizada, con su regulación de la industria eléctrica, y con su reforma al sistema electoral.
Un proceso expansivo las de facultades judiciales
Al mismo tiempo que esta narrativa ha crecido en sectores de izquierda, debe reconocerse que la SCJN se ha convertido en un actor central de la vida política del país en las últimas décadas, incluso desde gobiernos anteriores. A partir del 2011, la Corte y el Poder Judicial Federal en general han venido gradualmente aumentando sus facultades, involucrándose cada vez más en cuestiones que tradicionalmente se considerarían políticas más que jurídicas, dependientes de procesos de deliberación democrática o del ejercicio de facultades de otros poderes.
Este proceso expansivo se ha argumentado desde una perspectiva de derechos humanos, pero ha sido tan radical que en ocasiones las sentencias parecen excéntricas o demasiado novedosas. Por ejemplo, a raíz de amparos promovidos por particulares, la SCJN ha ordenado al Congreso legalizar el consumo personal de mariguana por considerarlo como un derecho humano. En otra ocasión, ordenó al poder ejecutivo a construir un pabellón entero para pacientes de VIH en un hospital, para respetar el derecho a la salud. En sentencias más recientes se han tomado medidas cautelares suspendiendo la aplicación de leyes y políticas generales —facultad no reconocida en ley—bajo el argumento de que era la única manera de asegurar la efectividad de derechos humanos. Esto sucedió en el análisis de constitucionalidad de la reducción general de salarios a servidores públicos y en análisis de la reforma al sistema electoral.
Además de todo lo anterior, muchas de las cuestiones que son socialmente más controvertidas se han decidido en la Corte, a veces incluso en contra de las opiniones mayoritarias del país, e incluso revocando disposiciones legales que siempre se habían mantenido vigentes. Así lo ha hecho con cuestiones como la legalización total del aborto, cambios de identidad para personas trans, maternidad subrogada o matrimonio homosexual.
Dos lecturas
Esta expansión de facultades admite dos lecturas: los principales críticos de la reforma, la oposición, y el mismo poder judicial actual, la ven como un fenómeno positivo. Para ellos, gracias al valiente protagonismo que ha asumido el poder judicial, México es ahora un país más progresista y comprometido con los derechos humanos. Por una parte, las minorías y los grupos históricamente discriminados pueden ejercer sus derechos con mayor libertad y, por otra, los distintos actores políticos pueden ser confrontados y neutralizados cuando abusan de su poder o cuando actúan en contra de principios implícitos en los derechos humanos.
Sin embargo, algunos sostenemos la opinión de que la doctrina interpretativa asumida por el poder judicial ha contribuido al desgaste gradual de su legitimidad democrática. Aunque puede ser que la expansión de sus facultades se ha hecho con nobles intenciones, dicho proceso ha ignorado la naturaleza de la función jurisdiccional y el delicado balance que debe existir entre los distintos poderes estatales. Esto altera el proceso de toma de decisiones del juez, asemejándolo más a un político, ideólogo o arquitecto social que a un jurista. Por otra parte, la expansión de facultades de la Corte ha seguido una lógica gnóstica o elitista, según la cual los integrantes del poder judicial son los únicos que cuentan con las virtudes y herramientas intelectuales para interpretar adecuadamente los derechos humanos, aun en contra de las leyes y tradiciones del país o de las opiniones mayoritarias. Así, no podemos sorprendernos de que se haya reforzado en el imaginario social la noción del Poder Judicial como una institución ideologizada, politizada, y alejada del pueblo.
La reforma provocará que todos los cargos judiciales dependan de la lógica electoral y, en última instancia, del partido político dominante
Este contexto explica por qué las opiniones sobre la reforma judicial son tan contrastantes y polarizadas, y por qué algunos pocos nos mantenemos en una incómoda posición de rechazo hacia la reforma mientras simpatizamos con algunas de las críticas que se han hecho al poder judicial, pues creemos que la modestia y la prudencia son virtudes esenciales para la correcta impartición de justicia y para las relaciones entre el poder judicial y otras ramas del Estado.
Otra de las principales críticas a la reforma enfatiza que los juzgadores actuales cuentan con altos niveles de especialización, pues, salvo el caso de los ministros de la SCJN, cuyo proceso de designación es político, todos los demás integrantes del poder judicial siguen un proceso de carrera meritocrático y obtienen sus cargos mediante concursos de oposición. En cambio, la reforma provocará que todos los cargos dependan de la lógica electoral y, en última instancia, del partido político dominante.
Riesgos de politización de la justicia
Ahora bien, la reforma prevé algunos mecanismos que aparentemente asegurarían la independencia del poder judicial y un nivel adecuado de especialización. Los candidatos no contendrán con un partido político, sino que se abrirá una convocatoria pública en la que cualquier abogado podrá participar, siempre y cuando cumpla con requisitos de credenciales académicas, práctica profesional y reconocimiento público. En el caso de integrantes de órganos superiores como la SCJN, los participantes pasarán por un primer filtro, en el que comités de evaluación del poder ejecutivo, legislativo y judicial propondrán una lista reducida de candidatos. Después, sigue un segundo filtro, que consiste en un sorteo del cual resultan los candidatos que serán electos por voto popular. En el caso del resto de los jueces, cada uno de los tres poderes postulará dos candidatos.
Los detalles de cómo se llevará a cabo este proceso dependen de legislación secundaria. Sin embargo, el siguiente proceso electoral iniciará antes de que pueda expedirse dicha legislación, y el nuevo mecanismo cuenta con deficiencias graves. El principal problema de la reforma es que no está claro cómo se integrará cada uno de los comités, por lo que parece que será facultad discrecional del presidente nombrar a las cinco personas que integran el comité del ejecutivo, será facultad del Congreso decidir a los cinco integrantes de su comité, y lo mismo con el poder judicial. En un contexto en el que el congreso y la presidencia están dominados por un mismo partido, nada impediría que se siga un criterio meramente político en lugar de uno técnico especializado, por lo que no se puede asegurar la independencia de los candidatos. Existe un riesgo enorme de que los candidatos finales estén vinculados a MORENA en lugar de perseguir una lógica estrictamente meritocrática.
Los Congresos locales podrían atenuar los defectos de la reforma judicial al fijar los procedimientos para su aploicación
Además, la reforma prevé también la creación de nuevos organismos que adquirirán gran importancia, como el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial, que tendrá facultades amplias para sancionar, suspender e inhabilitar a jueces y magistrados mediante investigaciones que se pueden abrir de oficio o por denuncia. Los integrantes de dicho tribunal se elegirán también por voto popular siguiendo el mismo procedimiento que para los demás juzgadores. Tal y como se encuentra el sistema, hay temor de que los integrantes del Tribunal de Justicia actúen como un mecanismo de presión y control de los miembros del poder judicial.
Problemas por resolver
La reforma sin duda representa una pérdida de la tradición meritocrática que había tomado décadas construir en el sistema de carrera judicial. Sin embargo, la legislación secundaria podría atenuar este problema si pone más atención en la composición de los comités de los tres poderes y en su mecanismo de toma de decisiones. Por ejemplo, los comités podrían integrarse de forma plural, o exclusivamente por especialistas que no estén afiliados a ningún partido político ni se encuentren ejerciendo funciones de gobierno. Más aún, se podría agregar el requisito de que sus decisiones se tomen por unanimidad o por mayoría calificada. El primer filtro para decidir la lista de candidatos podría depender de un criterio meritocrático independiente, como un concurso público de oposición, o algún mecanismo similar.
Ahora bien, en el momento actual la legislación secundaria dependerá completamente de la buena voluntad de los legisladores de MORENA, que cuentan con mayoría suficiente para legislar sin necesidad de negociar con la oposición. Sin embargo, no sucede lo mismo en los Congresos locales, en los cuales hay un poco más de pluralidad. Si las leyes secundarias a nivel local se elaboran correctamente, hay esperanza de tener un sistema de elección que equilibre una lógica democrática en la elección final de juzgadores con una lógica meritocrática e independiente al momento de definir las listas de candidatos. Esto incluso podría ser positivo, pues desde hace mucho tiempo se ha alertado que la justicia local en México es uno de los eslabones más débiles de nuestro Estado de Derecho.
En balance, una reforma de esta naturaleza en el momento actual no es una buena noticia, pues el riesgo de que se politice la justicia es muy grande. Sin embargo, la reforma es una buena ocasión para analizar de modo crítico por qué el poder judicial no logró legitimarse democráticamente frente a la sociedad mexicana, y qué papel ha jugado la oposición en este proceso. La reforma es una realidad, lo que nos toca ahora es pensar en cómo lograr que su implementación no desgaste más la impartición de justicia, y albergar la esperanza de que al menos en el nivel local pueda haber mejoras.