Distintos comentarios a las sentencias del Tribunal Supremo de EE.UU. sobre el matrimonio homosexual coinciden en anunciar nuevas y más numerosas batallas judiciales.
Actualizado el 4 de julio de 2013
“El Tribunal [Supremo] ha rehusado ‘descubrir’ un derecho constitucional al matrimonio homosexual”, dicen en The Public Discourse Sherif Girgis, Ryan T. Anderson y Robert P. George, autores del libro What is Marriage? Man and Woman: a Defense. Por tanto, “los ciudadanos y los representantes elegidos por ellos quedan libres para discutir, debatir y votar sobre política matrimonial en los cincuenta estados”. Pero ¿realmente les van a dejar decidir los jueces?, se pregunta The Wall Street Journal.
Según la lógica de la sentencia, también la ‘discriminación’ legal contra las uniones de más de dos miembros revelaría un ‘puro deseo de perjudicar’ a los que prefieren tales uniones
Conflictos e incongruencias
Los partidarios del matrimonio gay, cuenta The New York Times, aspiran a que, cuando se haya extendido a más estados y la mayoría a favor se haga más amplia, “un futuro Tribunal Supremo dictamine que el matrimonio es un derecho de gais y lesbianas”. Evan Wolfson, fundador de Freedom to Marry, cree que será “cuestión de años, no décadas”. Fred Sainz, vicepresidente de Human Rights Campaign, prevé que acabará imponiéndose la legalización del matrimonio homosexual para todo el país ante los conflictos e incongruencias que surgirán por no estar reconocido en todos los estados, y con el impulso de una opinión pública cada vez más favorable.
Pero conviene precisar que en esta discusión, la opinión pública no equivale a la opinión publicada, y el impulso viene más de los medios de comunicación que del público mismo. Lo muestra un informe del Pew Research Institute, que estudió las noticias o comentarios sobre el tema aparecidos en los principales medios norteamericanos y en Twitter durante las semanas inmediatamente anteriores y posteriores a las vistas preliminares del Supremo (18 de marzo al 12 de abril).
Prescindiendo de las piezas periodísticas que el estudio denomina neutrales (se mezclan argumentos a favor y en contra en una proporción no demasiado significativa hacia una u otra posición), por cada artículo en contra del matrimonio homosexual se publicaron cinco a favor. En cambio, según una encuesta reciente del propio Pew, la aprobación entre la población general es mucho más ajustada: 51% contra 42%. Los comentarios publicados en Twitter durante esas ocho semanas reflejaron con más fidelidad el sentir común, con un 31% a favor y un 28% en contra.
Federalismo hueco
En cuanto a las decisiones del Supremo, el Wall Street Journal señala –al igual que Girgis y sus colegas, y otros comentaristas– que la sentencia que anula el art. 3 de la DOMA es confusa: tanto, que “ha inspirado un insólito debate entre los magistrados de la minoría sobre qué significa”. El texto hace “una confusa mezcla… de principios federalistas y un discurso sobre igualdad”. En efecto, en su voto particular, el juez Roberts sostiene que la mayoría llega a una conclusión errónea pero le concede que se basa en el federalismo; otro de la minoría, Scalia, contradice la opinión de Roberts y afirma que en el fallo, la invocación al federalismo es hueca, pues la decisión se funda en una interpretación de la cláusula de igualdad.
Partidarios o contrarios del matrimonio homosexual, creen que las decisiones del Supremo abren la puerta a más litigios
Scalia subraya que, pese a la proclama federalista, la sentencia sobre la DOMA da munición para combatir en los tribunales las leyes de los estados donde no hay matrimonio homosexual. Lo mismo opina Nelson Lund, especialista en Derecho constitucional en la Universidad George Mason: el fallo “contiene muchos pasajes que serán muy útiles para los que recurran contra las leyes estatales que restringen el matrimonio a las parejas heterosexuales”, declara al New York Times.
Matrimonio conyugal vs. matrimonio consensual
No está tan claro, pues, que el Supremo dé, en la práctica, vía libre al debate en torno a dos concepciones del matrimonio (“conyugal” y “consensual” los llama el juez Alito en su voto particular), porque la sentencia no es neutral. El argumento para anular el art. 3 de la DOMA (a efectos de la ley federal, solo es matrimonio el de hombre y mujer) es que el precepto no obedece a ningún interés público y tiene por único propósito y efecto el “puro… deseo de perjudicar a un grupo”. La idea se repite varias veces en el fallo, y ha llamado la atención por el juicio de intenciones que hace a los parlamentarios que aprobaron la DOMA.
La sentencia es tan confusa que ha inspirado un insólito debate entre los magistrados de la minoría sobre qué significa
Comentan Girgis y los otros: “Si los jueces se hubieran tomado la molestia de exponer las razones de los defensores del matrimonio conyugal con sus propios términos, habría resultado evidente que no son unos fanáticos”.
En su voto particular, Scalia menciona algunos intereses públicos que pretende proteger el art. 3 de la DOMA. Uno es evitar los conflictos legales que se producirían si no hay una definición de matrimonio para aplicar las normas federales. Por ejemplo, una pareja homosexual se casa en Nueva York (donde hay matrimonio gay) y luego se muda a Alabama (donde no lo hay); cuando presente la declaración de la renta al fisco federal, ¿qué ley estatal se tiene en cuenta para determinar si pueden hacerlo conjuntamente? De este problema se hace eco el Wall Street Journal.
La DOMA, añade Scalia, también evita que la legislación federal sufra cambios automáticos, sin intervención del Congreso, cuando un estado cambie sus leyes matrimoniales. Según Anderson, en declaraciones al New York Times, “la DOMA no impone a los estados una definición uniforme de matrimonio, y los estados no deberían poder imponer al gobierno federal sus distintas definiciones de matrimonio”.
El Tribunal Supremo ha rehusado ‘descubrir’ un derecho constitucional al matrimonio homosexual, pero le ha dado munición para combatir en los tribunales a su favor
Girgis y sus colegas anotan que la mayoría del Supremo tampoco ha pensado los puntos débiles de su sanción del matrimonio “consensual”. “Esta idea de relación de base emocional supone que madres y padres son intercambiables. Priva de sentido a otras normas del matrimonio, pues es incapaz de justificar los límites de estabilidad, exclusividad o monogamia. Según esta lógica, también la ‘discriminación’ legal contra las uniones de más de dos miembros revelaría un ‘puro deseo de perjudicar’ a los que prefieren tales uniones”.
Dos referendos no bastan
También se ha comentado la sentencia sobre la Proposición 8 de California, que de hecho la anula al rechazar el recurso por un motivo formal: falta de legitimidad de los recurrentes, que eran los promotores del referéndum, ante la retirada del gobierno del estado. Esa enmienda a la Constitución de California representa una larga lucha de los electores contra jueces y políticos empeñados en aprobar el matrimonio gay (ver Aceprensa, 8-02-2012). La voluntad de la mayoría, expresada en dos plebiscitos (2000 y 2008), ha quedado definitivamente anulada.
El fallo del Supremo significa, dice el Wall Street Journal, que “un gobernador podría frustrar la voluntad de los electores si busca jueces propicios y luego rehúsa responder en un recurso”. Esto, dice Anderson en el New York Times, “permite al poder ejecutivo vetar de hecho leyes legítimamente promulgadas”.
Más batallas judiciales a la vista
Prácticamente todos, partidarios o contrarios del matrimonio homosexual, creen que las decisiones del Supremo abren la puerta a más litigios. Anderson prevé “recursos contra las enmiendas constitucionales de otros estados y contra el art. 2 de la DOMA”. Lo mismo cree el Wall Street Journal. También Brian Moulton, de Human Rights Campaign, opina que habrá “más litigios contra las prohibiciones del matrimonio [homosexual], con argumentos que invocarán la Constitución federal, y alguno de ellos puede llegar al Supremo dentro de unos años”.
El debate continuará en los estados, o quizá más bien en los tribunales.